La guerra sin fin

El departamento del Cauca lleva años inmerso en una espiral de violencia que no da tregua, en la que la población se volvió rehén permanente de quienes imponen su ley a punta de terror y donde la Fuerza Pública pareciera incapaz de recuperar la tranquilidad y, peor aún, preservar el Estado de Derecho. La situación es grave, no se resuelve convocando a consejos de seguridad ni lanzando propuestas demagógicas que no se cumplen o quedan a medias.

El fin de semana que pasó el Cauca fue blanco de varios ataques terroristas. Mientras en zona rural del municipio de Morales el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, comandadas por alias Iván Mordisco, acribillaba sin contemplaciones a tres jóvenes uniformados de la Policía, los dejaba tirados en la carretera y se ufanaba de tomar como botín de guerra sus dotaciones, dos carros bomba explotaban en Timba, jurisdicción de Buenos Aires, y en El Carmelo, a las afueras de Cajibío. Un integrante la Fuerza Pública falleció, mientras se conoció el secuestro de otro más.

Son los ataques que se volvieron permanentes en el norte del departamento, en el sur o en el corredor que sale al Pacífico, que es por donde se saca la droga que se produce a partir de las miles de hectáreas sembradas de cultivos ilícitos. El negocio del narcotráfico floreció hace décadas en la región y hoy se lo disputan esas disidencias guerrilleras, el Eln así como las mafias transnacionales que vieron ahí su oportunidad, entre otras razones, por la ausencia de un Estado por demás indiferente.

Si bien se debe reconocer la batalla sin pausa de las Fuerzas Armadas por retornar el orden al territorio, los esfuerzos son insuficientes. Ni las labores de inteligencia ni la lucha permanente contra el crimen organizado han dado los resultados que se exigen. Mientras tanto, la Policía encargada de velar por la tranquilidad de la sociedad es el blanco permanente de los violentos y son los ciudadanos sin distingos las víctimas de esa guerra que se le ha declarado al Cauca y que se extiende hoy al Valle del Cauca.

Ayer, en el Consejo de Seguridad convocado en Popayán, el Presidente de la República ordenó a la Fuerza Pública “paralizar por completo, por tierra y mar, las economías ilícitas”, así como destinar los recursos públicos que sean necesarios para que la población implicada pueda transitar pacíficamente hacia las economías lícitas. De igual forma, Gustavo Petro determinó aumentar el pie de fuerza profesional tanto del Ejército como de la Policía, y sacar a uniformados bachilleres de la zona de conflicto.

Y apeló al “apoyo de los campesinos, de los movimientos sociales, indígenas y afros en este tipo de zona para lograr salir definitivamente de la base económica de la violencia”. Es una petición que ojalá sea escuchada, porque para ganar la batalla contra el crimen y el narcotráfico se necesita que las comunidades se pongan de parte del Estado legítimo.

Es de esperar que, además, se cumpla el mensaje enviado a las organizaciones terroristas, en el sentido de que “cualquier negociación que empiece en el territorio nacional con grupos armados tenga en cuenta que antes que un cese al fuego lo que tenemos es un cese de hostilidades a la población civil”. Porque el Cauca no aguanta más la guerra que se le declaró.