Personas LGBTIQ+: retos y avances en Colombia

Por David Matos, periodista de El País.

El informe ‘Incontables: sin registro no hay memoria’, publicado por la corporación Caribe Afirmativo precisó las distintas violencias por prejuicios a las que son víctimas las personas en Colombia por tener una orientación sexual, identidad de género o expresión de género diversas.

Estas violencias, estructuradas en el informe como homicidios, feminicidios, violencia sexual, violencia policial y amenazas por actos de discriminación y hostigamiento hacen parte de un contexto de estigma y discriminación en Colombia que dificultan a las personas materializar proyectos exitosos de vida.

La corporación registró 156 homicidios y feminicidios de personas LGBTIQ+ durante  2023 en el territorio, lo que se traduce en que cada 56 horas se cometió un asesinato contra esta población. El Valle del Cauca continúa siendo por segundo año consecutivo el departamento más complejo para las personas LGBTIQ+,con 33 homicidios y feminicidios, seguido por Antioquia (20), Atlántico (13), Bogotá (12) y Sucre (9) como los territorios con las cifras más elevadas.

Las personas con experiencias de vida trans son quienes continúan registrando el mayor número de violencias con 46 personas asesinadas (41 mujeres trans, 3 hombres trans y 2 personas binarias), 46 hombres gais, 31 hombres bisexuales, 12 mujeres lesbianas, 1 mujer bisexual y 20 personas LGBTIQ+ sin identificar.

El estigma y la discriminación que vive la población LGBTIQ+ en Colombia promueven las violencias por prejuicio y dificultan que estas personas puedan materializar proyectos exitosos de vida.

En 2023 se registraron 2.333 casos de amenazas individuales siendo 503 hombres homosexuales los más afectados. Representantes de esta corporación expresaron su preocupación frente a las amenazas que también afectan a mujeres lesbianas (297), hombres bisexuales (251), mujeres bisexuales (204) y mujeres trans (101), puesto que esta violencia en particular representa una antesala para otro tipo de violencias contra estas personas. 53 personas procedentes de Venezuela fueron víctimas de amenazas.

Bogotá registró el mayor número de casos con 289 víctimas, mientras que Valle del Cauca ocupó el segundo lugar con 262, y Antioquia con 256.

Acceda al informe completo haciendo clic aquí: Incontables, sin registro no hay memoria.

El informe señaló que parte de la data recopilada por los organismos competentes en investigar los diferentes tipos de violencia contra la población LGBTIQ+ no especificaron la orientación sexual ni la identidad de género de las personas afectadas.

Colombia se convirtió en el principal país receptor de personas migrantes procedentes de Venezuela. Esta realidad no las excluye de las violencias registradas que develan una doble afectación por el hecho de ser migrantes y quienes se identifican como personas homosexuales, bisexuales, transexuales, entre otros.

Hace años Colombia tiene garantías en beneficio de las personas LGBTIQ+, como la aprobación del matrimonio igualitario en 2016, la adopción entre parejas del mismo sexo en 2015 y la Ley 2893 de 2011 que delega al Ministerio de Interior la promoción y salvaguarda a la asistencia con enfoque diferencial hacia la población lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual para el pleno ejercicio de sus libertades y derechos.

Sin embargo, las normas se están quedando en el papel.

Caribe Afirmativo precisó que de los 156 homicidios perpetrados en contra de personas LGBTIQ+ durante 2023 en el país, 7 (4.3%) fueron contra personas migrantes procedentes de Venezuela, (4 mujeres trans, 2 hombres bisexuales y persona sin identificar) lo que develó una disminución de 50% de los 14 asesinatos sucedidos en 2022. No obstante, la doble afectación que envuelve a estas personas demuestran cómo se encuentran expuestas a un peligro mayor, debido a la falta de oportunidades por razones de identidad sexual y de género, y la discriminación por su origen nacional.

