¿Quién pagará por la Atención Primaria en Salud?

La implantación de un nuevo enfoque del sistema de salud basado en la Atención Primaria en Salud (APS), es uno de los objetivos centrales del decreto 0858, el cual ha sido criticado porque es un intento del gobierno para realizar algunos de los cambios de su proyecto de reforma eludiendo el debate en el Congreso.

Hay que reconocer que el objetivo de la APS es muy válido y necesario para lograr un sistema de salud universal sostenible: se trata de fortalecer el rol del primer nivel de atención a los pacientes, enfocándose en la prevención, predicción y resolución temprana de los problemas de salud, lo cual debe reducir los costos del sistema. Sin embargo, tiene una grave falencia: no dice de dónde va a salir la plata para financiar su implantación.

De hecho el problema de fondo del sistema de salud en Colombia es que, aquí como en todos los países del mundo, no hay plata suficiente para garantizar el derecho universal a la salud y atender la creciente demanda de servicios, consultas y procedimientos de una población cada vez más envejecida y que exige las últimas tecnologías y medicamentos sin importar su costo. Máxime cuando una parte de los recursos disponibles se pierden en procedimientos innecesarios o inútiles, o por corrupción de los distintos actores del sistema.

El hueco financiero del sistema de salud viene desde hace muchos años, y se han intentado sin éxito varias fórmulas para solucionarlo. La equivocación de este gobierno fue creer que las EPS eran las que se quedaban con la plata, de manera que acabando con ellas aparecerían los recursos faltantes. Los malos resultados de la intervención de muchas EPS han demostrado que ese no era el problema, pues hoy la mayoría de la población está en EPS administradas por el gobierno, y en todas ellas han aumentado las deudas con los prestadores de servicios, es decir, que falta más plata que antes.

También hay un error de diagnóstico en la propuesta de financiación de la APS, que según los estimativos del Ministerio de Hacienda puede costar unos $19 billones el primer año, además de que se pretende -con toda justicia- la formalización de todo el personal del sistema de salud, lo cual puede costar unos $9 billones adicionales según se dijo en la exposición de los motivos del proyecto de reforma.

Según la propuesta del gobierno esos $19 billones deben salir de la gran bolsa de recursos de la UPC, los aportes del presupuesto nacional y del Sistema General de Participaciones, sin que eso signifique desfinanciar al sistema, pues con la APS se deben disminuir los costos de atención de mediana y alta complejidad. Es cierto, pero se olvida el detalle de que los costos de implementación de la APS son inmediatos, mientras que los beneficios de reducción de atención a enfermedades solo se verán en el mediano y largo plazo.

En efecto, la apertura de centros y puestos de salud urbanos y rurales, el mejoramiento de infraestructura, dotación y tecnología para los Centros de Atención Primaria o la implementación de los Equipos de Salud Territoriales, son gastos que se deben realizar en un período de 2 a 3 años, mientras que la reducción de enfermedades por los beneficios del nuevo sistema solo se logrará en décadas. ¿De dónde va a salir la plata para implementar la APS?