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Carlos Alberto Rojas, secretario de Seguridad de Cali. | Foto: El País

Niños en el crimen: ¿por qué la violencia arrastra a infantes a robar y matar en Cali?

Cada vez más menores de edad protagonizan delitos graves en Cali, entre ellos el homicidio. Crisis de valores familiares y marginalidad, algunas de las causas. En 2019 fueron detenidos 588 adolescentes. Asesinato de hincha del América, el caso más reciente.

16 de febrero de 2020 Por: Redacción de El País

A los 13 años ya pertenecía a una peligrosa pandilla en el oriente de Cali. Y a los 16 contaba con un escalofriante prontuario, pues se le atribuyen al menos 20 homicidios, cuatro de ellos en este año. En ese escenario criminal lo conocían como alias 'Tai'. Creció en el Distrito de Aguablanca sin oportunidades y eso lo llevó quizás a ese lado oscuro que engendró su conducta antisocial.

Hoy alias ‘Tai’ está en un centro de reclusión para menores, tras su captura en enero pasado, y nadie garantiza que no volvería a delinquir apenas cumpla su condena, ya que su sórdido mundo desde muy niño siempre fue el de las calles del barrio El Vergel, donde se convirtió en el líder de la banda 'Los maniceros', dedicada al microtráfico de estupefacientes.

La característica de 'Tai' era pasar desapercibido –como muchos delincuentes juveniles— para no levantar sospechas. Aunque sus vecinos sabían de su peligrosidad, nadie se atrevía a denunciarlo por temor a represalias.

Días antes de su detención, 'Tai' había disparado contra un grupo de personas en una vivienda de su barrio, al parecer, por rencillas personales. Allí murió una persona.

En esa misma línea actuaba alias 'Chinga Harry', que a los 12 años empezó a delinquir. En el 2016 fue capturado como líder de la banda 'Los vampiros', que tenía como epicentro el barrio Petecuy II, en el nororiente de Cali, y a la cual se le atribuyeron al menos 50 homicidios. Y aunque pesaban contra él 12 procesos penales, un juez le dio un polémico beneficio de casa por cárcel.

Pero los días de 'Chinga Harry' en la calle terminaron en el 2017 gracias a que un agente encubierto de la Sijín que se infiltró en su tenebrosa red y con cámaras espías, logró comprobar su accionar criminal. Fue recapturado en la casa de su abuela desde la que dirigía una red de microtráfico.

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Y aunque las autoridades policivas señalan que la participación de adolescentes en Cali y municipios vecinos ha disminuido, el episodio más reciente de violencia juvenil lo protagonizó un menor de 15 años que el sábado 8 de febrero asesinó a puñal al hincha del América, Andrés Carvajal, frente a un condominio residencial en el norte de la ciudad.

El hecho generó una cadena de repudio por la forma dramática en que la víctima murió en plena vía pública, sin que nadie lo auxiliara.

El adolescente homicida –quien residía en el barrio San Carlos— ya había tenido problemas con la justicia. En noviembre del 2019 fue arrestado por hurto, pero quedó en libertad, pues para ser imputado por ese delito debería haber tenido para ese entonces 16 años de edad, según lo consagra la Ley 1098 del 2006 o Código de Infancia y Adolescencia.

Según un investigador de la Dijín de la Policía consultado por El País, el joven había dejado sus estudios y pertenecía a una barra brava.

El padre del muchacho sufrió un shock cuando el juez de garantías remitió a su hijo a un centro de rehabilitación donde estará confinado durante los próximos cuatro años. De no haber aceptado su delito, la pena máxima habría sido de ocho años.

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Una carrera peligrosa

Muchos adolescentes –especialmente en los barrios marginados— “cursan” hoy una carrera delictiva similar a las de alias 'Tai' y alias 'Chinga Harry', que los arrastra a cometer desde hurtos, atracos, extorsiones y fleteo, pasando por microtráfico hasta el homicidio agravado.

Las cifras reflejan el problema. Solo el año pasado 588 jóvenes y adolescentes fueron capturados en la capital del Valle por diferentes delitos, de ellos 11 por homicidio y 21 por porte de armas de fuego. En lo corrido del 2020 van 38 capturas.