Wilson Castañeda, director de esta corporación, explica que las personas LGBTIQ+ que migran desde Venezuela hacia Colombia lo hacen esperando encontrar garantías que les permita vivir como personas diversas en los territorios de acogida, pero asegura que existen distorsiones evidentes entre las normas que se aprueban y las que se ejecutan.

El informe ‘Perfiles migratorios de personas venezolanas LGBTI+’ promovido por Caribe Afirmativo en 2022, recopiló información sobre esta población y su exposición a siete situaciones de riesgo y vulnerabilidad durante su proceso de integración social: 1) vulneraciones asociadas a la identidad sexual, 2) acceso a servicios de salud, 3) acceso a servicios de justicia, 4) vulneración de derechos, 5) discriminación sexual y de género, 6) discriminación por origen nacional y 7) los impactos y afectaciones emocionales.

Las violencias registradas en las principales ciudades y distritos especiales del país demuestran que las acciones discriminatorias y las violencias por prejuicio demandan que los sectores públicos y privados, la academia, la sociedad civil y la ciudadanía implementen y promuevan disposiciones en garantía de la protección integral de los derechos fundamentales de las personas LGBTIQ+, así como sanciones firmes y severas para quienes realicen la agresión.

Castañeda destaca la creación de la directiva para investigar la violencia por prejuicio motivada por orientación sexual, identidad y expresión de género, La Fiscalía General de la Nación se constituyó en 2023 como la única en América que tiene las herramientas para investigar la violencia contra las personas LGBTIQ+.

Esta corporación también celebró la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) de personas dadas por desaparecidas con el decreto 0532 del 29 de abril de 2024.

A partir de la incorporación del enfoque de género en los procesos de búsqueda durante la administración anterior y la implementación del SNB, el Estado colombiano puede vincular a distintos sectores en las labores de búsqueda y garantizar que la historia de las personas LGBTQ+ que son encontradas sin vida en el contexto del conflicto armado, también pueda tener un cierre entre sus familiares y los círculos sociales a los que pertenecieron.

Hacia dónde vamos

Luis Felipe Rodríguez, coordinador de la Oficina de Diversidad Sexual y Género de la Alcaldía de Cali, explicó que Colombia cuenta con 98 sentencias de la Corte que reconocen los derechos de la población LGBTIQ+, haciéndolo un país vanguardista en términos de reconocimiento. No obstante, existen notarías que no tienen formatos para matrimonios del mismo sexo, o peor aún, hay funcionarios que no reconocen la sentencia que garantiza este y otro tipo de derechos.

“Existe la creencia errada de que la información sobre la diversidad sexual y de género hace vulnerables a las personas heterosexuales, cuando la pedagogía demuestra que la comprensión de los distintos grupos existentes nos permite entender que estas personas hacen parte de la sociedad y, por ende, comparten los mismos derechos”, dijo.

El 10 de abril el funcionario Ramiro Flórez Torres fue inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos, luego de que en calidad de Juez Décimo Civil Municipal de Cartagena se negara a casar a dos mujeres, una colombiana y una venezolana, a finales de agosto de 2020 por razones morales y principios religiosos. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar determinó la sanción, que muchos calificaron como histórica, al juez por  “desatender sus deberes y vulnerar el derecho de acceso a la justicia”.

El Coordinador de la Oficina de Diversidad Sexual y Género en Cali enfatizó en el compromiso que desde la Secretaría de Bienestar Social de la ciudad y otros 15 organismos debe materializarse para cumplir con los indicadores de la Política Pública ‘Cali Diversidad’ y que desde 2019 establece la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de esta población.

Rodríguez adelanta acciones con Mauricio Noguera, coordinador de la Fiscalía para investigar las violencias contra la población LGBTIQ+ y garantizar la atención presencial con personal capacitado en enfoque diferencial en el Centro de Atención de ‘Cali Diversidad’, ubicado en el barrio Juanambú. De igual manera,  adelanta diálogos con la Registraduría Nacional, SISBËN y entidades universitarias, como el Instituto Departamental de Bellas Artes y el SENA, para realizar acciones y capacitaciones que garanticen oportunidades y disminuyan las brechas existentes.

