En dos semanas se sabrá si la suspensión de Useche es temporal o definitiva

El Consejo de Estado emitirá en quince días un fallo sobre la situación de Héctor Fabio Useche. La alta corte advirtió en Cali sobre el impacto a la reforma a la justicia.

En dos semanas el Consejo de Estado definirá si la suspensión del saliente gobernador del Valle Héctor Fabio Useche es temporal o absoluta, en respuesta a la solicitud hecha por el Gobierno Nacional. Así lo manifestó este viernes en Cali el presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, quien participó del Quinto Encuentro de Derecho Público, organizado por la Fundación Tribuna Jurídica en el Hotel Intercontinental. “Estamos frente a una consulta que tiene una característica esencial, y es que es de reserva. La reserva solamente la puede levantar el Gobierno Nacional, que fue quien hizo la consulta”, aseguró el magistrado Gómez.El Presidente del Consejo de Estado aclaró que como no hay mucha congestión en la citada Sala, en dos semanas el Gobierno podría ya tener ese concepto.El pasado 30 de marzo, el ministro del Interior, Germán Lleras, aseguró que el Gobierno Nacional solicitaría a la Sala de Consulta del Consejo de Estado un concepto para que aclare el tipo de inhabilidad que generaría la sanción fiscal que le impuso la Contraloría a Héctor Fabio Useche. Con esa decisión, el Gobierno busca determinar si la ausencia en el cargo es absoluta o temporal, para definir así el camino a seguir a futuro y si se ha de convocar o no a elecciones.Advierte sobre el impacto de la Reforma a la JusticiaEl magistrado Gómez Aranguren advirtió que algunos temas contemplados en el proyecto de Reforma a la Justicia podrían “impactar negativamente” en el país.El Presidente de esa corporación calificó como “grave” que en el Congreso se insista en modificar el Artículo 116 de la Constitución, que le entregaría a particulares, notarios y centros de arbitrajes el manejo de la Justicia, con el fin de ayudar a su descongestión.El magistrado Gómez explicó que no ve necesario que se tenga que modificar la Constitución cuando históricamente el presupuesto que se le ha destinado a la Rama de la Justicia en el país no ha sido suficiente, tras indicar que su valor no alcanza el 0.50% del PIB.“Me pregunto, para qué reforman la Constitución si el problema es que el país y la sociedad colombiana tiene que invertir en su sistema de Justicia para preservarlo”, sostuvo.El Presidente del Consejo de Estado se mostró preocupado por tantos procesos judiciales represados, de los que dijo hay tres millones, en la justicia ordinaria, y 250.000, en lo contencioso administrativo, pero fue claro en que delegar el manejo de la Justicia a particulares no podría ser una salida.“Se pone en peligro la institucionalidad y se desequilibria la paz pública y las instituciones empiezan a sufrir. No es un problema de jueces, sino de la sociedad colombiana. Yo advierto a la sociedad colombiana, que uno de los valores de su convivencia y de su orden jurídico, es un sistema de Justicia digno, profesional. Por lo tanto, cualquier determinación que implique tocar la carta política y afecte el sistema de justicia, no para fortalecerlo, pone en riesgo la supervivencia de la sociedad colombiana”, dijo el magistrado.El Presidente del Consejo de Estado también se refirió a la investigación fiscal de los aforados, luego de que la Sala de Conjueces del Consejo Superior de la Judicatura determinara que la Contraloría General de la República no tiene competencias para investigar fiscalmente a estos funcionarios.Sobre ese tema, dijo que “la función de la Contralora es una función de control fiscal. Los aforados, de acuerdo a la carta vigente, tienen fuero frente a los asuntos disciplinario y penal. La Contraloría General de la República tiene en su función principal en proteger los recursos públicos, estén dentro de quien estén, los maneje quien los maneje y un principio de derecho público”.