La gobernanza de las disidencias

Según un informe de la Fundación Conflit Responses (Core), que analiza el caso del ‘Estado Mayor Central’ (Emc) y de la ‘Segunda Marquetalia’, las disidencias de las Farc mantienen su actividad en rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, pero también han consolidado una “gobernanza criminal a un nivel quizá jamás visto en años”.

El análisis de la Fundación Core indica que el ‘Estado Mayor Central’, comandado por ‘Iván Mordisco’, ha doblado sus unidades, pasando de 14 en 2021, a 26 en 2023. En contraste, la ‘Segunda Marquetalia’, al mando de ‘Iván Márquez’, perdió unidades y no es clara su expansión territorial.

En algunos territorios las disidencias controlan con quienes los habitantes pueden hablar y tienen una carnetización para regular la movilidad. Han logrado gobernar, como nunca se había observado, hasta el punto de hacer obras de infraestructura.

Mientras el gobierno anuncia la conformación de mesas de negociación con grupos armados, la población civil en las zonas de influencia de estas organizaciones criminales espera que los esfuerzos de paz se traduzcan en alivios para la intranquilidad en que viven. Son numerosos los clamores por una mayor presencia estatal que le haga frente a los desafíos de seguridad que tienen.

Lamentablemente, Petro no dio los primeros pasos para implementar el acuerdo nacional, planteado por él, con el cual se hubiera podido llegar a un convenio para trabajar, enfrentar a los grupos ilegales y llevar el Estado a los territorios en los que su ausencia permite el actuar del crimen. Una buena estrategia en ese sentido no excluye los esfuerzos de paz del gobierno.

Los objetivos de la ‘paz total’, no pueden implicar para las organizaciones al margen de la ley el derecho de delinquir a sus anchas, mientras cuentan con la tranquilidad de que la Fuerza Pública honrará la palabra empeñada en los ceses de fuego bilaterales.

Los esfuerzos para mermar la violencia a través de ceses del fuego tendrán poco impacto si no se actúa pronto para que los habitantes de los territorios afectados por el Estado Mayor Central y por la Segunda Marquetalia, además del Eln, no queden en medio de las disputas entre estas organizaciones ilegales. Actualmente, los mayores combates se llevan a cabo entre estos grupos, para controlar territorios y no se libran contra la Fuerza Pública.

Es indispensable el fortalecimiento de la presencia de las Fuerzas Armadas para terminar con los actos violentos que está padeciendo la gente. El clamor de las comunidades demanda proceder rápido. Que la población tenga claro que cuenta con un Ejército y una Policía que está presente, que está a su lado.

Los varios Departamentos que han sido golpeados por la violenta acción de las disidencias que se disputan el control del narcotráfico y de la minería ilegal exigen, como el resto del país, que las organizaciones al margen de la ley que están interesadas en la ‘paz total’, actúen en consecuencia.