Protección obligatoria para Tuluá

La sombra del terrorismo continúa acechando a Tuluá, y aunque son incesantes los llamados que se han hecho al Gobierno Nacional y a las autoridades, la respuesta aún no es la que se espera.

Además de los ciudadanos, quienes han tenido que afrontar, en mayor medida, la violencia del municipio, han sido los funcionarios públicos las víctimas de los grupos criminales: en lo que va corrido del año, cuatro servidores han sido asesinados a manos de la delincuencia.

Pero lo que más preocupa a la ciudadanía es la creciente ola de amenazas que enfrentan los concejales del municipio. Por ello, han alertado a la Unidad Nacional de Protección, UNP, para que se les brinden las medidas necesarias y así salvaguardar sus vidas.

Sin embargo, la respuesta de la entidad no fue positiva y se escudó en que no es un “asunto exclusivo” de la UNP.

Es inconcebible que esa sea la forma de contestar de la entidad que se encarga de brindar protección a quienes están en riesgo.

El trabajo articulado entre los mandatarios y las instituciones de seguridad es fundamental para que quienes velan por el bien de la ciudadanía puedan ejercer su labor sin arriesgar su integridad.

No se puede dar espera a que más funcionarios sean asesinados para que las autoridades, a quienes les compete esta responsabilidad, brinden la atención urgente que merece esta situación. A los tulueños y a los funcionarios hay que garantizarles su seguridad y tranquilidad.