Exclusivo: así es el 'canazo' de 12 horas por violar el Código de Policía en Cali

Un pequeño universo en el oriente de Cali, donde se concentran, por una noche, gran parte de los malos comportamientos de los caleños. El sitio se encuentra ubicado en el complejo deportivo María Isabel Urrutia de Mariano Ramos y su nombre oficial es Centro de Protección de Personas. Allí llegan quienes cometen faltas al Código de Policía como consumo de drogas, participar en peleas y embriagarse en las vías.

Son las 11:20 p.m. de un sábado cualquiera y al complejo llega un camión con 25 hombres arrumados en su volco. Afuera se observan dos filas, donde se encuentran al menos 30 personas, algunas paradas y otras sentadas, que esperan turno para entrar al lugar.

“Me trajeron aquí porque estaba fumando marihuana en un caño donde los olores son... ya te podés imaginar... pero a los policías les preocupa el olor a hierba ¿Cómo le parece? Estoy en estas desde hace cinco horas, primero me meten un comparendo, luego me dicen que tengo que firmar una movilización para traerme acá y por eso me tienen en este viacrucis. Ellos me dicen que es para protegerme... ¿Protegerme de qué? Si yo no tenía armas ni nada... solamente me estaba fumando un bareto”, dice José Gregorio (*).

Los centros de protección a personas son una exigencia para las alcaldías que contempla el nuevo Código de Policía, el cual entró en vigencia el año pasado.

El de Cali arrancó en el mes de marzo en una de las zonas de entrenamiento del coliseo. Allí se adaptaron divisiones temporales con vallas metálicas, las mismas que se usan en los conciertos o partidos de fútbol.

Al lugar llegan infractores de todas partes de la ciudad, principalmente de la comunas 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21, las zonas más violentas de Cali.

“Nuestro personal realiza operativos de control social, en los que los ciudadanos que tienen comportamientos contrarios al Código de Policía son retenidos, algunos sancionados, y posteriormente traídos aquí, donde están, máximo, doce horas”, explica el mayor Luis Eduardo Altamar, oficial de supervisión de la Policía Metropolitana de Cali.

Después de esperar casi 20 minutos, José Gregorio, los hombres que lo acompañan en la fila y los que acaban de llegar en el camión, son ingresados al centro de protección. Allí, lo primero que deben hacer es despojarse de sus objetos personales.

Se quitan sus correas, cadenas, relojes y hasta los cordones. Algunos dejan cuchillos, navajas y todo tipo de armas cortopunzantes. La mayoría tienen cicatrices en la piel.

“La idea es evitar que con estos elementos puedan agredir a otras personas o incluso se puedan hacer daño ellos mismos. A cada uno se les guarda sus pertenencias en una bolsa marcada con su nombre y se le da una ficha para que las reclamen antes de irse”, explica un policía.

No hay celdas de paredes y barrotes, pero sí las divisiones realizadas con las ya mencionadas vallas de conciertos. Hombres, mujeres, menores de edad, miembros de la comunidad Lgtbi e hinchas del Cali y el América, son las grupos en los que se separan a los detenidos.

Estos permanecen en el lugar toda la madrugada, hasta que algún familiar venga por ellos “o hasta que se les pase su estado de exaltación”, explica Claudia Muñoz, subsecretaria de Acceso a la Justicia de Cali.
La mayoría de quienes ingresan a este sitio están alterados por el consumo de drogas o licor, “lo que hacemos al traerlos aquí es proteger sus vidas e integridad, para que no vayan a cometer algún delito o de pronto puedan ser agredidos por alguien en la calle”, comenta Muñoz.

La explicación de la funcionaria es interrumpida por un hombre de unos 28 años que porta una camisa del América de Cali y quien empieza a decir palabras obscenas y sin coherencia. Está ebrio. Y por esa razón, está apartado de los demás y esposado en una de las paredes del complejo.

En promedio, el centro de protección recibe 82 personas cada noche, de las cuales un 93 % son adultos y un 7 % menores de edad.

“A mí me trajeron porque me encontraron una navaja antes de ingresar al partido de la 'Mechita' en el Pascual. Primero me llevaron hasta la Estación de Policía El Lido. Allá me hicieron quitar la ropa para saber si tenía droga y después me trasladaron aquí. Me perdí el clásico y estoy en estas desde las 3:00 p.m. No me hablaron de ningún comparendo, solo me pusieron a firmar un papel”, narra Derly Yised(*), una joven de 21 años, barrista del América.

Junto a ella se encuentra otra integrante de la barra brava del América, tiene 19 años y cuenta que llegó al lugar porque le encontraron una droga sintética. Al igual que Derly Yised, ahora está esperando a que algún acudiente venga por ella. Son las únicas mujeres que están dentro del complejo.

