Consenso

¿A qué horas terminamos dando semejante reversazo en orden público? ¿A qué horas la cháchara y la inacción pasaron a ser las estrategias preferidas para garantizar la seguridad? ¿A qué horas alguien dentro del Estado será una voz sensata para hacer políticas con evidencia que sirvan para garantizar la libertad y el orden que menciona nuestro escudo?

Ciertamente, no creo que llegue durante esta administración. Tampoco creo que haya pasado en la anterior. La ingenuidad de unos y el revanchismo de otros nos tiene hoy donde estamos: organizaciones criminales se fortalecen, un Acuerdo mal aplicado y desaprovechado, regiones enteras en zozobra por ilegales que ganan espacio.

No es un cuento chino. El mismo Ministro de Defensa ayer confirmó el gran crecimiento en las filas del Clan del Golfo y del Eln mientras supuestamente participan en un proceso que los llevará a su fin. Podría ser. Todo para lograr mayores beneficios. Pero ese crecimiento está siendo asistido por la inacción casi que absoluta del Estado.

La unión de los gobernadores es un grito desesperado frente a realidades de orden público que se descontrolan y que, por su complejidad, sobrepasan las capacidades regionales para alterarlas. No es un grito de la derecha, ni de su ala radical, ni de los que viven en la fantasía como quisieran venderlo. Es la realidad de un país en la que un mínimo descuido tiene unos efectos mayúsculos en su estabilidad.

Un llamado necesario y real. La situación no es nueva en todo caso, pero sí ha crecido en comparación con el pasado reciente. El Pacífico, por su lado, lleva años pidiendo ayuda. Y otro tanto de años recibiéndola a medias pues los espaldarazos del Gobierno Nacional han sido tímidos y cortos. Llevamos una sucesión de consejerías presidenciales, por ejemplo, con dientes y presupuestos insuficientes para transformar la realidad de Buenaventura y su violencia.

Quizás en pocos otros frentes es tan urgente un consenso como en este para lograr a lo que llama nuestro escudo e imploran los gobernadores. No debería ser tan difícil. Su pronunciamiento público no puede ser percibido como una afrenta política. ¿Por qué siempre quienes se atreven a hablar de seguridad son graduados automáticamente de retrógrados y antidemocráticos? Esa estigmatización, sobre todo en boca de quienes más hablan de la no estigmatización, es dañina y contraproducente.

La selectividad en discurso y estrategias no es el camino para un cambio real y sostenible para frenar nuestros eternas espirales de violencia. Escoger solo hablar de empleo y hambre, o escoger solo hacerlo de policía y cárceles es miope, antievidencia y polarizador. La unión de los gobernadores de muchos colores políticos debería ser una invitación para que todos los demás también nos unamos en pedir que el Estado garantice su obligación más mínima: que podamos vivir tranquilamente.