Procuraduría pidió a jueces notificación previa de las audiencias de jóvenes de primera línea

La Procuraduría continúa con el seguimiento instaurado contra la jueza coordinadora del centro de servicios de Paloquemao Lilyan Jhohana Bastidas Huertas, por presuntas irregularidades.

Al considerar que esta jueza no tiene las facultades para ordenar la libertad de los integrantes de la Primera Línea, designados como gestores de paz por el gobierno, el organismo de control constituyó una agencia especial para seguir de cerca el proceso.

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Igualmente, designó al titular de la Procuraduría 17 Judicial II Penal para que actúe en todas las etapas del proceso.

Esto se suma a la investigación disciplinaria y denuncias penales instauradas por el Ministerio público, al considerar un presunto prevaricato anunciado por el ente de control a la jueza Bastidas, debido a que el ente de control ha reiterado en varias ocasiones que la jueza no tenía las facultades para hacer esas liberaciones.

“La jueza pasó por alto que las resoluciones remitidas por el Alto Comisionado para la Paz no dispusieron la suspensión de la detención preventiva, sino de las órdenes de captura que pesaban en contra de Santiago Márquez Chárriz y Adriana Esperanza Bermeo Sua y, además, en su decisión no dejó constancia de la norma que la facultaba para decretar su libertad”, expresó la Procuraduría en su momento.

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De otra parte, la Procuraduría solicitó a varios coordinadores de centro de servicios judiciales de diferentes ciudades del país, donde se adelantan procesos de integrantes de primera línea, notificar al ministerio público de manera previa, la programación de audiencias cuyo fin sea resolver las peticiones de libertad de personas vinculadas a las designaciones que haga presidencia de la república sobre gestores de paz.