Sancionan a Asocaña y a 12 ingenios azucareros

Asocaña, Ciamsa, Dicsa y 12 ingenios incurrieron en la conducta de acuerdos anticompetitivos o cartelización empresarial para obstruir las importaciones de azúcar hacia Colombia, dijo la Superintendencia de Industria y Comercio.

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La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución del 7 de octubre de 2015, sancionó a Asocaña, a 14 empresas del sector azucarerero y a un número similar de personas naturales, por haber creado y consolidado un cartel para obstaculizar las importaciones de azúcar en el país. 

El Superintendente, Pablo Felipe Robledo, explicó este miércoles que Asocaña, Ciamsa, Dicsa y 12 ingenios incurrieron en la conducta de acuerdos anticompetitivos o cartelización empresarial para obstruir de manera concertada, coordinada y continuada, las importaciones de azúcar hacia Colombia desde países como Bolivia, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. 

La investigación administrativa del órgano de control se inició a partir de algunas denuncias presentadas en 2010 por varios empresarios consumidores de azúcar que la utilizan como insumo productivo. Entre los ingenios sancionados están Riopaila Castilla, Ingenio del Cauca, Manuelita, Ingenio Providencia, Mayagüez, Ingenio La Cabaña, Ingenio Pichichí, Ingenio Risaralda, Carlos Sarmiento l. & CIA Ingenio Sancarlos, Ingenio Carmelita, Central Tumaco S.A. en liquidación y el Ingenio Maria Luisa. 

De otra parte, la Superindustria concluyó que el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, Fepa, como mecanismo de intervención del Estado en la economía, fue desnaturalizado por las decisiones que durante muchos años adoptó su Comité Directivo, convirtiéndolo en un instrumento idóneo para la repartición de cuotas de producción o suministro de azúcar en el mercado colombiano. 

Sin embargo, la entidad archivó la investigación que seguía por el uso del Fepa para asignar cuotas de producción de azúcar en Colombia, al admitir que no tiene facultades para proceder en un caso en el que está involucrado un instrumento de política pública como el Fepa.

No obstante, ordenó al comité directivo de dicha entidad, que revise sus políticas y que en máximo seis meses presente un nuevo programa con propósitos establecidos por la ley.