Sigue en el limbo el desmonte de las obras irregulares en La Sagrada Familia, ¿por qué no se avanza?

Por Gerson David Hincapié, periodista de Cali

Esta semana se sumó un nuevo capítulo al pleito entre la Alcaldía y la constructora Jero SAS, luego de que la Administración empezara el desmonte de una parte de las obras que fueron ejecutadas en el antiguo colegio de La Sagrada Familia.

Al sitio se dirigieron el Inspector de Policía de la Comuna 3 de Cali, funcionarios de la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control y otras entidades de la Alcaldía y un delegado de la Procuraduría.

“El propietario (del predio) no había permitido el ingreso, hasta esta semana el Inspector 3 ordenó el ingreso, inició la audiencia y lo primero que hizo fue ver si se adecuaron las instalaciones a la medida correctiva o no”, explicó el subsecretario de Acceso a los Servicios de Justicia de Cali, César Lemos Posso.

Este pleito arrastra varios años. La Alcaldía en el 2013 le autorizó a Jero SAS desarrollar algunas construcciones en lo que era el colegio de La Sagrada Familia para convertirlo en un complejo hotelero y comercial.

Estas obras correspondían a dos sótanos y un edificio de cinco pisos, lo que se traducía en espacios para 22 establecimientos comerciales y 113 parqueaderos. La firma que desarrolló los trabajos se excedió en los pisos permitidos para dar lugar a 58 locales y 120 lugares de estacionamiento.

Aunque la Alcaldía en su momento le pidió a Jero SAS desmontar lo adicional, esto no ocurrió, razón que llevó al inicio de procesos jurídicos que se mantienen hasta la actualidad.

“La norma dice que el desmonte lo tiene que hacer el infractor, en caso de que no lo haga se aplicarán las sanciones correspondientes y la Administración procederá a realizar el desmonte por su cuenta. Son varias las actividades que se iban a desplegar en cumplimiento de estas medidas correctivas”, señaló Lemos.

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad y Justicia informó que solo se lograron demoler “algunas partes internas”, es decir, algunos muros que habían sido edificados por Jero SAS adentro del antiguo colegio.

La razón es que la demolición principal es en la parte de la gran estructura metálica que se logra divisar sin problema desde los alrededores del predio, pero este trabajo requiere de una “maquinaria especializada” que no se tiene disponible. Tanto así que se requiere formular un proyecto de inversión para disponer los recursos que permitan completar la diligencia.

“Una vez se verificó si había adecuación o no, la Unidad de Apoyo a la Gestión tiene la información para formular el proyecto de inversión, hacer el desmonte y, en una diligencia posterior, terminar de materializar la medida correctiva”, complemento el subsecretario Lemos.

Desde la defensa jurídica de la firma Jero SAS manifestaron que este es un procedimiento ilegal e inconstitucional. “El Inspector no es competente por Ley para conocer sobre bienes de interés cultural, no puede adelantar un proceso de demolición”, señaló el abogado Hernando Morales.

Además, recordó los silencios administrativos de la Alcaldía cuando se solicitó aprobar las obras adicionales hace varios años. “Lo que hicieron fue hacer la payasada, allanaron de manera ilegal, rompieron cadenas y ya, entró un montón de gente no sé a qué”, dijo.

El jurista presentó denuncias contra el Inspector de la Comuna 3 y el Subsecretario Lemos por la intervención.

Sin embargo, el abogado urbanista Julián Bonilla aseguró que todo está enmarcado en la legalidad, ya que los hechos del proceso son anteriores al Código de Policía (la Ley a la que hace alusión el abogado Hernando Morales).

“Lo que hizo la Alcaldía es un pequeño acto con el que se evitan un delito y faltas disciplinarias. El acto administrativo no necesita sentencia para aplicarlo, tiene el poder de ser exigible y de hacerse cumplir”, aseveró Julián Bonilla.