El contrato que tiene al fiscal Montealegre en el ojo del huracán

El contrato que tiene al fiscal Montealegre en el ojo del huracán

Septiembre 20, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Colprensa

La firma de un contrato por $4200 millones tiene en el ojo del huracán al fiscal general, Eduardo Montealegre. Expertos analizan la situación.

Terminó otra semana candente para el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, tristemente no por la lucha contra el crimen, sino por las críticas que le llovieron tras el contrato que por $4200 millones suscribió de manera directa con la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services, de la politóloga y periodista Natalia Springer.

Con ese convenio se busca, explica Montealegre, apoyar el modelo de investigación en contexto, que impuso desde su llegada al cargo que dejará el primer trimestre del próximo año, por terminación del periodo.

Este contrato y otros similares (pero por menor monto) con exmagistrados y con  periodistas motivaron un llamado de control político del Congreso de la República al que el jefe del ente investigador se niega rotundamente.

Para analizar estas circunstancias, Colprensa citó a cuatro expertos en asuntos de investigación judicial: la exfiscal General de la Nación y hoy senadora Viviane Morales; el exvicefiscal Francisco José Sintura, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana Julio Andrés Sampedro, y el coordinador del Área Penal de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate.

 A cada uno  se le hicieron las siguientes preguntas: 

1) El Fiscal General debe estar en la rama Ejecutiva, pues es quien ejecuta la política criminal del Estado. 

2) No. La Fiscalía tiene dos grandes modalidades de contratación; y una de ella supone una reserva para permitir el buen funcionamiento de la entidad. 

3) No sé si por el Congreso u otro organismo, pero lo cierto es que el fiscal debe ser controlado sobre sus actuaciones; claro, todo dentro del debido proceso y con las garantías necesarias.

En una democracia plena no debe haber funcionarios sin control. En Colombia no se ha logrado instituir un sistema de pesos y contra pesos en los altos poderes del Estado, este tema debería haberse revisado desde la Constitución del 91.

 4) La investigación en contexto sí ha servido. La Fiscalía ha adquirido unas connotaciones importantes para la garantía de la democracia. Y el trabajo en cuanto a lo jurídico se ha hecho de manera seria. 

5) El Fiscal debe seguir trabajando por el país, debe terminar su periodo sin inconvenientes y sus actuaciones deben ser sometidas al control del Estado y de la democracia.

1) Este tema se debatió en la Constituyente del 91 y se dejó al fiscal en la Rama Judicial para garantizar su autonomía, pero visto está que eso no es conveniente. 

Como el fiscal ejecuta la política de investigación de los delitos, debe estar en el poder Ejecutivo. Esto haría que el tema de responsabilidad fiscal fuera mucho más claro y habría posibilidad de que fuera destituido o retirado de un cargo, para así evitar la deslegitimación por estos escándalos.

 2) Lo que se debe buscar es que se cumplan los requisitos de la contratación, pues si resulta cierto lo que se ha dicho, se habría incurrido en varias irregularidades. Hay que tener presente que en la Fiscalía quien contrata es el director administrativo y él no tiene fuero; por eso el Contralor General debe iniciar una investigación.

 3) El tema fiscal se debe responder ante la Contraloría. Todo lo que este escándalo demuestra es que quedó mal confeccionada la figura del fiscal general. En Estados Unidos el fiscal debe responder al control político del Congreso. 

4) La ‘investigación en contexto’ no es un invento de Montealegre, eso ya había empezado con una unidad de análisis e investigación. Con el proceso de ‘Justicia y paz’ se inició la investigación de contexto. Lo que ha hecho el fiscal es, con palabras complicadas, buscar que nadie entienda y dejar a todo el mundo en la ignorancia, para que así todos le agachen la cabeza. 

5) La Comisión Primera (del Senado) va a investigar a los implicados como particulares y ellos están obligados a responder. Miraremos qué pasa con los contratos, no incurriremos en ligereza de acusar, y se tomarán las medidas pertinentes.

