Enemigo letal

La contaminación por mercurio es una sombra que se pasea sin que le bloqueen su camino. Aunque se conocen los efectos tóxicos sobre la salud y las secuelas que deja en el medio ambiente, no se dan las decisiones para impedir que siga destruyendo los ríos y la vida en Colombia.

El nuestro tiene el deshonroso récord de ser el país de América que más mercurio libera, con cifras que oscilan entre 50 y 100 toneladas por año. Los datos oficiales hablan de 1.126 personas envenenadas entre los años 2013 y 2015. A esa información, que se queda corta frente a la realidad, hay que sumarle la de los daños a las fuentes hídricas y a los suelos nacionales así como los efectos que tiene en sus ecosistemas.

La magnitud de la devastación es de tal tamaño que sólo uno de los análisis hechos el año anterior en una comunidad indígena que habita a orillas del río Caquetá, demostró que el 94% de 200 adultos, jóvenes y niños a quienes se les tomaron muestras, presentaban en su cuerpo niveles de mercurio hasta 23 veces más altos que los máximos permitidos por la Organización Mundial de la Salud, mientras que ninguna de las 46 especies de peces analizadas pasó la prueba.

Esa misma amenaza la padecen poblaciones ribereñas de Chocó, Antioquia, Sucre o el Valle, y se repite en el Litoral Pacífico, en la Costa Caribe o en la Amazonía. Quedan pocos lugares de la geografía nacional que no sufran los efectos del uso del llamado ‘veneno plateado’ sobre todo en la minería ilegal, esa que manejan mafias a las que nada les importa el daño que causan con su negocio criminal. Hay otra fuente de contaminación de la que poco se habla, pero es igual de letal: la generada por el uso de mercurio en baterías, pesticidas, aparatos electrónicos o productos cosméticos, que se libera poco a poco y es apenas perceptible.

Colombia tiene conciencia de la devastación producida por el mercurio, pero no ha reaccionado como corresponde. Hace cuatro años firmó el Convenio de Minamata, que compromete a los países vinculados a controlar el comercio de mercurio así como a prohibir la fabricación, importación y exportación de productos que lo contengan, a más tardar en el 2020. A menos de tres años de vencerse ese plazo, apenas ahora se presenta en el Congreso un proyecto de ley para ratificar el acuerdo mundial y para determinar las medidas y políticas estatales que se adoptarán para cumplir el cometido.

Si a ello no se le suma el ejercicio de la autoridad, lo que digan las normas o los tratados internacionales no serán nada diferente a letra muerta. Con lo cual se confirmará que más que la pobreza y la falta de oportunidades es la ausencia del Estado la causante directa de la amenaza que enfrentan millones de seres humanos en Colombia.

La responsabilidad de liberar de mercurio a la Nación, velar por la salud de los colombianos y salvar al medio ambiente es del Estado en su conjunto. Y esa batalla se perderá si la lucha sigue siendo apenas un enunciado y no la decisiva actuación de las autoridades para erradicar a uno de los grandes enemigos de los ríos, los bosques y las comunidades en nuestro país.