Defensoría del Pueblo le solicita al Gobierno Nacional proteger la población civil del Norte del Cauca

El defensor nacional del Pueblo, Carlos Camargo, le envió una carta al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, insistiendo en que se convoque a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat).

El objetivo de Camargo, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, es abordar “la grave situación de riesgo y amenaza” que afecta a las comunidades de Miranda, Corinto, Caloto, Toribío, Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Caldono, Jambaló, Puerto Tejada, Padilla, Villa Rica y Guachené, en el norte del Cauca.

”Los riesgos se han ido materializando en hechos vulneratorios de derechos, conductas que hemos venido dando a conocer en seis de nuestras Alertas Tempranas emitidas en los últimos tres años y sus posteriores oficios de consumación”, aseguró el funcionario.

En 2023 la entidad emitió tres alertas tempranas para el norte del departamento, pues, según lo registrado por su personal en terreno, el bloque occidental Jacobo Arenas, del autodenominado Estado Mayor Central, la disidencia más grande de las Farc, se ha afianzado, al parecer, por el cese al fuego que sostuvo con el gobierno Petro.

”En la actualidad, los ataques y afectaciones de los grupos armados ilegales parecen estar dirigidos contra la población civil como forma de presión para que no permita la presencia estatal, especialmente de la Fuerza Pública en zonas rurales”, agregó Camargo.

En lo corrido de 2024, el ente humanitario ha registrado 23 casos de reclutamiento forzado en todo el Cauca. De ellos, al menos nueve se presentaron en el norte del departamento. El año pasado se obtuvieron reportes de 153 niños, niñas y adolescentes indígenas reclutados o con amenaza de ser reclutados en esa zona.

Para la Defensoría, la suspensión del cese al fuego en tres departamentos, incluyendo a Cauca, hace “posible” que se incremente la instalación de campos minados, la ejecución de homicidios, el reclutamiento forzado y la instrumentalización de la población civil.

El peligro para los liderazgos sociales y las diferentes formas de defensa de derechos humanos se ha concretado este año con al menos cinco lideresas y líderes asesinados. El caso más reciente ocurrió el 22 de marzo, cuando fue asesinado Álvaro Morales, presidente de la Junta de Acción Comunal de Ortega, de Cajibío.

”Así mismo, los grupos armados ilegales vienen utilizando las asonadas como estrategia para seguir delinquiendo, aprovechan el control y coerción que ejercen sobre las comunidades”, explicó Camargo, detallando que los armados suplantan las funciones del Estado.

El órgano constitucional ha evidenciado la “preocupación” expresada por la población civil por las “formas de regulación de la vida social, económica, cultural y política”, puesto que el uso de la fuerza de parte del Estado Mayor Central, el ELN y las bandas criminales del sector ha llevado brutales formas de control social en las comunidades.

Las alianzas de la criminalidad urbana con los grupos subversivos, como el Estado Mayor Central y el ELN, ha creado factores de amenaza para quienes habitan el norte del Cauca, que van desde el cobro ilegal de “impuestos” hasta el confinamiento masivo.

*Con información de Colprensa