Para Johana Caicedo, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, la construcción de nuevos referentes de participación y representación con base en el respeto hacia la diversidad es fundamental para promover una sociedad más justa y cohesionada.”La promoción de espacios inclusivos permite a las personas LGBTIQ+ alcanzar un estado de bienestar con el que pueden ser y desarrollarse como seres humanos”, dice.

Caicedo asegura que la exigibilidad de derechos por parte de grupos sociales, y que en su momento fueron reconocidos como minorías, fueron los acontecimientos que lograron grandes transformaciones sociales con el paso del tiempo, como ocurrió con los derechos civiles de las personas afroamericanas.

Cabe destacar que el Plan de Desarrollo 2024-2027  ‘Cali, ciudad pacífica’ enfatiza la atención integral y la participación ciudadana y representativa de las personas LGBTIQ+. En el proyecto de acuerdo destaca, entre las principales necesidades de esta población, “el fortalecimiento y ampliación de medidas y mecanismos de protección y acceso a la justicia para los múltiples casos de violencia por prejuicio a la población LGBTIQ+, acompañado de estrategias de sensibilización y eliminación de dicha discriminación”.

El documento menciona de manera explícita el desarrollo de estudios y caracterizaciones que permitan conocer y priorizar sus intereses y acciones de política pública.

Julieta Osorio Rojas, representante de Caribe Afirmativo para Valle del Cauca, coincide con el director de esta corporación en que existe un impedimento cuando no hay una claridad conceptual que permita a los funcionarios registrar de manera correcta la información relacionada con las denuncias y peticiones con un enfoque diferencial hacia esta población.

Osorio Rojas asegura que las capacitaciones vinculantes dirigidas a los funcionarios públicos son fundamentales, no sólo para garantizar una caracterización correcta, sino también para que las instituciones del Estado respondan a una estrategia con lineamientos articulados entre gobierno nacional y los territorios.

“Lamentablemente, hemos evidenciado que cuando una denuncia llega a las autoridades, no se logra determinar si se trata de personas homosexuales, bisexuales o transexuales… En fin, no podemos entender las particularidades de una violencia que permita a las propias autoridades reconocer las causas estructurales de las distintas violencias contra esta población”, dice.

En este sentido, la defensora de Derechos Humanos, expresa que la ausencia de bases de datos sólidas y sistemas de información con enfoques diferenciados por parte del Estado colombiano impiden el avance en las investigaciones, las cuales son necesarias para dar paso a la formulación de verdaderas políticas públicas integrales en beneficio y protección de todos los ciudadanos.

Esta corporación enfatiza en tres principios básicos para atender las violencia por prejuicio. En primer lugar, identificar las motivaciones y atender las causas estructurales de la violencia y, de esta manera, combatirlas para enfrentar realidades como la pobreza, la falta de oportunidades y el desprecio por razones de identidad y/o orientación sexual y expresión de género diversos.

En segundo lugar, afrontar la violencia desde la prevención, a partir de campañas de comunicación, que enaltezcan el respeto por las diferencias frente al discurso que funcionarios y ciudadanos expresan públicamente en contra de la exigibilidad de derechos de las poblaciones diversas y por último, pero no menos importante, hacer un llamado a la conciencia ciudadana para no ser complacientes frente a este tipo de violencias ni ser cómplices con su silencio.

Los defensores coinciden que el gobierno colombiano debe continuar avanzando en la severidad de las sanciones, inclusive penales, de conductas discriminatorias por ‘razones de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u orientación sexual, discapacidad y demás razones’, tal y como lo establece la Ley 1482 de 2011 y posterior modificación en 2015.