Baja ejecución de recursos en la implementación del Acuerdo de Paz, advierte la Procuraduría

En el quinto Informe de Seguimiento al Acuerdo de Paz presentado ante el Congreso de la República, la Procuraduría General de la Nación señaló preocupaciones significativas en la implementación de los compromisos, destacando la baja ejecución de recursos en temas de género y los riesgos para las defensoras de derechos humanos.

Según el informe, el punto 1 del Acuerdo, que aborda la Reforma Rural Integral, muestra un cumplimiento del 0,65% de la meta de adjudicación de tres millones de hectáreas. También destacó que el 44,9% de los siete millones de hectáreas formalizadas presentan desafíos, junto con la falta de ejecución de proyectos por más de un billón de pesos del presupuesto general de la Nación 2022 destinado a este punto.

El órgano de control alertó sobre 184 proyectos de inversión con avances inferiores al 25% y 109 proyectos con avances inferiores al 50% instando a un impulso adicional para garantizar una ejecución efectiva.

En cuanto a la reincorporación de firmantes del Acuerdo a la vida civil, la Procuraduría resaltó la necesidad de mejorar la atención en salud, fortalecer proyectos productivos y garantizar la sostenibilidad.

También hizo un llamado de atención a los alcaldes salientes de los municipios incluidos en el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, para que antes de terminar sus mandatos presenten sus informes de rendición de cuentas sobre la implementación de las iniciativas contempladas en el plan.

Atención en salud a los firmantes del Acuerdo

Sobre los avances en el programa de reincorporación a la vida civil de los firmantes del Acuerdo, indicó que se debe mejorar la atención en salud, especialmente la dirigida a personas con condiciones de discapacidad, así como fortalecer los proyectos productivos para que los mismos tengan garantías de sostenibilidad y se incorpore el enfoque diferencial en la oferta educativa.

Respecto a las condiciones de seguridad de los firmantes, alertó “sobre la persistencia del riesgo y afectaciones contra las personas en proceso de reincorporación, por lo que se enfatiza la importancia de la reactivación y racionalización de todos los componentes del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política -SISEP-”.

La Procuraduría precisó que menos del 1 % de las familias vinculadas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito han completado la ruta de atención, y solo un 2,4 % tienen comprometida la totalidad de los 19 millones de pesos destinados para el desarrollo de sus proyectos productivos.

Aquí la entidad subraya la importancia de comprometer los recursos destinados para el desarrollo de proyectos productivos.

Planes regionales de búsqueda de personas desaparecidas

Con relación a las víctimas del conflicto, advirtió sobre la necesidad de aprobar el Plan Nacional de Acción en Derecho Humanos, así como presentar la segunda parte del Plan de Búsqueda y la implementación de 29 planes regionales de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Respecto a este último tema, resaltó la importancia de que se priorice la implementación y estabilización de la funcionalidad del sistema de información ‘Busquemos’, que permitirá consultar en qué se encuentran los procesos de búsqueda.

Sobre el avance físico de proyectos de inversión con recursos de regalías, el órgano de control señaló que existen 184 proyectos por 2,06 billones de pesos, y otros 109 por 1,4 billones de pesos, que presentan avances inferiores al 25 % y al 50 %, respectivamente, los cuales deben recibir un mayor impulso para lograr mayores avances en su ejecución.

Finalmente, la Procuraduría hizo un llamado al Gobierno nacional para que el Comité de Seguimiento y Monitoreo a la Implementación de las Recomendaciones de la Comisión de la Verdad cuente con los recursos necesarios para dar cumplimiento a sus funciones y, asimismo, pueda desplegar acciones de divulgación del Informe Final presentado por la misma comisión.