Emcali, ¿hasta cuándo?

Enero 19, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co

"La pregunta es qué se debe hacer para terminar una intervención con fines de liquidación que además de perjudicial es ilegal, por cuanto la Superintendencia fue creada para garantizar la prestación de los servicios a los usuarios y no para administrar bienes ajenos, como ocurre con Emcali".

De nuevo, la Superintendencia de Servicios Públicos ratifica su intención de mantener la intervención en Emcali de manera indefinida. Es la reiteración de un propósito que durante casi trece años han mantenido tres gobiernos nacionales, planteando exigencias que le impidan a la ciudad recuperar el manejo de su patrimonio más importante. Ahora resulta que la promesa del anterior presidente Álvaro Uribe Vélez ya no se cumplirá. Es decir, que no existe el compromiso de que los abonos de Emcali a la deuda que tiene con la Nación por el crédito de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, ya no serán invertidos en los servicios de la ciudad, sino que deberán ser pagados en un plazo de seis años. Y además, el Superintendente de ahora insistirá en su propuesta de unir el componente de comunicaciones con la Empresa de Teléfonos de Bogotá y UNE, la empresa de Medellín. Es decir, a pesar de las múltiples manifestaciones en contrario, la intención de manejar a Emcali al arbitrio de la Superintendencia, parece intacta. Sólo que además habrá que inventarse un billón de pesos para cubrir la obligación de la Ptar, nueva condición expresada por el organismo interventor. Así quedará sin validez la promesa de aportar esos recursos al desarrollo de Cali, de la misma manera en que lo han hecho con Medellín y su deuda por el Metro de esa ciudad. Ante la exigencia, la ciudad deberá buscar en el Congreso la aprobación de una ley que le dé valor a ese compromiso o rogar porque el Gobierno Nacional acepte otorgar un plazo amplio para su pago. Y mientras tanto, seguirán las maniobras para disponer de las telecomunicaciones sin que las autoridades municipales puedan ejercer su obligación de administrar el patrimonio público de la capital vallecaucana. La pregunta es qué se debe hacer para terminar una intervención con fines de liquidación que además de perjudicial es ilegal, por cuanto la Superintendencia fue creada para garantizar la prestación de los servicios a los usuarios y no para administrar bienes ajenos, como ocurre con Emcali. O para inventar requisitos que sólo aumentan la pérdida de valor de la empresa, además de desempeñar funciones que por la Constitución le corresponden a la Administración Municipal. En múltiples ocasiones, los alcaldes de la ciudad han expresado su voluntad de llegar a un acuerdo para fijar un pacto de buen gobierno que garantice el cumplimiento a las acreencias de Emcali y el manejo transparente y eficaz de la entidad, incluso desprendiéndose de atribuciones legales. Sin embargo, esos esfuerzos siguen cayendo en el vacío porque la Nación no parece interesada en devolverla.Cuando se produjo la intervención de Emcali, la ciudad la aceptó como un mal necesario ante los desastres que padecía a causa de su mala administración. Y recibió con beneplácito las decisiones iniciales, todas encaminadas a recuperar la empresa y mantenerla como entidad pública. Trece años después, lo más perjudicial para la entidad y para Cali es mantener esa intervención que desconoce la autonomía de la ciudad para definir la suerte de sus entidades.

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