1) La Constitución del 91 estableció que el fiscal pertenece a la Rama Judicial, para darle independencia del Ejecutivo. En el resto del mundo esto es diferente, pues el fiscal es casi un ministro más. 

2) La Fiscalía no tiene porqué reformar su modelo de contratación, dado que está regida por las mismas reglas de todas las demás entidades. 

Este episodio puso sobre el tapete la posibilidad de que el dinero se esté destinando a una empresa que no contaba con la experiencia. 

Lo que no es aceptable es que dicha contratación se dio porque la Fiscalía no está en capacidad de sistematizar los delitos.

 3) El fiscal, como parte de la Rama Judicial, no está sujeto a control político del Congreso, pero tampoco está ausente de controles, para eso está la Comisión de Acusación o el tribunal de aforados, recién creado. 

4) Esta administración hizo un gran avance desde lo teórico con los criterios de priorización, partiendo de lo sucedido en ‘Justicia y Paz’, proceso que demostró que Colombia no estaba en capacidad de investigar todo lo sucedido. Pero no ha existido unidad de criterios acerca de cómo se prioriza un caso. 

5) El problema no se resolvería con la salida del fiscal general. Por el contrario, eso generaría una inestabilidad y problemas que no aportan a la solución del problema.

1) Esta es la discusión de fondo que se ha debido incluir en la reforma al equilibrio de poderes. La Fiscalía debe pertenecer al Ejecutivo, porque la producción de la prueba está en el Ejecutivo, tal como sucede con la Sijín y la Dijín. Esto debería suceder con Medicina Legal y, claro, con el fiscal. 

2) La contratación tiene un régimen jurídico que está vigente y si hay reforma, esta debe ser para todas las entidades, no sólo para la Fiscalía. Lo que debe suceder es que se fijen los límites a la contratación directa, para saber desde qué monto se puede contratar directamente. 

3) El Fiscal debe tener un control por parte del organismo de la Comisión de Gobierno Judicial que se creó, por lo menos mientras haga parte de la Rama Judicial. Si llegará a pasar al Ejecutivo, su control debería ser de la Contraloría. 

4) La investigación en contexto no ha servido para nada. Sus resultados han sido pobres, pálidos y precarios. 

5) Esa es una decisión del fuero interno; cada quien se comporta como su conciencia se lo indica.

Los últimos líos

 

Osorio y el paramilitarismo

El fiscal general Luis Camilo Osorio (2001-2005) fue señalado de permitir la penetración del paramilitarismo en la Fiscalía por el manejo de procesos de desmovilización en los gobiernos Pastrana y Uribe y la implementación de la Ley de Justicia y Paz

 Apoyos y 'brujo' de Mario Iguarán

 El fiscal general Mario Iguarán (2005-2009) fue señalado por Jorge Ignacio Pretelt, magistrado de la Corte Constitucional, de recibir apoyo político de los paramilitares para ser ternado al cargo en el  2005. Luego, el vicefiscal Armando Otálora y la directora de Fiscalías Janny Jalal renunciaron al conocerse que  recibieron apoyo del mentalista Armado Martí, ‘El Brujo’, quien tenía acceso a información privilegiada de la cúpula de la Fiscalía.

 Interinidad de Mendoza 

El vicefiscal general Guillermo Mendoza (2009-2011) asumió el cargo de titular interino por la imposibilidad de elegir al sucesor de Iguarán. Fue el momento más álgido de la disputa del presidente Uribe con las altas cortes y se rechazaron dos terna

 Renuncia de Viviane Morales

La fiscal general Viviane Morales (2011-2012) tuvo que renunciar  cuando se supo que, tras una separación de tres años, había reiniciado su relación sentimental con el controvertido exsenador Carlos Alonso Lucio.

 Zamora y los Nule

La fiscal (e) Martha Lucía Zamora (2012) aceptó un preacuerdo muy criticado con los empresarios Nule, que defraudaron a Bogotá.

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