¿Inversión perdida?

La utilización de brazaletes electrónicos para monitorear personas con detención domiciliaria o libertad vigilada es la alternativa para hacerle frente al hacinamiento que se vive en las cárceles.Sin embargo, la inversión de 21.000 millones de pesos que hizo el Gobierno en el 2014 al contratar estos dispositivos parece estar en duda. De los 4.400 dispositivos adquiridos, sólo funcionan correctamente 1.600. Es decir, 2.800 detenidos que están cumpliendo condena no son vigiladas como corresponde al programa. Y quienes están respetando las limitaciones que implica la detención domiciliaria, podrían ser acusados injustamente de no hacerlo debido la falta de monitoreo.Pero la situación no es nueva. Desde hace más de un año el director del Inpec viene pidiendo que se revise el contrato celebrado entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y la empresa Energía Integral Andina S. A. debido a la deficiencia del servicio. Apenas hace unos días, la Contraloría General abrió una investigación para determinar si este contrato representa un daño patrimonial para el Estado. Es inconcebible que después de hacer una inversión de semejante tamaño, la totalidad de los brazaletes no estén funcionando adecuadamente. Este tipo de cosas son las que hacen que se produzcan críticas a la política carcelaria y que se cuestione el compromiso del Estado para manejar apropiadamente los problemas del sistema penitenciario.