El tráfico de animales

La Isla Ají, a tres horas en lancha de Buenaventura, fue el destino de 80 animales que vivían en cautiverio ilegal porque los compraron de manera irregular. Gracias a un trabajo conjunto de la CVC y el Dagma, tortugas, boas y perros de monte retornaron a su hábitat después de un largo proceso de recuperación.

Esos animales tuvieron suerte porque las autoridades pudieron rescatarlos y devolverlos a su entorno natural. Pero la realidad muestra que una gran mayoría de ellos muere porque su hábitat y alimentación fueron cambiados en forma abrupta y radical.

El tráfico de animales en Colombia es un negocio que está afectando los ecosistemas y tiene un costo enorme para la fauna del país. Se trata de un negocio criminal en aumento y que después del tráfico de estupefacientes y la minería ilegal deja recursos millonarios a las organizaciones que explotan ese mercado.

La preocupación de las autoridades es evidente pues se ha detectado que los explotadores tienen conexiones en Europa y el Oriente Próximo donde se terminan pagando millonarias sumas de dinero por cada uno de los animales que logran ser sacados del país. Los reportes de recuperación son alarmantes. Mientras en el 2014 se incautaban en promedio 87 por día, el año pasado la cifra aumentó a 195.

Mamíferos, aves y reptiles son sacados desde departamentos como Amazonas, Meta, Cundinamarca, Casanare, Caquetá y Huila y regiones como el Chocó, Antioquia y Valle del Cauca se ven afectados por este comercio ilegal. Precisamente las autoridades han alertado que nuestra región está siendo utilizada por estos traficantes de fauna no solo para extraer los animales de los bosques y selvas, sino para sacarlos de manera ilegal hacia otros países por la zona del Pacífico. Ranas, tigrillos, osos perezosos, loros, boas, monos arañas y titíes hacen parte del grupo de animales que más decomisan las autoridades.

De allí que los esfuerzos que ha emprendido el Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres, resultan definitivos para atacar este flagelo que tiene un impacto inmenso en la fauna colombiana. Sin embargo, estas campañas deben ir de la mano de unas sanciones mayores para quienes extraigan a los animales de sus hábitats y, lógicamente, también para quienes posibilitan este tráfico a través de la compra de las especies.

Aunque hoy las penas pueden llegar a nueve años de cárcel, sería importante discutir el aumento de las sanciones si se tiene en cuenta el efecto nocivo para el medio ambiente. Pero más allá de las sanciones punitivas, lo más importante es que en cada ciudadano se genere la conciencia del terrible efecto que tiene para el ecosistema extraer, comprar o vender animales que por ninguna razón deberían estar compartiendo espacios con seres humanos y cambiando sus hábitos alimenticios al capricho de sus propietarios.

La denuncia y la conciencia ambiental deben ser los pilares en los que se debe sostener el propósito de desactivar el tráfico ilegal de animales silvestres en Colombia.