El número de homicidios perpetrados por menores de edad presentó una reducción frente al 2018, aunque el panorama sigue siendo muy preocupante para la sociedad caleña por el auge del desplazamiento forzado de familias desde otras regiones que se refugian en 22 de las zonas más vulnerables del Distrito de Aguablanca y asentamientos de las laderas. Pero también hay jóvenes de estratos 3, 4 y 5 inmersos en conductas criminales.

Como una forma de prevenir la violencia juvenil, la Policía tiene el programa “Abre tus ojos” a cargo del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia que opera en Cali.

Se estima que en las zonas más deprimidas actúan unas 70 pandillas integradas por jóvenes entre los 14 y los 24 años de edad que están dispuestos a todo por unos pocos pesos.

De acuerdo con algunos especialistas, los programas de prevención para frenar la violencia juvenil y la rehabilitación en los reformatorios se han quedado cortos, por lo que el fenómeno se ha convertido en un círculo vicioso.

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Hasta el momento se han realizado 30 actividades pedagógicas en las escuelas y colegios de las zonas más vulnerables, dice la subcomisaria Alba Nohra Casanova.

Un origen complejo

Familias disfuncionales o que conviven en un ambiente hostil, donde falta uno de los padres, pobreza extrema, falta de oportunidades (educación, salud y empleo) y los problemas de drogadicción, son en gran medida el caldo de cultivo para las conductas delictivas juveniles.

Así lo confirma la investigadora del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social, Cisalva, y docente de la Universidad del Valle, María Isabel Gutiérrez, quien señala que “hay problemas serios de crianza en los hogares, lo cual se refleja en actitudes muy agresivas por parte de los adolescentes, y en eso también tiene que ver la influencia de las redes sociales”.

Según la experta, el auge de esas conductas también obedece a que el sistema judicial favorece en gran medida la impunidad, y sobre todo el trato a los menores de edad que delinquen. “Si hubiera una justicia más firme, menos laxa y permisiva, esto no pasaría en Colombia”.

A ello, la pedagoga María Eugenia Castro Vinasco, especialista en el manejo de menores difíciles, anota que “frente a esta realidad es urgente revisar cómo se está dando el ejercicio de la autoridad en los hogares”.

Y anota: “Algunas corrientes en psicología dicen que corregir a los hijos es reprimirlos, o crearles traumas. Esta equivocación ha conllevado a una permisividad que altera los procesos pedagógicos para prevenir la desorientación en los jóvenes y evitar que caigan en la desadaptación social y en conductas delictivas”.

El programa ‘Abre tus ojos’ busca concientizar a los jóvenes sobre las implicaciones que representa el porte y tenencia de armas y el expendio de sustancias sicoactivas.

Por culpa de esa desadaptación han transitado los 700 menores que están recluidos hoy en los tres centros de rehabilitación como Valle del Lili, El Trébol y el Buen Pastor, los cuales están a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

De acuerdo con un investigador de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, el 61% de esos jóvenes que están en dichos establecimientos ya alcanzaron la mayoría de edad (de 18 años), pero en razón de sus condenas deben permanecer allí, según lo establece la Ley 1098 del 2006, pues sus delitos los cometieron siendo menores de edad.

Ante la falta de un sistema penitenciario más robusto son conocidas las fugas masivas y los motines en esos establecimientos. Entre 2007 y 2011 huyeron unos mil adolescentes. Solo en el 2010 hubo cinco fugas en una semana. En mayo del 2019 fue frustrado un intento de evasión en el centro Valle del Lili.

Atrapados por el microtráfico

En la mayoría de los casos, los menores que hoy pagan condenas en los reformatorios, cayeron temprano en las garras del el microtráfico por la oportunidad de ganar dinero fácil.Esos adolescentes arriesgan sus vidas a diario, y más si por error atraviesan las llamadas fronteras invisibles o 'líneas' que separan un territorio, o una banda de otra para el expendio de estupefacientes, recalca el investigador de la Dijín.

Otro aspecto muy ligado al narcotráfico es el de las 'oficinas de cobro' y sicariato en las cuales los menores son instrumentalizados para que hagan los 'trabajos' aprovechando las flexibilidades del Código de Infancia y Adolescencia.

