“En medio de escándalos, es imposible sacar reformas”: analistas sobre posible vínculo de presidentes de Senado y Cámara en el entramado de la Ungrd

Solicitudes de aplazamiento y proposiciones para que no se debatan proyectos del Gobierno, además de llamados para que los presidentes de Cámara y Senado renuncien, son algunos ecos del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, en el Congreso.

De hecho, tras conocerse que Iván Name y Andrés Calle, las cabezas del Legislativo, fueron señalados de haber recibido $ 3000 millones $ 1000 millones, respectivamente, de recursos provenientes de la Unidad, para que, según se ha denunciado, favorecieran la aprobación de las reformas propuestas por el Ejecutivo, algunas voces han asegurado que se ‘adelantó’ el cierre del periodo de sesiones parlamentarias, programado para el 20 de junio.

“Hay gran desconfianza en la discusión de los proyectos del Gobierno, a raíz de las denuncias de propios funcionarios contra congresistas. Este panorama limita las posibilidades del Ejecutivo para aprobar las iniciativas”, dice el representante por el Centro Democrático Christian Garcés.

En su opinión, Name y Calle no deberían dirigir las plenarias cuando se estén debatiendo iniciativas impulsadas por la Casa de Nariño, tales como la reforma pensional o el nuevo proyecto sobre salud que espera radicar el Ejecutivo con mensaje de urgencia, porque estas “exigen una mayor transparencia pública, comunicación e información para que el debate sea técnico”.

A su vez, la politóloga Nury Gómez cree que “en siete semanas, en medio de escándalos, intereses y ocupaciones legislativas, es imposible lograr sacar algunos de los proyectos de ley, y más con la actitud de opositores para abstenerse o sabotear las votaciones”.

Y el docente de la Universidad de la Sabana, Juan Nicolás Garzón, dice que el escándalo de la Ungrd “crea unas condiciones más adversas para que la Administración pueda sacar adelante las reformas, especialmente frente a ciertos grupos políticos que van a estar muy pendientes y van a insistir mucho o van a utilizarlo para hacer oposición”.

Lo cierto es que la semana pasada varios congresistas presentaron proposiciones para evitar que se discutieran proyectos impulsados por el Ejecutivo, como en efecto se aprobó en la plenaria del miércoles en la Cámara, tras conocerse la ponencia del Consejo Nacional Electoral que pide investigar al presidente Petro por supuestas anomalías en su campaña.

De igual forma, el martes, en la sesión posterior a que se publicara la entrevista de la revista Semana en la que el exsubdirector de la Ungrd Sneyder Pinilla salpicó al presidente del Congreso, los integrantes de esa corporación se tomaron cuatro horas para hablar del escándalo, hasta que el liberal Miguel Ángel Pinto preguntó si iba a haber plenaria como tal o no.

A eso se suma que los representantes Catherine Juvinao, Jennifer Pedraza, Cristian Avendaño, Leider Vásquez y Andrés Cancimance firmaron una carta en la que solicitan formalmente la dimisión del presidente de la Cámara para “defender la democracia y la institucionalidad”.

“El Congreso de la República debe responderle al país ante las denuncias de presunta corrupción con los recursos del agua y la alimentación de La Guajira. De lo contrario, continuaremos con la mayor desfavorabilidad de todas las instituciones públicas ante los ojos de la ciudadanía”, escribieron.

De su lado, la Misión de Observación Electoral, MOE, apoyó las solicitudes en contra también de Name y sugirió que quienes ocupen sus lugares “sean quienes están de segundos, o en un acuerdo político urgente; se necesita que haya una presidencia ad hoc para la negociación, por lo menos de aquí a que termine la legislatura”, según dijo su directora, Alejandra Barrios.

Como si fuera poco, los partidos a los que pertenecen las cabezas del Legislativo también hicieron reparos a sus permanencia en esas dignidades.

Por el lado de la Alianza Verde no solo se anunció la creación de una subcomisión para que investigue el entramado que involucra a su militante Iván Name, sino que los ex alcaldes Antanas Mockus y Claudia López renunciaron a esa colectividad en rechazo a los hechos.

