¿Por qué el expresidente Uribe tiene que ir, nuevamente, a juicio?

Por: Eduardo Bonces, director de la operación digital de El País

La Fiscalía General de la Nación anunció, en la tarde de este martes, que un fiscal radicó un escrito de acusación contra el expresidente Uribe por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Lo que implica que un juez de la República deberá decidir su suerte y si tuvo responsabilidad en los hechos por los que se le investiga. El juicio, según la Fiscalía, se adelanta en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao de Bogotá.

Para entender esta decisión hay que remontarse hasta el año 2014, en el cual Uribe denunciaba al entonces senador Iván Cepeda por, supuestamente, ir a las cárceles donde estaban presos los paramilitares quienes habían participado en el proceso de Justicia y Paz, a buscar testimonios que permitieran inculpar al expresidente. Uribe denunció esto ante la Corte Suprema de Justicia que inició una investigación para determinar la responsabilidad del senador de izquierda.

Sin embargo, todo dio un giro cuando cuatro años después, en 2018, exactamente el 26 de julio de ese año, Uribe anunciaba su renuncia al Senado para asumir una investigación ante la Corte Suprema de Justicia que decidió cerrar la investigación contra el denunciado (Iván Cepeda) y abrirla contra el denunciante, (Álvaro Uribe). Esta renuncia, que nunca se hizo efectiva, llevaría a que el juicio pasara a manos de la Fiscalía General de la Nación, pues el entonces expresidente, y a partir de ese momento exsenador, perdía el fuero que permitía a la Corte investigarlo. Sin embargo, Álvaro Uribe no renunció y echó para atrás su decisión, quedándose en el Senado de la República.

Según la Corte la apertura formal de investigación se adelantaba pues, “personas allegadas al expresidente Uribe, al parecer con su consentimiento, habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos, por lo que el alto tribunal habría determinado que existen elementos para su investigación”.

El juicio tomó relevancia con una declaración del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve quien aseguraba haber sido coaccionado por el entonces abogado del expresidente, Diego Cadena, y por una persona presa en ese momento, Enrique Pardo Hasche, para que cambiara su testimonio y este pudiera ser adjuntado como prueba ante la Corte Suprema de Justicia en febrero de ese año.

Dos años más tarde, la Corte Suprema de Justicia ordenaría la prisión domiciliaria del expresidente Uribe, momento en el cual el entonces senador de la República sí renunció a su fuero, pasando el caso, esta vez sí, a manos de la fiscalía entonces en cabeza de Francisco Barbosa.

“La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”, dijo el alto tribunal en su momento.

Según la Corte, la decisión se tomó por presuntos riesgos de obstruir a la justicia en la recolección de pruebas. En ese momento no solo era investigado Uribe, también era investigado el exrepresentante Álvaro Hernán Prada, hoy magistrado del CNE. Según la Corte, en los hechos investigados, Prada habría hecho contacto con un exparamilitar identificado como alias ‘Caliche’ para que refiriera a Monsalve que un tipo “muy grande” lo estaba buscando. Esta persona, según la investigación, sería el exrepresentante quien también estaría, según el expediente, buscando la retractación del testigo contra Uribe.

La investigación contra Prada la sigue adelantando la Corte Suprema de Justicia, pues los hechos investigados, según el tribunal, tienen relación con su cargo de Congresista en ese momento.

Otro implicado

El abogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, se encuentra en juicio por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, ya fue sancionado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que le retiró su tarjeta profesional por 34 meses al considerar que el abogado habría sobornado, y hasta pagado una trabajadora sexual para Carlos Enrique Vélez, para lograr un testimonio en favor de Álvaro Uribe.

“Se empezaron a realizar pagos mediante giros a su entorno familiar y personal y que las cartas contenían falsedades”, señala la decisión de 39 páginas. “Si Carlos Enrique Vélez nunca ha visto personalmente a Iván Cepeda, el contenido común de las cartas, en lo relativo a una reunión con el congresista en la cárcel La Picota, no pudo haber ocurrido, y mucho menos las supuestas promesas de beneficios por declarar contra los hermanos Uribe Vélez”, dice un aparte del fallo.

La continuación del proceso contra Uribe

Por ahora, el expresidente tendrá que esperar el sorteo para que el juzgado tome su caso. Los abogados nuevamente tendrán que alistar sus argumentos para comprobar la tesis de que Uribe es inocente, en el caso de su defensa, o que es culpable, el caso de la Fiscalía. La última palabra la tendrá un juez de la República.