102 familias desplazadas han recuperado sus tierras en el Valle del Cauca

Balance de la Unidad de Restitución. Van 92 fallos y están en juzgados 368. Historias.

El Salón Madera del Centro Cultural de Cali estaba a reventar. Cerca de 300 campesinos desplazados habían llegado de diferentes poblaciones del departamento para escuchar la audiencia de rendición de cuentas de la Unidad de Restitución de Tierras en el Valle.La entidad entregó su balance de los dos años que lleva en funcionamiento. En ese tiempo, los jueces de restitución han fallado a favor de 102 familias, que recuperaron sus predios. Allí estaban muchas de las personas que han recuperado su tierra y otras que están en proceso. En estos dos años se han presentado 2099 inscripciones a esta ley, que empezó en el 2012.Aunque un estudio presentado hace dos meses sobre la restitución, realizado por Forjando Futuros, evidenciaba que la restitución se estaba dando gota a gota, debido a que solamente el 1,7 de las solicitudes habían sido falladas en todo el país, para muchas de las víctimas esta ha sido una esperanza, con la que antes no contaban.Sergio Ramírez, coordinador de la Unidad de Restitución en el Valle, asegura que ha sido un arduo trabajo, en el que ya 368 demandas están en los juzgados que estarán saliendo este año. “Para nosotros es un balance positivo, con la complejidad que tiene este trabajo porque resalta los casos de 30 años de conflicto y de diferentes actores, se ha hecho un trabajo que va desde el acompañamiento de los solicitantes hasta el trabajo de campo de hacer la recopilación de pruebas en las zonas y las verificaciones de seguridad”.Clara Gladys tomó el micrófono y dio las gracias. “Siempre me he dicho que hay que confiar en Dios y confié. Y ya tengo mi finca de regreso. Confié en esta ley y gracias a ella recuperé mi tierra”. Contó que gracias a esta ley pudo volver a su finca, en la parte alta de Trujillo, que tuvo que abandonar con sus padres hace 23 años por las amenazas de un grupo armado.No dice cuál. Para ella lo más importante es haber regresado a su tierra. No quiere recordar las amenazas, el dolor de salir un día con sus dos padres para que no los mataran. “El proceso fue difícil, revivir todo eso en las audiencias ante el juez fue difícil, pero lo vale por la felicidad de volver”, dice.Sentado en una de las sillas, Rodrigo la escuchaba. Él está pendiente de su proceso. Espera el fallo. Aunque él regresó hace cuatro años a su finca, en zona rural de Galicia, Bugalagrande, apenas está intentando sacarla adelante. “Yo vivía allí con mi familia cuando en el 99 llegaron los paras y se apoderaron de todo. Como la casa estaba en una loma desde allí observaban todo con binoculares. Cada vez que me veían me pedían la guita (dinero) y me obligaban a que en un carro de servicio público que yo tenía los llevara por todas las veredas. Todos los trabajadores se fueron y después me tocó a mi irme”, recuerda.Y agrega que tenía tanto miedo que tuvo que dejarlo todo; sus cinco terneras, las gallinas y los cultivos de café y plátano. Los paras destruyeron la casa, quemaron toda la madera, destruyeron los potreros. “Nosotros teníamos una tienda en el pueblo de Galicia y allá también llegaban a pedir trago y mercados, tocaba dárselos. Mi esposa se murió de un infarto. Yo volví cuando esa gente se fue, pero todo estaba destruido”.Ahora, Rodrigo espera que con esta ley le ayuden a reconstruir sus potreros y volver a sembrar café. Es que, explica Sergio Rodríguez, en los fallos no solamente se permite el regreso de las personas a los predios, también se establecen proyectos productivos.Y en los casos en que por seguridad o por motivos personales las personas no quieran regresar al lugar que abandonaron se da un predio en otra zona. En las cifras del organismo, hablan de 48 planes productivos por valor de $1.132.840.000 y de 83 subsidios de vivienda.Efraín pide que no le quiten su fincaEfraín de Jesús Tascón era otro de los participantes en la rendición de cuentas. Sin embargo, él no se incribió para restituir ningún predio.Él asegura que es una víctima a la que le pueden quitar su finca en el corregimiento de Timba, en Jamundí. Este hombre dice que él compró legalmente en el 2002 una finca. “Ahora el señor que me la vendió dice que fue víctima de desplazamiento y se inscribió a restitución. Cuando yo compré esa finca ya llevaba un año en venta y la compré con el dinero que me dieron por vender mi otra finca, allá mismo. Ese señor no vivía allí sino en Cali y desde hacía años tenía esa tierra alquilada a otro señor. Dijo que se quería ir a vivir a Panamá a poner un negocio de comidas rápidas y por eso vendía”, asegura Efraín de Jesús, quien muestra como prueba la promesa de compraventa que firmaron, entre otros documentos.Segio Jaramillo explica que cuando se recibió la petición se realizó el análisis y la persona -un desmovilizado del ELN- cumplía con los requisitos porque había sido sufrido un hecho victimizante como el asesinato de un cuñado y amenazas.El proceso se encuentra ante un magistrado de Restitución de Tierras en Cali. “Será la magistrada quien decida dependiendo de lo que se pueda establecer”, señala el coordinador de la Unidad.Y agrega que si la persona compró de buena fe no necesariamente le quitan el bien, puede realizarse otro tipo de compensación al denunciante.Amenazas contra juecesLos jueces de Restitución de Tierras de Buga -quienes atienden procesos del centro y norte del Valle- fueron amenazados, através de un panfleto.Juan Pablo Atehortúa, juez tercero, aseguró que en marzo recibieron una amenaza. “Nosotros manejamos procesos muy delicados que están relacionados con restituciones de zonas de injerencia de narcotraficantes, de bandas criminales y de las Farc”, indicó. El Juez pidió a la Unidad de Protección que analicen sus esquemas de seguridad.“El tema es muy complejo tanto para nosotros como a las víctimas. En otros departamentos han sido asesinados líderes de restitución, aquí gracias a Dios no ha pasado eso, pero es necesario tomar medidas que nos protejan tanto a nosotros los jueces como a ellos. Estamos calificados de un riesto extraordinario, pero nadie ha hecho nada”, dijo.Así es la rutaLa restitución tiene tres etapas: administrativa, judicial y el posfallo. En la primera las víctimas presentan las solicitudes de inscripción. Si se cumple con los paramétros de ley, entonces el proceso se pasa al juez.En ese tiempo, la Unidad de Restitución tiene que recopilar las pruebas para presentar ante los jueces, que se toman entre diez a doce meses para tomar la decisión. Luego, en el proceso posfallo entrega, dependiendo de la decisión del juez- una ayuda para proyectos de vivienda y productivos, los cuales tienen dos años de asesoría.