Ese fenómeno es una herencia de lo que fue el cartel de Cali que se expandió en los años 1985 y 1989 al configurarse focos que tuvieron como soporte pandillas en zonas como Siloé, El Cortijo y el barrio Alfonso López. Luego esa actividad se tomó a Terrón Colorado y el Distrito de Aguablanca entre 1990 y 1996, donde persiste hasta hoy a través de bandas independientes organizadas.

Según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, “las pandillas son estructuras que aportan parte de los sicarios que le hacen trabajos al narcotráfico y otras organizaciones”.

Últimamente, se ha detectado la presencia, cada vez mayor, de menores que son encargados de cobrar dineros del 'gota a gota' en zonas de ladera, el centro y el oriente. Muchos andan armados y son violentos.
Rehabilitación y penas

Frente a lo que ocurre, el abogado penalista José Antonio Herrera señala que elevar las penas a los menores como una forma de disuadirlos para que no cometan delitos, podría ser una posible solución.

“Hay que promover una reforma para equiparar las penas al mismo nivel de la justicia estadounidense. El código que tenemos data del 2006 y la realidad social es otra hoy”, recalca el jurista caleño.

Otro reconocido abogado, exmagistrado y docente —quien prefirió dejar en reserva su identidad—, destaca que lo ideal es una reforma al Código de Infancia y Adolescencia, pero subraya que “subir las penas sería un debate complejo, ya que Colombia tiene firmados varios tratados internacionales en materia de derechos humanos, que contemplan la protección de la población femenina, los niños y adolescentes”.

Y frente a la rehabilitación de los jóvenes infractores los analistas coinciden en que hay muchas fallas.

La investigadora de Cisalva, María Isabel Gutiérrez, recalca que “algunos centros se han convertido en universidades del delito por la falta de una verdadera política de rehabilitación para resocializar a los jóvenes”.

En ese mismo sentido, opina el abogado Herrera, al señalar que “de esos centros muchos salen graduados como perfectos antisociales. Es una de las grandes fallas del sistema penitenciario colombiano”.

Ellos aluden a que en dichos establecimientos conviven los menores homicidas y autores de otros delitos graves junto a los raponeros o ladrones de poca monta, lo que se convierte en un medio para que muchos aprendan lo peor del crimen.

Así las cosas, mientras la marginalidad y la pobreza persistan, más menores de edad seguirán delinquiendo, rompiendo abruptamente la inocencia de la niñez.

Los casos más sonados en Cali y Colombia

La participación de menores y adolescentes en crímenes que conmocionaron a Cali y a Colombia años atrás, han sido el resultado de fenómenos como el narcotráfico y la descomposición social.

Uno de los episodios más tristemente recordados en Cali fue la masacre que se presentó a finales de noviembre del 2009, cuando una banda atacó a tiros una familia que visitaba una tumba en el Cementerio Central.

En la balacera murieron seis personas —entre ellos uno de los sicarios, un menor de 16 años—. El hecho fue ligado en su momento con una organización ligada al narcotráfico en el Pacífico colombiano.

Igualmente, en julio del 2010, un joven de 17 años asesinó a sangre fría —frente a sus estudiantes— al decano de economía de la Universidad Santiago de Cali, Ebert Mosquera. El joven fue capturado y relató que le pagaron $2 millones por cometer el crimen del catedrático.

En el 2012 otro adolescente violó y asesinó a su progenitora en el barrio Antonio Nariño, y en 2013 un menor de 16 años ultimó a su hijastra con un gancho de ropa en el asentamiento El Valladito.

Asimismo, en febrero del 2017, la Policía capturó en el barrio Floralia a alias ‘Frijolito’, un adolescente de 17 años y a quien se le atribuyen al menos 30 homicidios. Se dedicaba a extorsionar comerciantes, robar vehículos y viviendas, y era el sicario más buscado en el Valle del Cauca.

A alias ‘Frijolito’ se le responsabilizó en noviembre del 2017 del asesinato de una persona en un centro comercial de Cali, a quien remató en el piso. Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

A alias ‘Tai’ y alias ‘Chinga Harry’ también las autoridades los capturaron en 2017 y 2020 como autores de una cadena de homicidios y responsables de microtráfico, extorsión, hurto y porte de armas.

