A $3.000 millones aumentó la recompensa por alias Otoniel

El presidente Juan Manuel Santos anunció que se duplicarían las medidas en contra de las Bacrim. Mientras tanto, el 'Clan Úsuga' dice que no ha convocado nuevos paros armados.

El presidente Juan Manuel Santos anunció este lunes un fortalecimiento de la estrategia que se ha implementado contra las bacrim, así como un paquete de nuevas medidas para atacar principalmente al 'Clan Úsuga'.

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El mandatario afirmó que van tras los cabecillas por lo que el bloque de búsqueda que tiene como objetivo a Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, se fortalecerá y que la recompensa por información que permita su captura se duplicará.

“La recompensa a partir de este momento para quienes den información que los lleve a la captura de este delincuente 'Otoniel' sube a $3.000 millones”, afirmó el presidente.

Todo esto, dentro de un plan que busca fortalecer las acciones contra las bandas criminales compuestas por cinco puntos:

1. Fortalecimiento del bloque de búsqueda.

2. Coordinación operacional. Se creará un puesto de mando unificado para la coordinación de  la Fiscalía, la Policía Judicial, los jueces y las Fuerzas Armadas.

3. Se entregará un informe semanal por parte del presidente Santos sobre las acciones emprendidas.

4. Aumento de acciones en contra del Clan Úsuga.

5. Se ejecutarán 1700 acciones durante este año para desmantelar este tipo de organizaciones.

Santos indicó también que se va a presentar al Congreso "un nuevo proyecto de ley contra la minería criminal, porque lo que hemos visto es que nos faltan dientes jurídicos para poder ser más efectivos”. 

Defensores de los Derechos Humanos

El mandatario también hizo referencia a la situación de seguridad de los defensores de los derechos humanos; un punto que las Farc le ha reclamado al gobierno durante los últimos días.

“He dispuesto revisar las medidas de seguridad y protección de líderes de DD.HH. y de organizaciones sociales”, dijo Santos luego de afirmar que ya se han adelantado reuniones entre el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el alto consejero para los DD.HH, Guillermo Rivera; un representante del Alto Comisionado de DD.HH. de las Naciones Unidas y líderes de organizaciones sociales para seguir cada una de las denuncias que se han hecho.

La advertencia

Mientras tanto, el 'Clan Úsuga' aseguró por medio de un comunicado que no es cierto que se estén convocando a nuevos paros armados y que no son responsables de los recientes asesinatos registrados a dirigentes de izquierda y defensores de derechos humanos.

En el comunicado, que está emitido supuestamente desde las montañas de Colombia, indica que “es completamente falso que se hayan decretado más días de paro en ninguna parte. Todos los comunicados en este sentido son ilegítimos y no representan la organización”.

El 'Clan Úsuga' convocó el pasado primero de abril un paro armado en regiones de Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Córdoba, Sucre y Cesar, entre otras, el cual pese a que fue citado por un día incluso se extendió por más tiempo.

“Agradecemos profundamente el apoyo y acompañamiento al cese de actividades programado, muestra del aprecio del que goza nuestra organización en las comunidades, que nos ven como sus genuinos representantes. Se equivoca el gobierno al señalar que este acompañamiento es producto de la intimidación y el miedo. Sería imposible atemorizar a tantas regiones que acudieron de manera voluntaria al llamado que hicimos”, dice el comunicado.

Plantea que seguirán con su acción subversiva sin importar las acciones militares que se adelante en su contra, “el apoyo incondicional de las comunidades que están abandonadas por el Gobierno central, nos compromete a continuar en la lucha de lograr mejores condiciones de vida para todas ellas. No cesaremos en el empeño de conseguir una Colombia más justa e incluyente”.

Las llamadas Autodefensas Gaitanistas indican que no son responsables de los asesinatos de activistas políticos de izquierda como también de derechos humanos.

“Es preciso aclarar que no somos responsables de las muertes de miembros de la Unión Patriótica, ni de la Marcha Patriótica, y tampoco de otros activistas de los derechos humanos o sindicalistas que se han presentado en los últimos meses”, señala el comunicado, tras pedir que se conozca a los “verdaderos responsables, así como sus inspiradores”.