Participación política de las Farc, un tema que revivirá en la mesa de diálogos

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Reglamentación del Marco Jurídico para la Paz y posibilidad de que desmovilizados acusados por delitos graves hagan proselitismo abre debate.

Participación política de las Farc, un tema que revivirá en la mesa de diálogos

Julio 05, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Lorena Beltrán | Colprensa.
Participación política de las Farc, un tema que revivirá en la mesa de diálogos

Reglamentación del Marco Jurídico para la Paz y posibilidad de que desmovilizados acusados por delitos graves hagan proselitismo abre debate.

Después de más de 25 años de la firma de la paz entre el Gobierno de Virgilio Barco y la guerrilla del M-19, el país vuelve a debatir, desde orillas opuestas, la posibilidad de que desmovilizados de un eventual acuerdo con las Farc lleguen a hacer política. Lea también: "El proceso de paz durará poco, para bien o para mal": Humberto de la Calle. Pese a tener ya firmado un acuerdo parcial sobre participación política, el tema será un ingrediente más a dirimir en la mesa y en el Congreso de la República, pues mientras la guerrilla busca más herramientas para convertirse en un partido político fuerte, crece la oposición de quienes insisten en la necesidad de refrendar el eventual acuerdo final de paz.  Fue este miércoles, durante su visita a Pereira, que el presidente Juan Manuel Santos revivió el tema, al considerar que además de definir una justicia transicional, se requerirá una reforma constitucional que permita, en algún momento, modificar el marco jurídico para la paz, con el fin de lograr la participación política de guerrilleros acusados por delitos de la mayor gravedad.  Si bien en el marco jurídico no se contempla la participación política para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, el ritmo de la negociación podría cambiar dicha condición, pues en opinión del propio ministro del Interior, Juan Fernando Cristo “pensar en un proceso de paz sin participación en política no tiene ningún sentido”.  ¿Hasta dónde llegará esa participación?, ¿cuáles serán sus límites y en qué momento se dará? son preguntas que deberá responder una ley estatutaria que apruebe el Congreso.  Este punto sugiere muchos inconvenientes, pues de acuerdo con una encuesta realizada en noviembre pasado a 211 congresistas por la Misión de Observación Electoral (MOE), la USAID y la Embajada de Suecia, hay gran disenso en torno a la participación política.  El documento revela que el 42 % de los parlamentarios está en desacuerdo con la participación política de las Farc luego de firmados los acuerdos, cuando podrían pasar de la selva o de la mesa de diálogos, a acompañarlos en el Capitolio.  ¿Cuál será el mecanismo? Para que un insurgente abandone las armas y haga política por las vías democráticas, impera la necesidad de redefinir el delito político, pues según ha advertido el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, en el país los delitos conexos son cada vez más limitados.  De acuerdo con el Código Penal, ese tipo de delito se limita a la rebelión, la sedición y la asonada; por tanto, quien incurra en dichas acciones puede recibir beneficios jurídicos amparados en la Carta Magna.  Son precisamente esos mecanismos los que permitieron a desmovilizados del M-19, el EPL y el Quintín Lame, participar en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente tras la dejación de armas.  Sin embargo esa flexibilidad jurídica cambió cuando el país decidió acogerse a las normas de la Corte Penal Internacional (CPI) y al Estatuto de Roma, con el compromiso de investigar y condenar todos los delitos de lesa humanidad; lo que supuso que los crímenes contemplados en  leyes internacionales dejaron de ser conexos con el delito político.  Para el constituyente y excandidato presidencial por el Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo, el marco jurídico y su reglamentación generará corto circuito en la mesa, pues mientras a la guerrilla le preocupa deshacerse de la “maleza jurídica”, el Gobierno busca satisfacer a víctimas y a la opinión pública.  “El problema no radica en la modificación del marco sino en conseguir en la mesa de conversaciones capacidad sancionatoria del Estado y que se atengan a normas de justicia que si bien deben ser transicionales, respondan al necesario equilibrio que debe buscarse entre la justicia y la paz”, dijo Trujillo.  Una posición similar asume la dirigente conservadora Marta Lucía Ramírez, quien argumenta que no se puede ajustar la Constitución “con versiones cortoplacistas”, sino con reformas que signifiquen profundos cambios en la estructura política del país.  “La entrada de las Farc a hacer política debe preverse para gente que esté en mandos medios hacia abajo, porque los principales responsables de crímenes de lesa humanidad no deben participar en política, hasta tanto hayan pagado sus penas y asumido su compromiso con la justicia. Sería una bofetada seguir cediendo a las Farc”, dijo la excandidata presidencial.  Por el contrario, para el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, tiene que haber una reforma constitucional, pero previa a ella debe haber un acuerdo en La Habana y, como ocurrió con el M-19, la voluntad de abandonar las armas. Incluso, señala que el referendo para darle atribuciones extraordinarias al Presidente de la República en materia de justicia transicional debe ser considerado.  De acuerdo con González, otorgarle al Jefe de Estado el poder de adoptar medidas de aplicación del Marco Constitucional para la Paz por la vía de decretos legislativos, resultaría ágil, ya que sería él y no el Congreso, quien garantice la celeridad en la institucionalización de los acuerdos con la insurgencia.  Pese a las críticas del procurador general, Alejandro Ordóñez, en este tema, la propuesta ha logrado mayor consenso en sectores políticos, al señalar que el proceso llegó a un punto en el que se dificulta avanzar con los instrumentos jurídicos que existen.  Los sapos de la participación  políticaAdemás de la delimitación del delito político y de un eventual referendo en las elecciones de octubre próximo, para que se conozca el pronunciamiento popular a favor de encontrar mecanismos que aceleren los diálogos, informaciones apuntan a que en dichos comicios las Farc ya estarían buscando espacios políticos.  Denuncias en distintas regiones del país indican que entre aspirantes que no cuentan con  el aval de un movimiento o partido político y que han optado por crear su propio grupo significativo de ciudadanos, con firmas, hay candidatos que representan a la insurgencia, sobre todo  en regiones apartadas.  Vencido el plazo para la inscripción de los comités de grupos significativos de ciudadanos, la Registraduría reportó un total de 810 comités de este tipo que buscan participar en las elecciones de octubre. De ese total, 30 corresponden a aspirantes a gobernaciones; 401 son para alcaldías municipales; 6  buscan inscribir listas a las asambleas departamentales; 289 para concejos municipales y 84 para Juntas Administradoras Locales.  Si bien aún no se publican listas con los aspirantes, la mayoría de los comités se encuentran en las zonas más afectadas por el conflicto, siendo las regiones del país con el mayor número de comités registrados el Valle del Cauca (102 inscripciones), seguido de Antioquia (95 registros), Cundinamarca y Bogotá (69 comités inscritos en cada uno). Marta Lucía Ramírez también  denunció que ha recibido información sobre “zonas donde están empezando a amenazar las campañas de los contrarios de las Farc, a candidatos conservadores o del Centro Democrático”.  Ante este panorama, aún prematuro para buscar respaldo en las urnas, las Farc tendrán que cambiar su posición en La Habana, pues está más que dicho que al aumentar las acciones terroristas, cae la confianza de quienes refrendarán un eventual acuerdo final de paz.  Además, no es en Bogotá, Cali  o Medellín, sino en los municipios lejanos de Caquetá, Antioquia o Meta, donde comunidades enteras han quedado sin electricidad o sin agua. En ellas tendrá que pensar la insurgencia a la hora de iniciar su nueva actividad política y tras 50 años de acciones bélicas, transformar la relación  impulsada por armas a palabras.  El reto será no solo pedir garantías para el ejercicio político, sino materializar desde el ámbito jurídico una premisa que ha tenido clara la Mesa en Cuba: todo proceso de paz implica algún nivel de impunidad.

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