Crisis humanitaria en Colombia

La paz parece estar cada vez más lejos de la vida cotidiana de los colombianos, especialmente de aquellos que habitan en los lugares más apartados de la geografía nacional.

Es una realidad que el país urbano conoce por las noticias que día a día dan cuenta de hechos violentos ocurridos en Cauca, Nariño, Catatumbo, Bolívar o Caquetá, para mencionar solo algunas zonas afectadas por ellos.

Sin embargo, ya es tiempo de que el Estado entero, incluidos el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública, el aparato judicial y la sociedad civil, tomen conciencia del sufrimiento al que está siendo sometida la población en muchos rincones del país.

El homicidio, la desaparición, el desplazamiento, el confinamiento, la violencia sexual y el reclutamiento de menores de edad por grupos armados ilegales se registra de manera más frecuente en muchas comunidades.

Así lo corrobora el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, Cicr, correspondiente al primer semestre de 2025, en el que sostiene que “la situación humanitaria en Colombia se agravó considerablemente, con consecuencias cada vez más severas para la población civil”.

También afirma que el impacto de la violencia superó lo registrado en el mismo periodo de 2024 y alerta que, si esa tendencia sigue, este 2025 cerrará como el año con las peores condiciones humanitarias de la última década.

Por supuesto, el Cicr sustenta tan lamentables afirmaciones con cifras. Entre enero y mayo, registró 524 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, lo que representa un alza del 145 % frente al mismo periodo de 2024. El 70 % de las víctimas correspondió a civiles, incluidos 56 menores de edad, y en el Cauca se concentraron el 55 % de los casos.

Eso para mencionar uno solo de los crímenes que afectan a muchos colombianos, también golpeados por el confinamiento, que este año ha aquejado a 85.760 personas en trece departamentos, lo que no se registraba desde el auge de las Farc y las AUC.

Igual sucede con el desplazamiento masivo, que subió un 117 % en relación con el primer semestre de 2024, y con otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario que llaman a la urgente reflexión sobre cómo están escalando los conflictos armados en el país, sin que ello genere acciones contundentes en favor de los afectados.

Por eso, ahora que el Gobierno de Gustavo Petro anuncia un nuevo frente de negociación con otra organización ilegal, esta vez el Clan del Golfo, es momento de exigirle resultados de la política de Paz Total, con la que prometió devolverle la tranquilidad a los colombianos, y especialmente a quienes habitan en las zonas rurales.

Una promesa con la cual evidentemente el Ejecutivo sigue en deuda, después de abrir varios espacios de conversación con distintos grupos armados y bandas criminales que no han llevado a nada diferente que a favorecer el empoderamiento de esos actores ilegales en los territorios donde el Estado colombiano sigue ausente.

En lugar de anunciar mesas de diálogo que no tienen ninguna base jurídica, esta Administración debería dedicar su último año a ejecutar el Acuerdo de Paz de 2016, que tiene las herramientas para darle una oportunidad a los sectores más golpeados por la violencia en Colombia.

Pero justo ese es otro de los incumplimientos de un gobierno que le acabó de robar a muchos compatriotas la ilusión de vivir de manera pacífica y lejos de las economías ilícitas.