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Diego Palacio, exministro de Protección Social en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

CORRUPCIÓN

Diego Palacio habría aceptado cohecho ante la JEP

El exministro de Protección Social en la era Uribe confesó que se entregaron dádivas para garantizar la reelección presidencial.

4 de abril de 2017 Por: Colprensa/  El País

El Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Néstor Raúl Correa, confirmó que recibió una derecho de petición del exministro de Salud Diego Palacio, poniendo su nombre a consideración para el ingreso a la JEP.

Palacio fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por ofrecer dádivas para lograr la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe.


“El exministro Diego Palacio nos remitió un derecho de petición. Para nosotros fue un tema difícil. Leímos el derecho de petición y allí se decía que el Gobierno de entonces tenía un enfrentamiento intenso con la guerrilla y que, acabado el periodo presidencial, era necesario mantener la intensidad en el combate para garantizar la terminación del conflicto, y para garantizar esa continuidad era necesario reelegir al Presidente, y para reelegirlo fue que se incurrió en el delito de cohecho por ofrecer notarías, con el fin de obtener la reelección y ganar la guerra”, aseguró Correa.

El Secretario Ejecutivo de la JEP añadió que se decidió remitir la petición a los jueces por no ser una instancia para decidir de fondo. “Yo asumo la responsabilidad y decidí que había lugar a remitir, a suscribir el acta”, dijo, por lo que será un juez quien defina si le otorga la libertad o no y si tiene derecho a acceder a esta Jurisdicción.

Ante las preguntas de los periodistas, Correa señaló que la Secretaría no tiene competencias judiciales para decretar pruebas o traer justicia para establecer si hechos como la denominada ‘Yidispolitica’ tiene relación o no con el conflicto.

“La Ley aquí es que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a la Jurisdicción y que los jueces y magistrados van a tener la oportunidad de ejercer controles judiciales para establecer si este caso específico guarda relación con el conflicto”, dijo Correa al señalar que esa decisión que se tome podrá ser apelada.

La carta de Palacio

Tras conocerse esta declaración, se conoció la carta completa en la libertad transitoria condicionada y anticipada que permite la Ley de Amnistía con el fin de acogerse "al tratamiento penal especial, diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultáneo" que esa norma dispone.

En la carta de 20 páginas en la que Palacio señala la condena dictada en su contra por la Corte Suprema de Justicia, asegura que el delito a él endilgado se dio para lograr la reelección presidencial.

“Así como la razón motivadora de la conducta punible a mí endilgada, según la Corte Suprema, fue permitir la reforma al régimen constitucional vigente, la principal motivación para reelegir al Gobierno del presidente Álvaro Uribe fue darle continuidad a su política de Seguridad Democrática, eje central de la plataforma 2006-2010, para con ello consolidar la estrategia que se creía exitosa en combatir los grupos al margen de la ley y el flagelo del narcotráfico”, dice la misiva.

La Secretaría de la JEP, igualmente, reseñó en un comunicado de prensa dichas afirmaciones, ya de manera textual y no interpretadas.

Por otro lado, Correa explicó que de un listado de 2102 guerrilleros de las Farc ya 1345 han firmado las actas de compromiso de sometimiento a esta justicia especial.

Igualmente, de un listado de 817 agentes del Estado, 347 han hecho la firma de las actas. Correa explicó que, en todo caso, la libertad de los militares está en manos de los jueces de Ejecución de Penas.

Correa explicó que en estos casos, el Ministerio de Defensa empezó con remitirles nombres de personas ya condenadas, por lo que es más fácil verificar si el delito que cometieron está o no relacionado con el conflicto.

Correa explicó que se está verificando caso por caso y que ya se estudiaron 75. De estos, doce fueron devueltos al Ministerio para que complemente la información y el resto fue pasado a los jueces quienes tendrán la última palabra.

De estos 75, la mayoría son 54 soldados, hay seis suboficiales y quince oficiales. “Entre los oficiales está el general (Jesús) Arias Cabrales y (Jaime) Uscategui”, confirmó Correa.

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