Debate: ¿que tan realizables son las nuevas políticas públicas de Cali?

Con la aprobación de la ‘Política pública de la juventud’, la semana que pasó, se abrió un debate sobre la importancia de este tipo de proyectos para Cali y qué tan viable será la implementación de estos.

Y es que durante la actual administración se han adoptado, en total, ocho políticas públicas que son: la de ‘Regulación de las ventas ambulantes’; la de ‘Educación ambiental’; la del ‘Mejoramiento integral de hábitat de los asentamientos humanos precarios’; la de ‘Desarrollo económico’; la de ‘Envejecimiento y vejez’; la de ‘Cali diversidad’; la ‘Afrocolombiana’ y la de la ‘Juventud’.

Vale la pena precisar que estas últimas cuatro fueron impulsadas por la Secretaría de Bienestar Social de Cali, que anunció que se espera que, antes de terminar la actual administración, se aprueben dos más: la de ‘Seguridad alimentaria’ y la de los ‘Habitantes de calle’. Todas, tienen una vigencia de diez años.

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Según Carolina Campo, secretaria de esa dependencia, en la capital del Valle hay 375.000 personas que están en estado de pobreza, 85.000 en estado de pobreza extrema y vulnerabilidad acentuada, 49. 665 migrantes venezolanos y 21.423 víctimas del conflicto armado.

“Entonces, ante este panorama, la construcción de las políticas públicas se hace para que la administración pueda garantizar los derechos y las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables”, explicó Ángel.

Sin embargo, Lina Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas ‘Polis’ de la Universidad Icesi, calificó como “un error” el hecho de que se haya aprobado “tantas políticas públicas”.

“Siento que en la Administración no saben para qué sirven, las hacen para llenar una meta y escriben cualquier documento a las patadas. Yo he visto que algunas secretarías elaboran estos proyectos en dos meses y eso no es así”, cuestionó Martínez.

La directora de Polis añadió que lo más difícil es la posterior implementación de estos proyectos porque se tienen que destinar presupuestos, “pero aún así no se puede garantizar que se vayan a ejecutar porque eso depende mucho de la agenda política de los gobernantes”. El País le explica de qué se tratan cinco políticas que fueron aprobadas, sus impactos y avances.

En julio de este año se aprobó la política pública ‘Cali Diversidad’, con el propósito de garantizar los derechos de la comunidad Lgtbi (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales) y mejorar las condiciones de esta población en la capital del Valle.

“Esta política es muy importante para nuestra ciudad porque recoge los esfuerzos de la población Lgbti para disminuir la discriminación”, explicó Carolina Campo, secretaria de Bienestar Social Municipal.

De acuerdo con la funcionaria, la política pública permitirá gestionar planes relacionados con: educación, la vivienda, atención diferencial en salud, participación en procesos de empleabilidad, entre otros.

Además, esta nace con un presupuesto de la estampilla Pro Desarrollo que permitirá la destinación de recursos para los planes, programas y proyectos que van a apalancar el desarrollo de estas comunidades en la ciudad.

Con la adopción de la nueva política de juventud para Cali, se busca ofertar mayores beneficios a los más de 600.000 jóvenes en edades entre los 14 y los 28 años que viven en la ciudad.

El proyecto tiene 8 ejes sociales para esta población, entre los que se destacan los espacios participativos dentro de la Administración, estrategias de atención en salud física y mental, educación, deporte, recreación, oportunidades de empleo y una inversión de más de $100 .000 millones para el 2020 y durante los próximos 10 años.

El coordinador ponente de la política, Jacobo Nader, destacó que la aprobación de la misma propone focalizar la inversión en pro de la vida y el desarrollo personal tanto de niños como de jóvenes.

“Si bien el 25 % de la población de Cali es joven, más del 50 % de las muertes violentas que se registran en Cali afectan a los niños y los adolescentes. Por ello, hay que hacer un cambio y una inversión en la juventud para que la ciudad se empiece a transformar”, dijo Nader.

Y añadió que para que la política no se “quede en papel, es clave que el Concejo le haga seguimiento a los indicadores de metas que quedaron establecidos en los anexos del documento”.

En el 2017 fue aprobada la ‘Política Pública de Regulación y Organización de Ventas Informales en el Espacio público’ con el fin de atender la ocupación indebida del mismo. Sin embargo, dos años después, los avances de este proyecto han sido muy pocos.

Para empezar, en marzo de 2018, la Alcaldía debió tener lista la caracterización de 10.000 vendedores informales ubicados en diferentes lugares de la ciudad, labor que no se cumplió. Al respecto, Darío Daza, subsecretario de Inspección y Vigilancia de Cali, informó que, hasta la fecha, ya se han censado cerca de 2500 personas que hacen parte de ese gremio.

No obstante, mientras se termina de hacer este proceso, la invasión del espacio público por las ventas ambulantes es un fenómeno que sigue creciendo sin freno en Cali. Solo en el centro se estima que hay cerca de 3000 vendedores y en toda la ciudad, unos 25.000.

Para la concejal María Grace Figueroa, la política pública que se busca implementar en Cali “carece de plan de acción, financiamiento y ruta a 10 años”.

Vale la pena precisar que con la expedición de la Ley 1988 del 2019 en agosto pasado, el Gobierno Nacional definió los lineamientos para la formulación, implementación y evaluación de una política pública para dicho gremio en todo el país.

La Política Pública de Desarrollo Económico que formuló la Secretaría de Desarrollo Económico de Cali, en conjunto con los diferentes actores del sector público, privado y academia de la ciudad, fue aprobada el pasado mes de septiembre.

Con ella, el Municipio podrá trazar las acciones que permitan fomentar la inversión empresarial, reducir el desempleo y mejorar la calidad del empleo en la ciudad.

Angélica Mayolo, secretaria de Desarrollo Económico Cali, dijo que 180.000 caleños buscan empleo y más de 500.000 tienen un empleo en la informalidad, lo que hace necesario buscar alternativas para cambiar esa tendencia.

“Y una de las formas de cambiar esa realidad es con acciones de largo plazo que trasciendan las administraciones municipales porque Cali tiene grandes fortalezas”, dijo.

Cali es la ciudad de Colombia con mayor concentración de población afrodescendiente, con el 26,4% del total de sus habitantes, y de ahí la importancia de que el Concejo Municipal haya aprobado la ‘Política Pública Afrocolombiana, Negra, Raizal y Palenquera, CaliAfro’.

El principal propósito de esta iniciativa es garantizar los derechos de dicha población y, de manera especial, fomentar su inclusión, reduciendo y eliminando las brechas socioeconómicas.

El concejal Richard Rivera, coordinador ponente de la esta política, aseguró que servirá para mejorar las condiciones de vida de los afrocolombianos asentados en Cali. Además, fue la única que quedó con recursos garantizados.

“Para la política destinamos el 10 % de la estampilla pro desarrollo, que equivale en esta vigencia a $5500 millones, recursos que nos van a permitir llegar a esta población en los diferentes sectores, como educación, arte y cultura”, dijo Rivera.