Magistrados del CNE decidirían, esta semana, futuro de investigación a campaña presidencial de Gustavo Petro

El Consejo Nacional Electoral, CNE, se prepara para una votación que podría definir el futuro de la investigación por presunta violación de topes de gasto en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El próximo jueves 14 de agosto, los nueve magistrados de la sala plena se reunirán a puerta cerrada para debatir y votar la ponencia final elaborada por Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático, responsables del expediente.

La investigación busca establecer si la campaña de Petro excedió los límites de financiación establecidos por la ley.

De confirmarse la irregularidad, el organismo tendría que definir si impone sanciones a miembros del equipo electoral del hoy presidente, excluyendo al mandatario, pues la Corte Constitucional determinó que solo la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede investigarlo.

Sin embargo, el caso enfrenta un obstáculo central: el tiempo.

La ley otorga al CNE un plazo máximo de tres años para concluir este tipo de procesos, y según los partidos de gobierno, ese término ya venció tanto para la primera como para la segunda vuelta presidencial.

Integrantes del Pacto Histórico sostienen que nunca se suspendió formalmente la investigación, lo que impediría cualquier extensión de plazos.

Valora Analitik estima que al menos cuatro magistrados —Álvaro Echeverry, Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Altus Baquero— compartirían esa interpretación y consideran jurídicamente inviable emitir una decisión de fondo.

En contraste, Ortiz y Prada argumentan que el proceso se vio interrumpido por pausas institucionales que deben contarse a la hora de calcular los términos, lo que, a su juicio, mantiene vigente la facultad del CNE para decidir. Su ponencia, que estaría lista para radicarse formalmente días antes de la sesión, insistiría en que sí hubo violación de topes y que se deben aplicar sanciones.

Antes de entrar al debate de fondo, la sala plena deberá votar las recusaciones presentadas contra algunos magistrados. Solo después se pasaría a discutir la ponencia y el dilema sobre si el caso debe archivarse o continuar.

Cualquiera que sea la decisión, el proceso podría no terminar ahí. Si la mayoría respalda la postura de Ortiz y Prada, la defensa de la campaña presidencial podría acudir nuevamente a las altas cortes, como ya lo hizo en el pasado para limitar el alcance de la investigación del CNE.

Por el contrario, si se archiva por caducidad, sectores de oposición podrían cuestionar la medida como un debilitamiento del control al financiamiento electoral.