Radican correcciones a la JEP, con aclaración sobre participación política de las Farc

Este martes fue radicado ante la Secretaría General del Senado la segunda versión de la ley estatutaria que crea la Justicia Especial para la Paz, con algunos cambios que había propuesto la Fiscalía y otros, las Farc.

Este miércoles el Senado iniciará su debate en plenaria.

La nueva versión de la ponencia incluye aclaraciones en las restricciones a la participación en política a los miembros de las Farc y a otros actores del conflicto, hasta que estos no hayan cumplido con sanciones interpuestas por los tribunales de paz.

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"El ejercicio de derechos políticos de quienes resulten elegidos a cargos de elección popular no podrá, en ningún momento, limitar el cumplimiento del componente restaurativo de las sanciones u otras obligaciones que deriven de su participación en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ni afectar el deber de aportar verdad plena en los términos del Acto Legislativo 01 de 2017", cita el artículo 31 de la ley estatutaria.

Y agrega: "En todo caso, será incompatible el desempeño de un cargo de elección popular con el cumplimiento de las sanciones alternativas y ordinarias impuestas por el Tribunal Especial para La Paz".

Mientras tanto, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que el ente acusador continúa investigando los delitos de lesa humanidad que hayan cometido los jefes del grupo desmovilizado de las Farc, mientras empieza a regir la Justicia Especial para la Paz (JEP).

El ente acusador data de un caso puntual, y es el de Seuxipaicias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, miembro del estado mayor del grupo hoy desmovilizado.

De acuerdo con las investigaciones, Santrich es investigado por la Fiscalía por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio agravado y utilización de métodos y medios de guerra ilícitos.

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Estos actos los habría cometido Jesús Santrich durante los años 2012 y 2013, mientras fungía como militante del desmovilizado grupo al margen de la ley.

Todas estas precisiones las hizo el jefe del ente acusador al revelar que las amnistías otorgadas a los jefes del grupo guerrillero no cobijan los delitos de lesa humanidad.

“En consecuencia, toda autoría que les quepa en esos crímenes internacionales y de lesa humanidad no han sido objeto de ningún beneficio por parte del Estado colombiano”, dijo.

El fiscal argumentó que mientras empieza a regir la JEP, el ente acusador está en la obligación de continuar con las investigaciones, para determinar culpabilidad en los hechos que dejó el conflicto armado en el país.

“Se tiene que seguir practicando testimonios, interrogatorios, entrevistas y recolectando pruebas o de los contrario lo que se presentaría en Colombia sería una pérdida de jurisdicción sobre esos graves delitos y eso sería causal de intervención de la Corte Penal Internacional”, precisó el fiscal.