Reportan que 71 pueblos indígenas en Colombia se encuentran en riesgo de extinción

En un documento de 10 páginas, el relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzay, expresa unas impresiones y recomendaciones preliminares de su visita oficial a Colombia realizada desde el 5 al 15 de marzo de 2024.

Allí expresa su agradecimiento al Gobierno Nacional por la invitación y su cooperación durante todo el proceso. También que sostuvo encuentros con diversas entidades del estado, como Congreso, Corte Constitucional, Fiscalía, entre otras. Además de reuniones con miembros y representantes de Pueblos Indígenas en los territorios de los departamentos de Cesar, Guajira, Amazonas, Valle del Cauca y Cauca.

Hallazgos y observaciones

El texto desataca la importancia del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, que promueve los derechos a la libre determinación, autonomía y participación de los pueblos étnicos. También resalta la creación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Se reconoce el territorio indígena como víctima y se menciona en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Además, se destaca la participación de los diversos pueblos indígenas en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo y se aplaude la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la protección de sus derechos. También presenta que existe una buena representación de los pueblos en cargos políticos y públicos de alto nivel en Colombia.

Aspectos a tratar

El relator Francisco Calí Tzay, presenta varios aspectos que ponen en riesgo la vida, existencia y autonomía de los pueblos indígenas en todo el territorio nacional, algunos de ellos son: Conflicto Armado; Pueblos Indígenas en riesgos de extinción; Libre determinación, autogobierno, participación y represalias; Tierras, territorios y recursos; Consulta y consentimiento previo libre e Informado; Proyectos de desarrollo y transición ecológica, entre otros.

Calí Tzay, aclara que los problemas son históricos y estructurales, no atribuibles solo al Gobierno actual.

• Persistencia de graves problemas estructurales en los derechos humanos de los pueblos indígenas, a pesar de los avances normativos.
• Deficiencias en la implementación efectiva de los derechos de los Pueblos Indígenas debido a la falta de presencia y acción del Estado, especialmente a nivel local.
• Exacerbación de la situación por la presencia de grupos armados no estatales, organizaciones criminales y agentes económicos irrespetuosos de los derechos humanos.
• Necesidad de abordar los problemas dentro del marco de nuevas políticas de seguridad humana, de drogas y de paz total, con participación inclusiva de todos los pueblos indígenas.
• La construcción de la Paz Total debe garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos y la aplicación efectiva de medidas de reparación colectiva.

• Grave situación humanitaria del pueblo Wayuu en La Guajira, con altos índices de necesidades básicas insatisfechas, pobreza extrema y mortalidad infantil.
• Impacto negativo de megaproyectos en territorios indígenas, incluyendo desplazamiento, contaminación ambiental y pérdida de cultura y soberanía alimentaria.
• Persistencia de la situación de conflicto armado en territorios indígenas, con nuevas características y múltiples grupos armados.
• Falta de eficacia en la protección de las comunidades indígenas en riesgo de extinción física y cultural.

Finalmente, el relator da algunas recomendaciones finales, donde muchos de los problemas señalados requieren soluciones de fondo:

• Aplicar sin demora el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz y garantizar la participación efectiva de los Pueblos Indígenas, incluyendo las mujeres indígenas, en la implementación de las nuevas políticas de seguridad humana, lucha contra las drogas y Paz Total;
• Promover diálogos directos con los Pueblos Indígenas, independientes de los diálogos con los grupos armados no estatales, para la construcción de la paz duradera;
• Dar cumplimiento inmediato a las órdenes dadas por la Corte Constitucional y otros tribunales en materia de derechos de los Pueblos Indígenas;
• Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para reconocer las Entidades Territoriales Indígenas y fortalecer su autonomía;
• Adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para asegurar la coordinación de los sistemas jurídicos indígenas y la justicia ordinaria;

• Adoptar las medidas adecuadas para descongestionar los procedimientos de reconocimiento formal de territorios y avanzar en una comprensión del significado integral que tienen éstos para los Pueblos Indígenas;
• Garantizar que la implementación de medidas de fiscalización de drogas se realice conforme al respeto a los derechos, necesidades y características culturales de los Pueblos Indígenas, incluyendo sus prácticas ancestrales, y la medicina y ciencia indígenas.