Mientras tanto, en la división de latas de al lado, a escasos tres pasos, un funcionario de la Alcaldía se le acerca a José Gregorio, de 46 años y quien lleva camiseta tipo polo y zapatillas. Su aspecto se asemeja más a la de un tío bonachón.

“Estoy recién llegado de España y nunca había tenido ningún problema con la justicia, ni me había pasado algo así... con decirle que no me habían multado jamás. Esto no es justo, voy a protestar... ¿y sabe cómo?”

En ese mismo instante el hombre se desnuda. Arroja su ropa fuera del encierro de valla. Lo único que no se quita son sus zapatillas. “Las autoridades deberían perseguir a los delincuentes, no a las personas que se fuman un cacho de marihuana”, dice.

Un funcionario intenta calmarlo. “Entienda señor que esto es por su seguridad. En el estado en que está le pueden hacer daño o usted puede agredir a alguien”. Pese a las palabras no se tranquiliza y lo deja solo.
La escena genera risas y comentarios entre las personas presentes. Derly Yised y su amiga no son la excepción.

“Parece que las mujeres nunca hubieran visto a un hombre en pelota” ¿Cuál es el misterio?, les grita José Gregorio, quien luego de unos minutos decide no hablar más y se empieza a tranquilizar.

Un par de minutos después al centro de protección llega un hombre preguntado por su hija, la cual lo reconoce desde lejos. “¡Es mi papá, llegó por mí!”, dice.

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Uno de los policías deja salir del encierro a la joven, que inmediatamente corre y lo abraza.

Su nombre es Marco y es el papá de Derly Yised. No la regaña, tan solo le da un beso en su frente.

“Estas cosas son muy buenas para que ella aprenda. La juventud de ahora cree que se las sabe todas. Antes a uno le daban duro, ahora la crianza es más difícil porque ya no se les puede pegar a los hijos”, comenta el hombre antes de marcharse con la joven.

No todas las personas cuentan con la suerte de Derly, a muchas de ellas, nadie las recoge, a pesar de ser menores de edad.

Flavio Castillo, comisario de la Comisaría de Familia del barrio Decepaz, explica que los niños, adolescentes y jóvenes menores de 18 años no se pueden ir del lugar si no vienen por ellos algún familiar o acudiente.
“Nosotros mismos nos encargamos de contactarlos y entregárselos con un acta para continuar con la protección del menor. Si no hay ningún representante o familiar que pueda llegar hasta aquí, nuestro personal los debe llevar hasta la puerta de su casal”, explica.

El comisario se percata de que una madre acaba de llegar al centro de protección para recoger a su hijo de 14 años. “Señora que pena, usted está en estado de embriaguez y no se lo podemos entregar así”, le dice con tacto.

La mujer se marcha y 15 minutos después regresa con el papá del niño. El hombre abraza al menor, firma el acta de compromiso y se va con su familia.

Ya son las 4:00 a.m. del domingo. Jhonatan (*) es el último menor de edad que queda en el lugar.

“No hay nadie que pueda venir por mí, mi mamá está trabajando y mi hermano mayor está en la cárcel. No entiendo por qué me trajeron aquí si yo solamente estaba mirando una pelea y no tenía nada que ver con ella”, narra llorando el menor de 14 años, quien vive en Potrero Grande.

Claudia Muñoz, subsecretaria de Acceso a la Justicia de Cali, con instinto de mamá decide abrazarlo y toma la decisión de enviarlo a su casa con un funcionario de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía. Al joven se le pinta una sonrisa en su cara y se marcha.

Pese a ello, sus datos y los de todas las personas que allí ingresan quedan registrados en una base de datos de la Alcaldía y la Policía. Esto les permitirá a los funcionarios hacer un consolidado de información para analizar aspectos cómo quiénes son los reincidentes en infringir las normas del Código de Policía; cuáles son los motivos más frecuentes de ingreso; de qué zonas de la ciudad llegan los individuos, entre otros asuntos.

Son las 7:00 a.m. En el Centro de Protección de Personas se termina la jornada. Uno a uno los pocos infractores que quedan, con el trasnocho a sus espaldas y ficha en mano, abandonan el lugar y reclaman sus pertenencias.

“La mayoría de ellos se quejan y no ven lo positivo de que los hayamos traído aquí. Sin embargo, una vez me causó curiosidad que alguien se nos acercó y nos felicitó, incluso dijo que se sintió muy bien atendido”, concluye Claudia Muñoz.

