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Preferiría no volver sobre el tema. Pero cómo pasar por alto una situación en la cual quedan contaminados la Corte Suprema de Justicia y el Congreso, o sea el Poder Legislativo y el Judicial. Otra vez gracias a información de una agencia estadounidense, en este caso la DEA. Es muy doloroso. Golpea claves instituciones estatales y es otro elemento que fortalece la desconfianza ciudadana en las instituciones y en sus más altos funcionarios. ¡Como si hiciera falta!

Difícil imaginar que el tema no será uno de los principales de las campañas electorales de 2018, que ya está en marcha. Claudia López se adelantó en anunciar su candidatura, planteó la lucha anticorrupción como su programa central y lo reafirmó con la convocatoria de un referendo para el cual recogió más de cuatro millones de firmas. Será un asunto que incidirá en las campañas regionales, sin duda en Córdoba, en la costa Atlántica, en el Meta y, toca decirlo, en la contienda presidencial.

Ojalá, al respecto se hiciera un debate serio en torno de qué es lo que funciona en la lucha anticorrupción. Por supuesto, se requiere un marco legislativo. Ya hemos aprobado dos estatutos anticorrupción; hay una constelación de normas anticorrupción que pasan desapercibidas, otras han entrado en desuso y hay poco interés por divulgarlas. Lo más importante en la lucha anticorrupción es la colaboración de la ciudadanía. Para ello se han diseñado diversos mecanismos, unos más eficaces que otros. Y algunos están en la legislación vigente en Colombia, pero no se maximiza su utilización sino que se minimiza. Ojalá este alud de informaciones tan desmoralizantes, sirva para tomar conciencia sobre la precariedad de las normas cuando no existen ni las personas, ni los mecanismos que las puedan hacer operantes de verdad. El Fiscal de los Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció los resultados de una investigación sobre fraude en el sector Salud, que llevó al señalamiento de 442 médicos y farmaceutas. Fue el uso sofisticado de los datos lo que permitió semejante operación.

Eso es lo que hace falta en Colombia: hacer por la vía de personas, acciones, herramientas, que el marco jurídico existente produzca resultados. Tarea descomunal pero muy urgente y necesaria. Y factible. Hay mucho que aprender de estas experiencias y no tanto de leyes que por aquí y por allá se expiden. Un reciente intento mexicano, al parecer ha fracasado porque, cuando llegó la hora de la verdad de nombrar funcionarios que dieran esta pelea, la falta de credibilidad en los mismos habría echado por el suelo un ambicioso esfuerzo de varios años.

Ya se habla en Colombia de cleptocracia, de corrupción sistémica, etc., pero ese tipo de aproximaciones no ayuda. Lo que funciona son herramientas que hemos venido debilitando, como la pérdida de investidura o el concepto de enriquecimiento ilícito, o los poderes de la Procuraduría y la Contraloría, que el miércoles pasado preservaron el Procurador y el Contralor, en debate en el Congreso. Increíble, cuando estamos abrumados por la corrupción se debilitan las herramientas que debemos fortalecer.

Está pasada la hora de tomar este flagelo muy en serio. El sector empresarial no puede permanecer silencioso. El fenómeno no es nuevo, simplemente ha adquirido significación realmente subversiva, que pone en juego la supervivencia de nuestro Estado de Derecho.