Caso de Odebrecht: Fiscalía imputa a excontratista de la ANI por Ruta del Sol 2

Este jueves, 12 de octubre, un fiscal del Grupo de Tareas de Especiales para el caso Odebrecht presentó ante un juez de control de garantías a Harbey José Carrascal Quintero, excontratista de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que estaría involucrado en las irregularidades detectadas en el trámite de dos adiciones al contrato ‘Ruta del Sol II’.

“Carrascal Quintero, abogado experto en derecho comercial, trabajó en la Gerencia de Gestión Contractual entre 2008 y 2016. En cumplimiento de sus obligaciones proyectó el concepto jurídico que soportó la expedición del otrosí N°3, el cual autorizó la realización de los estudios y diseños del tramo Ocaña – Gamarra; y participó en la configuración del otrosí N°9, que modificó la fórmula mensual para el cálculo de los traslados de los aportes INCO a la cuenta de aportes concesionaria”, expresó el comunicado de la Fiscalía.

Asimismo, la Fiscalía resaltó que el material de prueba da cuenta que habría participado en el diseño del marco jurídico y contractual del proceso de licitación del contrato N°001 de 2010 ‘Ruta del Sol II’.

Según la Fiscalía, Carrascal tenía conocimiento pleno de su estructuración; y participó en las referidas adiciones sin tener en cuenta principios esenciales de la contratación pública como transparencia, planeación y responsabilidad. Así, habría favorecido los intereses de la concesionaria de la cual hacía parte la constructora brasileña Odebrecht.

Por lo anterior, la Fiscalía imputó a Harbey José Carrascal Quintero los delitos de contrato sin cumplimientos de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.

Vale la pena mencionar que los cargos no fueron aceptados.

Otras imputaciones a exdirectivos de la ANI

Otros tres exdirectivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación en medio del escándalo de corrupción por las coimas entregadas por la multinacional brasileña Odebrecht.

En esta ocasión, se trata de tres personas que habrían participado en las adiciones irregulares que, a través de varios otrosíes, se hicieron a la Ruta del Sol 2. A los tres se les imputó el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Los imputados son Camilo Mendoza Rozo, exvicepresidente de Gestión Contractual de la ANI; José Andrés Torres Rodríguez, exgerente de Proyectos, y Héctor Jaime Pinilla Ortiz, exvicepresidente jurídico de la entidad.

“Estas personas habrían tramitado y permitido la aprobación de manera irregular de los otrosíes 1, 2, 4, 5 y 8 del contrato de concesión 001 de 2010, ‘Ruta del Sol II’”, señaló la Fiscalía, cuyas pruebas habrían dado cuenta de que los exdirectivos “formularon, avalaron y firmaron estudios de conveniencia, actas de comité de contratación, entre otras actuaciones que les dieron viabilidad a las adiciones hechas al proyecto vial”.

El ente acusador subrayó que, al adicionar los otrosíes, los exdirectivos modificaron las condiciones financieras en favor del concesionario, en el que Odebrecht era parte mayoritaria. Esas modificaciones se realizaron excluyendo estudios “serios y completos” que hubiesen ofrecido una mejor visión frente a las irregularidades de las adiciones.

La investigación de la Fiscalía, según la imputación, resaltó “que una de las adiciones aprobó la disminución de la huella asfáltica, lo que redujo la calidad de la obra y disminuyó los costos de construcción en favor del contratista”.

Por si fuera poco, el ente investigador dijo que los exdirectivos autorizaron pagos por trayectos sin finalizar, giros anticipados, ampliaciones de plazos y ajustes de cronogramas de obras. Por último, “fueron omitidas la sanciones por demoras o ausencia de licencias ambientales”, manifestó la Fiscalía.

De acuerdo con la entidad persecutora, los imputados adicionaron “la construcción de la intersección de Puerto Boyacá que no tenía relación con el contrato original, y se comprometieron recursos y vigencias futuras sin autorización del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) y del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS)”.

*Con información de Colprensa.