Los riesgos de una bonanza

"De nuevo, y como ha ocurrido en el pasado, la riqueza amenaza con generar violencia si el Estado no hace la presencia que exigen las circunstancias".

Conseguido el acuerdo que debe poner fin a los disturbios que llevaron a cerrar la explotación de petróleo en Campo Rubiales y Quifa, el paso siguiente es asegurar la presencia del Estado en Puerto Gaitán, para evitar que la riqueza y las oportunidades que acompañan las bonanzas petrolera y agrícola se conviertan en enemigos de la tranquilidad y la convivencia en ese municipio del Meta.El conflicto se ha producido en una zona donde se desarrolla una de las más importantes explotaciones de petróleo en Colombia. Por sus dimensiones, el pozo de Campo Rubiales es uno de los puntales en la producción del crudo, como quiera que aporta alrededor de 200.000 barriles diarios. De ahí que su propietario, Pacific Rubiales, sea hoy una de las empresas más importantes en la Bolsa de Valores.A la par con la llegada de esa bonanza, en los alrededores de Puerto Gaitán se están desarrollando importantes inversiones agrícolas que ya ofrecen oportunidades de trabajo y progreso en una región conocida antes por su importante población indígena y por tener 17.000 habitantes en el 2005 y un presupuesto municipal de $1.200 millones anuales. Hoy, su población puede ser superior a los 30.000 habitantes mientras su infraestructura y su capacidad de alojamiento es incapaz de recibir la cantidad de obreros y campesinos que llegan en busca de sus oportunidades. Pero el municipio es el más rico de Colombia en proporción al número de habitantes, y el que mayores regalías recibe en todo el país. Son $400.000 millones en los próximos cuatro años que deben destinarse a cubrir las necesidades básicas insatisfechas, además de generar las condiciones necesarias para promover al Meta como nuevo polo de desarrollo de la Nación. Lo que no parece asegurarse con las condiciones en que se trabaja en las entidades públicas de la localidad. Allí está entonces una de las claves del conflicto que desencadenaron las protestas de cientos de trabajadores que rechazan el tratamiento recibido por algunas de las empresas contratistas en Campo Rubiales. De nuevo, y como ha ocurrido en el pasado, la riqueza amenaza con generar violencia si el Estado no hace la presencia que exigen las circunstancias. Es que, además de la necesidad de garantizarles el respeto a sus derechos laborales e impedir que la zona se convierta en un polvorín social y sindical, las autoridades deben decidir su presencia permanente para asegurar que se creen las condiciones que permiten un desarrollo social armónico y civilizado, y que los recursos que lleguen al municipio no se pierdan en el despilfarro y la corrupción. Y además, que la ausencia de autoridad no se convierta en la oportunidad para que la ilegalidad siente allí sus reales. Por eso, y superada por el momento la disputa laboral, la confusa situación que se vive en Puerto Gaitán demanda del Gobierno medidas eficaces para impedir desmanes y filtraciones de organizaciones legales o ilegales interesadas en obtener dividendos de la confusión. Y a la vez, de decisiones que aseguren la continuidad de los diálogos y la obtención de acuerdos para garantizar la tranquilidad laboral y la paz de la región.