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Human Rights Watch expresa a Santos preocupación por fuero militar

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch cree que de ser aprobado el fuero militar se llegaría casi a una impunidad de hechos y violaciones al derecho internacional humanitario

25 de octubre de 2012 Por: Elpais.com.co | Colprensa

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch cree que de ser aprobado el fuero militar se llegaría casi a una impunidad de hechos y violaciones al derecho internacional humanitario

En una extensa carta, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, le expresó al presidente Juan Manuel Santos su preocupación por el proyecto que busca ampliar el fuero militar. Vivanco considera que de ser aprobado por el Congreso, se llegaría casi a una impunidad de hechos y violaciones al derecho internacional humanitario. "En nuestra opinión, esta reforma es injustificada. Su sanción prácticamente garantizaría la impunidad de atrocidades cometidas por militares. Además, llevaría a que Colombia incumpla las condiciones en materia de derechos humanos a las cuales está supeditada la asistencia militar estadounidense por ley", sostiene el comunicado. En el texto, en los que hace duras críticas, Vivanco expresa que una de las consecuencias más graves sería la afectación que podría tener Colombia con respecto a la Corte Penal Internacional, CPI. "La CPI debería iniciar una investigación si Colombia no se muestra dispuesta a juzgar crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad, o no puede realmente hacerlo. La investigación de casos de abusos militares en la justicia penal militar podría socavar gravemente la independencia e imparcialidad de los procedimientos, y si estos son incompatibles con una verdadera intención de juzgar a los responsables, Colombia podría exponerse a la posibilidad de ser investigada por la CPI, incluso por los casos de falsos positivos". Más adelante agrega: "además de afectar posibles violaciones de derechos humanos que se cometan en el futuro, la enmienda constitucional resultaría en la remisión a la justicia penal militar de investigaciones y juicios sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado que se encuentran actualmente en curso en la justicia ordinaria". También rechaza como argumento el tema de la supuesta inseguridad jurídica. "El segundo argumento, también erróneo, invocado por aquellos que defienden la noción de la 'inseguridad jurídica' es que los fiscales de la justicia ordinaria avanzan más lentamente en la investigación de supuestos abusos militares de lo que podría hacerlo la justicia penal militar". Por eso exhortó al Gobierno no solo a agilizar las investigaciones sino a fortalecer la justicia ordinaria.

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