Superintendencia investiga un nuevo cartel, el de los cuadernos

La entidad formuló pliego de cargos contra 27 directivos o exfuncionarios de las empresas, por presunta cartelización en la fijación de los precios de cuadernos escolares.

La Superintendencia de Industria y Comercio formuló pliego de cargos contra las empresas Kimberly Colpapel S.A., Carvajal Educación SAS y Scribe Colombia SAS por presunta cartelización en la fijación de los precios de cuadernos escolares.Además, formuló pliego de cargos contra 27 directivos o exfuncionarios de las empresas, por presuntamente haber colaborado, facilitado y autorizado los actos relacionados con la presunta cartelización.De acuerdo con un comunicado de la SIC, las empresas presuntamente fijaron artificialmente los precios, fijaron concertadamente políticas y estrategias de comercialización y mercadeo, así como financieras y de crédito y restringieron concertadamente el abastecimiento y distribución en los diferentes canales de comercialización.La Superintendencia explicó que en el tema de precios la fijación se dio directamente por imposición o por la concertación de porcentajes de descuentos dirigidos a los distintos canales de comercialización.“Esta conducta habría afectado a los compradores de cuadernos en la cadena de comercialización y en el precio final a los consumidores, fundamentalmente a los estudiantes de primaria, bachillerato y universitarios”, señaló el superintendente Pablo Felipe Robledo, en el comunicado.El boletín de prensa señala igualmente que dos de las tres empresas a las que se les formuló pliego de cargos se acogieron al Programa de Beneficios por Colaboración (delación), confesaron su participación en el presunto cartel empresarial y entregaron e-mails, documentos y declaraciones que revelarían su existencia y funcionamiento.Las pruebas que obran en la investigación, evidencian la existencia de un presunto cartel empresarial entre 2001 y 2014 iniciado por Kimberly y Carvajal, al que a partir del 2011 se habría vinculado Scribe, se indicó.“La Superindustria adopta esta decisión para proteger, tanto la economía de mercado como los hogares y consumidores colombianos, especialmente a aquellos de escasos recursos económicos”. Y añadió: “En Colombia, 3,7 millones de hogares compran útiles escolares y más de 9,5 millones de estudiantes menores de 24 años asisten a un establecimiento educativo y son consumidores habituales de cuadernos”, destacó la entidad.Acerca de las posibles sanciones y en caso de que el proceso se establezca que existió violación a las normas de libre competencia, la Superindustria, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, podrá imponer multas hasta de 100.000 salarios mínimos legales, es decir, $64.435 millones por cada infracción. Y a las personas naturales que participaron, facilitaron o infrinjan esas disposiciones podrán recibir una multa hasta de 2000 salarios mínimos legales, unos $1.288 millones, según lo dispone la Ley 1340 de 2009, dijo la SIC.Al respecto, Carvajal afirmó que “Carvajal Educación SAS se rige por un estricto código de conducta, y en tal sentido tiene toda la disposición para colaborar en la investigación en la medida que las autoridades lo requieran”.