Fenómenos como el narcotráfico y la marginalidad son algunas de las causas del porqué muchos menores de edad se vinculan a peligrosas bandas criminales.

A escala nacional, los crímenes más sonados fueron los del ministro de Justica Rodrigo Lara Bonilla en abril de 1984, a manos de una pareja de sicarios en motocicleta. Uno de ellos era alias ‘Byron’ Velásquez, quien para entonces tenía escasos 14 años de edad. Había sido reclutado por el cartel de Medellín manejado por Pablo Escobar.

Otro homicidio que dejó huella en los colombianos fue el del excandidato presidencial Bernardo Ossa Jaramillo en 1990, también por parte de un menor de 17 años. Tras su captura dijo que cobró $300.000 por cometer el asesinato del líder izquierdista.

Durante la tenebrosa época del cartel de Medellín, esa organización también enganchó a decenas de menores y adolescentes de las comunas más pobres para asesinar a informantes, Policías, periodistas y funcionarios que combatían esa estructura mafiosa.

Pero quizás uno de los peores criminales —también reclutado por Escobar siendo un adolescente— fue Jhon Jairo Velásquez –alias Popeye–, jefe de sicarios del cartel. Aunque estuvo preso varios años quedó en libertad en 2014, pero fue recapturado en mayo del 2018 al comprobarse que continuó delinquiendo.

A ‘Popeye’ se le responsabilizó también de los asesinatos del líder liberal, Luis Carlos Galán, el director de El Espectador, Juan Guillermo Cano y del coronel Franklin Quintero.

Velásquez, quien murió de cáncer el pasado 6 de febrero, confesó que participó en al menos 300 homicidios y coordinó otros 3000, junto a alias ‘Arete’, ‘El Mugre’ y ‘Titi’, Estos últimos viven hoy en España con otras identidades.

Todo ese prontuario criminal empezó desde sus años de juventud.

“Hay que acelerar los programas de prevención”

Para seguir sacando a jóvenes de las calles y evitar que se involucren actos delictivos, la Alcaldía de Cali fortalecerá algunos de los programas vigentes en materia de prevención.

Según el secretario de Seguridad y Justicia Municipal, Carlos Alberto Rojas, “es importante que Cali avance un poco más rápido y acelere la marcha de programas establecidos para que estos no terminen cuando se cierra el ciclo de un Gobierno local, sino que trasciendan más allá, o que sean sostenibles en el tiempo”.

En su concepto, esa oferta institucional ha permitido que “los jóvenes participen porque de alguna manera eso reduce su tiempo libre (en las calles) para involucrarse en otras actividades y sacarlos así del riesgo de la venta de sustancias sicoactivas”.

Rojas reitera que en ese sentido “buscamos trabajar muy duro en esta administración en el tema preventivo, aunque la historia de la violencia juvenil es más o menos la misma hoy”.

Parte de ese fenómeno es latente en las comunas 1,13, 14, 18, 20 y 21 en el oriente de la ciudad, lo mismo que en un grupo de comunas intermedias como las 8, 9, 10, 11 y 12, donde tradicionalmente han existido problemas alrededor del tema de la juventud, aunque en el pasado fueron intervenidas con programas sociales y culturales.

“Diría que en esas comunas los problemas han comenzado a ceder en sus indicadores de violencia, y su población comienza a tener otro tipo de ofertas que la involucran en ciertas dinámicas que son resilientes, o de oportunidades para estos grupos juveniles”.

Precisamente, agrega Rojas, “en las comunas 3 y 4 existe ya se nota el acceso a una oferta de servicios educativos sobre todo a nivel técnico y tecnológico. Eso contribuye a que esos grupos sociales tengan una ventana importante de oportunidades para mejorar sus capacidades e insertarse en la dinámica laboral”.

Responde el ICBF

El director regional del ICBF, Carlos Bravo, señala que hoy la rehabilitación de los jóvenes infractores “busca garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño”.

Anota que “la modalidad a la cual ingresa (el joven) dependerá de la sanción o medida establecida por el juez la cual puede ser una medida privativa o no de la libertad dentro de las cuales se brindan herramientas para el empleo del tiempo libre, la lúdica y garantizar el derecho a la educación, entre otras”.

La entidad no facilitó el dato actualizado de los menores en rehabilitación en los centros.

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