Decisión obligada

Nada parece funcionar para conjurar la crisis en la que las EPS del régimen subsidiado tienen a la salud en el Valle del Cauca.Ni los llamados que se hacen desde la red de hospitales públicos, que es la más afectada, como tampoco el acuerdo firmado en mayo de este año con la Gobernación, en el que se comprometieron a desembolsar en cuatro meses la mitad de los $350.000 millones que adeudan, han servido para algo.De ahí que tenga sentido la petición hecha la gobernadora Dilian Francisca Toro para que se autorice la salida del Departamento de dichas Entidades, encargadas de atender la salud de los colombianos que no tienen capacidad de pago.Y que se le permita al Valle manejar los recursos así como hacerse cargo directamente de los servicios que debe prestar el régimen subsidiado en la región.Es la manera que encuentra la Gobernación para evitar que las EPS sigan recibiendo los dineros del Estado pero no les paguen a las clínicas y hospitales que reciben a sus pacientes, agudizando así la crisis del sector de la salud.La inquietud es si el Valle y su red hospitalaria, con todos los problemas que afronta actualmente y con el HUV en proceso de reestructuración y su futuro aún incierto, están en capacidad de atender con la calidad y la oportunidad que requieren los 1.751.000 vallecaucanos afiliados al régimen subsidiado.