*Nombres cambiados por petición de las fuentes 

En este video El País le explica por cuáles acciones puede ser conducido a este centro: 

¿Cuál es la función del Centro de Protección de Personas de Cali, CPP,?
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Esta fue una decisión del alcalde Maurice Armitage en asocio con la Policía, con el fin de ajustarse al Código de Policía. Este lugar tiene el espíritu de proteger a las personas que están en la calle ebrias, drogadas o en alguna situación de vulnerabilidad. Paralelo a esto, también retenemos de manera transitoria a quienes estén alterados o portando armas blancas o de fuego. Todo esto con el propósito de evitar que perturben el orden público.

¿Por qué escogieron el complejo deportivo María Isabel Urrutia para ponerlo en funcionamiento?
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De todos los escenarios que tiene Alcaldía, este es el que reune mayores capacidades sin impactar el quehacer de los deportistas. Tiene el espacio, los baños y la accesibilidad. Hicimos una encuesta y una valoración de escenarios y este fue el que dio la posibilidad de albergar hasta 500 individuos. La idea es que un futuro podamos traer esta cantidad de personas.

¿En un futuro piensan construir una edificación exclusiva para el CCP?
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Sí. Tenemos un presupuesto $2000 millones para ello. Ya estamos en la búsqueda del lote, pero para comprarlo, empiezan a jugar diferentes factores como la accesibilidad, la pertinencia y hasta los permisos de los vecinos. Es igual que construir una cárcel, un cementerio o una estación de bomberos, nadie quiere tener estos lugares cerca.

¿Cuáles son los requisitos que debe tener este lote?
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Lo primero es que debe ser un sitio accesible, es decir, que tenga muchas entradas y que quede cerca a vías arterias. No podemos hacerlo en un barrio residencial. Segundo, que el entorno sea amigable y cuente con la aprobación de la comunidad.

¿Qué entidades hacen posible el funcionamiento del CPP?
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Aquí hacen presencia el Ejército, la Policía, la Sijin, la Personería y secretaría de Seguridad y Justicia. También tenemos psicólogos, un comisario de familia e incluso contamos con la presencia de la red de salud. Cada noche, una ambulancia con paramédicos y auxiliares de enfermería viene y hace cuatro rondas para evaluar el estado de los retenidos.

También es importante precisar que, antes que ingrese cualquier individuo, se le hace una valoración médica para verificar que no tenga heridas, fracturas u otras afectaciones en su salud. Si alguien presenta alguna de estas condiciones, inmediatamente se traslada a un centro hospitalario.

¿Hay algún tipo de acompañamiento para las personas una vez salen del lugar?
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Estamos en ese proceso. Lo que queremos es hacerle un seguimiento al niño, joven, mujer u hombre que son trasladados hasta aquí. Por ejemplo, si identificamos a alguien que ha venido tres veces por consumo de alucinógenos, entramos a mirar cuál es su problema. Lo mismo si ha llegado por conductas de alteración de la convivencia o por porte de armas: como tenemos sistematizados los datos, haremos el intento de recuperarlos con ayuda psicológica, psiquiátrica y medicalizada.

También, queremos que mientras las personas estén en el centro, sean expuestas a capacitaciones o a películas sobre convivencia, de manera que podamos apartarlas de las drogas o de las malas costumbres.

¿Cuál ha sido el impacto del CPP en materia de reducción del delito en la ciudad?
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Llevamos un poco más de un mes funcionando. Este es un espacio de tiempo muy corto para poder hablar de reducción del delito. Por ahora, no sabemos el impacto de lo que produce extraer a estas personas alteradas, ebrias o drogadas de la calle. Apenas estamos empezando, estamos aprendiendo haciendo.

¿Cómo funcionan los comparendos que se le imponen a los infractores del Código de Policía?
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Las multas tipo 1 o 2, son conmutables si se hace un curso pedagógico durante los cinco días hábiles posteriores a la fecha de impuesto el comparendo. Este se puede realizar en la casas de justicia de los barrios Silóe y Alfonso López. Si alguna persona decide no hacerlo, el municipio comienza el cobro coactivo.

¿Qué sanciones conlleva el cobro coactivo?
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Embargo de bienes como vehículos, propiedad raíz y el sueldo. Además, trae problemas crediticios y va a la hoja de vida.

¿Por qué el CCP no funciona todos los días?
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Actualmente, en el complejo se practican durante el día diferentes deportes como fútbol, judo y otras artes marciales. Entonces no podemos entorpecer el escenario puesto que la idea es que no haya colisión de intereses. Por ahora, estamos aprendiendo y ajustando cosas. Sin embargo, en unos 4 a 6 meses, queremos que empiece a funcionar todos los días.