Y el Consejo Nacional de Control Ético del Partido Liberal abrió una indagación en contra del integrante de esa fuerza política, Andrés Calle.

Pero a la par con esta presión en contra de los presidentes del Congreso, que sin duda contribuye a que se retrase aún más la agenda legislativa, incluida la que impulsa el Ejecutivo, el magistrado de la Sala Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Farfán, abrió una indagación preliminar en contra de ellos.

Las consecuencias para el Gobierno

“De todas maneras, el Gobierno sabía de antemano que las condiciones para sacar adelante todo ese paquete de reformas eran difíciles, tanto por tiempos como por el margen de maniobra política y por capacidad de interlocución con el Congreso”, dice el profesor Garzón. Y añade que, en el caso de la pensional, “creo que es la iniciativa que mejor panorama podría tener para la Casa de Nariño, en la medida en que ya superó el Senado”.

Sin embargo, advierte que durante el trámite de este proyecto de ley por la Cámara de Representantes, donde ya fue radicado y se nombraron sus ponentes, a pesar de que las mayorías están con el presidente Gustavo Petro, algunos congresistas podrían apartarse de él, debido al escándalo de la Ungrd.

“Especialmente lo que puede enredar a la reforma pensional es la respuesta que muy rápidamente dio el Mandatario después de que ya se había aprobado en Senado, cuando planteó la necesidad de bajar el umbral de salarios mínimos de 2,3 a 4, lo cual genera una modificación importante de lo que se había conciliado, y que había logrado el respaldo de los liberales”, añade.

Para el representante Garcés, está claro que el Gobierno no tiene mayorías ni en la Cámara ni en el Senado y, “ante la información de que a algunos congresistas les ha llegado dineros para corromperlos y garantizar la aprobación de los proyectos, esto genera que el Ejecutivo no tenga la capacidad para impulsar las iniciativas”.

Por ello, sentenció: “La reforma pensional tiene sus días contados, el trámite está lento y las demás reformas están prácticamente paralizadas”.

Sin embargo, en concepto de la politóloga Gómez, pese a ser una dificultad para el Legislativo, los escándalos que están sacudiendo al Congreso y al propio Gobierno, pueden ser una salida táctica para el Ejecutivo.

“Es decir, puede recurrir a medidas ‘de emergencia’ para acelerar la implementación de las reformas sociales, vía de hechos con implosión de las instituciones”, plantea.

De otro lado, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, considera que “la oposición está obsesionada con que al presidente Petro le vaya mal. Entonces, va a hacer todo el esfuerzo para hacer ‘jugaditas’ para que no avancen las reformas sociales”.

Según él, los llamados para detener el trámite legislativo de los proyectos bandera de la Casa de Nariño “no pasan necesariamente por el escándalo de la Ungrd, porque precisamente ha sido el Mandatario quien ha tomado medidas urgentes y drásticas para tratar de contrarrestar los efectos de esos grupos criminales de corrupción”.

“Vamos a buscar maneras de hacer mayorías con colegas de otros partidos para avanzar. Por supuesto que las iniciativas siempre estarán en riesgo, porque sabemos que son reformas no para favorecer los bolsillos de multinacionales ni banqueros, sino para garantizar el derecho a la ciudadanía”, anotó.

Y sobre la nueva reforma a la salud, el representante por la Alianza Verde Duvalier Sánchez sostuvo “que la sola polémica por radicarla con mensaje de urgencia va a desgastar el debate y se va a acumular en las comisiones séptimas esa discusión con el debate de la reforma laboral y la reforma pensional.

“Es inconveniente acumular tantas discusiones, cuando ni siquiera se le ha dado trámite a las que ya están en camino”, manifestó el vallecaucano.

Y su copartidaria Juviano agregó: “Esto es un disparate. ¿Alguien cree que una reforma a la salud se puede aprobar en tres semanas? Si Petro sabe que eso es irreal y absurdo, ¿por qué lo hace? Para victimizarse y decir que ‘el sistema’ no lo dejó. Qué actitud más infantil, qué falta de seriedad”.