Los eternos males que afectan al departamento del Chocó

Mayo 14, 2017 - 06:40 p.m. Por:
Colprensa/ El País
Protestas chocó

Por lo menos 70.000 personas se han movilizado durante las protestas en el Chocó. Los habitantes del departamento exigen energía eléctrica, un mejor servicio de agua potable, salud y educación.

Colprensa- El País.com.co

La realidad chocoana parece no cambiar con el paso de los años. Una vez más, el departamento está paralizado porque sus habitantes están hartos del olvido nacional.
De manera pacífica, con un paro cívico y movilizaciones, desde Quibdó y otros municipios reclaman que se cumpla el acuerdo logrado en el 2016 con el Gobierno Nacional.

¿Qué cosas? La pavimentación de la vía de Quibdó a Pereira y de Quibdó a Medellín, claves para la movilidad del departamento, así como la construcción de una vía con salida al mar, que tendría unos 67 kilómetros.

Según el Defensor del Pueblo del Chocó, Luis Murillo, se trata de obras que están paralizadas.

A esto se suma la construcción de dos hospitales de segundo nivel en dos subregiones del departamento y otro más de tercer nivel en Quibdó.

Un tercer tema, fundamental además para la implementación del Acuerdo de Paz, tiene que ver con la seguridad física y alimentaria de los pobladores y de las comunidades indígenas afectadas en 20 de 30 departamentos todo por cuenta de la avanzada armamentista del ‘Clan del Golfo’ y del ELN hacia las zonas que dejó las Farc.

De acuerdo con Murillo, hay disposición del Comité Cívico por la Dignidad del Chocó, organizador del paro, de escuchar al Gobierno Nacional.

Pero el asunto, de fondo, requiere escuchar: “hay una voluntad de acercarse a evaluar el cumplimiento de lo acordado, que el gobierno explique los 9 billones que dice que ha invertido, en qué sectores”.

Lo que está en juego son los derechos sociales y económicos de una población que esta semana tuvo que enfrentar el secuestro de ocho de sus pobladores en Nóvita, y que acogió al Gobierno en pleno y las Fuerzas Militares. Hoy allí tienen 500 efectivos quienes se suman a los 6300 existentes, aunque no se ve una pronta solución a sus males.

Por ahora, se acordó una visita con corte humanitario a la subregión del Bajo Atrato y la Defensoría del Pueblo citó a una nueva reunión de Alto Nivel en Docordó, pero las medidas también deben ser integrales, deben incluir garantías de no repetición y deben incluir avances concretos de ese pliego de peticiones.

“Estas poblaciones han sido victimizadas múltiples veces y lo que están pidiendo es que se avance en los procesos de paz con las Farc y el ELN y que eso redunde en el beneficio para las comunidades étnicas”, agregó Murillo.

Pero, ¿cómo? Con la llegada oportuna de la ayuda humanitaria de emergencia a la población indígena desplazada y/o confinada, con la protección para líderes y lideresas que están siendo objeto de amenazas, con la garantía de su seguridad alimentaria. En últimas, con una respuesta a la altura de la situación de riesgo que persiste y que parece únicamente entenderla la Defensoría del Pueblo.

El vocero de la Federación de Mineros del Chocó, Ariel Quinto, explicó que además de las vías y la mala atención en salud, la corrupción es otro gran problema que aqueja al departamento y por eso reclamó acciones de la Procuraduría y la Contraloría General, para que se determine qué ha pasado con los recursos que el Gobierno Central ha destinado.

“El alto riesgo en el que están las zonas dejadas por las Farc, y a donde la institucionalidad no ha llegado, está permitiendo que los guerrilleros de las Farc sean reemplazados por los del ELN o el Clan del Golfo. A eso tiene que dársele un debate más profundo y no mirar las cosas, como dice el Gobierno, de que al Chocó se le ha metido mucha plata y no se ve. Si no se ve, tendría que aparecer y la Procuraduría y la Contraloría de la República deben estar ahí para saber quién invirtió o quién se la robó”, dice.

A esto se suman, igualmente, lo que Quinto denomina incumplimientos de una mesa de trabajo en la que se han solicitado por más de cinco años cosas, como la posibilidad de otorgar títulos y formalizar a los pequeños mineros del departamento.

Lo que buscan es un cambio al código minero, que permita formalizar la minería artesanal que es la principal fuente de empleo en el Chocó, y que se revisen los cerca de 280 títulos otorgados a grandes empresas, al parecer, sin la debida consulta a las comunidades étnicas.

De hecho, buscan un plan piloto en el Chocó para esta formalización ya que estiman que las exigencias para obtener un título parecen inalcanzables.

Quinto además denunció que las autoridades no estarían apoyándolos en las denuncias que han hecho de manera reiterada por el cobro de vacunas, por parte de grupos al margen de la Ley:

“Lo hemos denunciado y el Estado no nos colabora, no nos apoya, porque nosotros supuestamente somos ilegales y no se apoya al pequeño minero para que se le solucione la ilegalidad”, dice al indicar que, al menos, 24 municipios del departamento del Chocó se dedican principalmente a la actividad minera y a reclamar una solución política, más que policiva.

“La comunidad internacional y nacional está mirando como un problema humanitario el Chocó. Es así efectivamente y esperamos que, así como se sale corriendo a solucionar paros en otros lados, el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Santos atienda el clamor de estas comunidades que, aunque distante de la Colombia que muchos conocen, también tenemos derecho”, puntualizó.

El líder indígena Orewa Luis Ángel Gindrama, por su parte, considera nula la atención del Estado para las comunidades en los tres municipios del Baudó, en Riosucio, en Bojayá, en Carmen del Darién, en el Litoral del San Juan y en el Bajo San Juan, entre otros.
¿Por qué? Por la presencia del Clan del Golfo, a quienes ellos denominan paramilitares, y la obligación del confinamiento. Por la falta de garantías de parte de la Fuerza Pública, por la presencia de minas antipersonales en los territorios, por los combates, porque las reuniones pasan y ellos siguen en las mismas.
“No hay apoyo, no hay ayuda humanitaria, seguimos en las mismas. Las inversiones sociales en acueducto y alcantarillado son para las cabeceras municipales y no para los resguardos. Las comunidades seguimos en la mismas”, dice y no duda en reclamar: “¡Por favor! Nos van a acabar, nos van a desaparecer. No hay garantías, hay una ruptura total, un incumplimiento total de los acuerdos de paz de La Habana. Se firmó un documento de paz, pero en este momento no hay garantías”.

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