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De martes a miércoles, los infractores del Código de Policía reciben el curso pedagógico en la Casa de Justicia de Siloé. | Foto: Especial para El País

POLICÍA

Así castigaron a los más de 61.000 caleños que violaron el Código de Policía

En el 2018, la mayor cantidad de sanciones, 20.541, se aplicaron por consumir y portar alucinógenos en sitios públicos. Aunque se recaudaron $734 millones por multas, la gestión de cobro es un reto.

17 de febrero de 2019 Por: Redacción de El País 

Son las 10:45 de la mañana y Pedro* transita por las calles del barrio El Calvario con su carreta de reciclaje, cuando es requerido por la patrulla de Policía del sector para una requisa. Al realizar el registro, los uniformados encuentran una pipa, un encendedor y cinco papeletas de base de coca en los bolsillos del señor.

Como no tiene cédula, Pedro es conducido a la estación de Fray Damián para verificar su identidad y aplicarle un comparendo por portar sustancias prohibidas en el espacio público, comportamiento contrario a la convivencia que es sancionado con una multa de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $220.824, según el artículo 140, numeral 8, del Nuevo Código de Policía Nacional y Convivencia (Ley 1801 de 2016).

“¡Eso lo pagará la mamá de Tarzán!, imagínese uno, que trabaja con una carreta, pagar $200.000. Si a mí me gusta mi sustancia por qué me tienen que hacer esto, me parece injusto, yo a nadie estoy robando, yo trabajo para esto, para mi familia, para sustentarme”, dijo el infractor, quien se encontraba alterado por la imposición del comparendo e indicó que era la primera vez que le sucedía.

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Después de los reclamos de Pedro, el policía procede a leerle el comparendo y explicarle que tiene cinco días para ir a las casa de justicia de Siloé o Alfonso López para solicitar la realización de un curso pedagógico y así evitar el pago de la multa.

Infractores de la convivencia

Las acciones ligadas a la posesión y consumo de sustancias prohibidas y licor son las que más se están castigando en las calles de Cali a través del Código de Policía. Estas suman 33.368 comparendos.

“No es que la gente no sepa que esto no se puede hacer, porque ya llevamos tres años aplicando el Código. El consumo de alucinógenos es un comportamiento que persiste sobre todo en parques, cerca a instituciones educativas y centros hospitalarios; el consumo de bebidas alcohólicas se da más que todo en las licoreras que tienen permiso para venta y consumo, pero la gente se sale y toma en la calle, que está prohibido. Es como si a la gente no le importara”, afirmó Claudia Muñoz, subsecretaria de Acceso a Servicios de Justicia.

Darío López, un ciudadano venezolano que fumaba marihuana en una banca de la Manzana T, comentó que si bien sabe que este comportamiento es sancionable por la Policía, continúa haciéndolo en público porque las probabilidades de ser sancionado son muy bajas.

“Somos muchos los que fumamos aquí y nunca nadie ha dicho nada de multas o siquiera que apaguemos los cigarros. A mí nunca me han multado. De vez en cuando pasa un policía por aquí, pero da una vuelta y se vuelve a ir. No es justo que pongan multas por fumar, eso no le hace daño a nadie”, afirmó López.

Para Andrés Preciado, politólogo de la Universidad Nacional y analista en temas de seguridad ciudadana y convivencia, los tres comportamientos más sancionados en Cali, relacionados con las sustancias prohibidas, reflejan el coletazo de la política de persecución al consumo, que lanzó el Gobierno Nacional.

“Hubo unos requerimientos en Policía fuertes a hacer cumplir todo este tema de restricción al consumo, de protección a los parques para que no se consumiera en ese lugar, yo creo que eso puede tener un reflejo en las cifras... Aquí es clave la visión articulada entre Secretaría de Seguridad, de Gobierno, de Salud, incluso de Educación, de cara a prevenir el tema de consumo, porque ya en este punto es un factor prevención el que puede romper la lógica del comportamiento contrario a la convivencia y no la lógica punitiva”, dijo Preciado.

En total, el año pasado los uniformados impartieron 61.951 comparendos en Cali, que estuvieron relacionados con diversas infracciones al Código de Policía. Entre las faltas que más se sancionaron se cuentan el porte de armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas en espacio público (4466) y desconocer e impedir la función o las órdenes de la Policía (2575).

Las comunas que concentraron el mayor número de comparendos durante el año pasado fueron la 13 (4990), 15 (3653), 16 (3589), 21 (3524) y 8 (3343).

Y si bien los comportamientos relacionados con consumo y porte de alucinógenos son los que más llaman la atención de las autoridades, las riñas también son objeto de alarma en las calles. Durante el año pasado se registraron 3487 comparendos por reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas y agresiones.

“El caleño es agresivo y tenemos una cultura de solucionar todo peleando y, sobre todo, incitando a la pelea. Este punto es preocupante porque vemos que las cifras que tenemos son muy altas si se comparan con otras ciudades del país”, apuntó Muñoz.

Cabe recordar que en el actual Código de Policía hay cuatro categorías para tasar las sanciones, dependiendo el impacto. Quienes riñen o incitan a peleas y agresiones físicas pueden ser sancionados con una multa tipo 2, que corresponde a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes ($220.824). En sí, el Código de Policía establece 20 medidas correctivas y las multas van desde los 4 hasta los 32 salarios mínimos diarios legales vigentes (de $110.412 a $883.296).

“Aunque el Código de Policía ha operado en Cali, el impacto no ha sido contundente. Se debe trabajar en cultura ciudadana, hay que educar la gente, decirle que tenemos normas que respetar, por más que sean temas personales y de principios y valores ya son sancionables y tienen que acatarse”, expresó el concejal Richard Rivera.

Infracción en espacio público

El año pasado se aplicaron 206 comparendos relacionados con comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Sin embargo, en Cali no han impuesto sanciones polémicas como la conocida este viernes en Bogotá, de un joven a quien le aplicaron una multa por $800.000, por comprar una empanada en un puesto ambulante.

¿Quién se puede salvar de pagar las multas?

El año pasado se dictaron cursos pedagógicos a 11.840 infractores del Código de Policía.

La Casa de Justicia de Siloé es una de las aulas donde se recibe a estas personas. Son las 11:00 a.m. de un miércoles cualquiera, en el tercer piso de este centro de justicia. Hacen fila trece hombres y cinco mujeres para ingresar al salón y escuchar a Laura Bucón, quien dirige el curso. Antes de ingresar deben mostrar el comparendo que les aplicaron y su cédula, seguido de firmar la planilla donde queda constancia de que asistieron al curso.

“Yo he realizado el curso tres veces, dos veces en Bogotá cuando me colé en el Transmilenio y luego cuando estaba bebiendo licor en la calle. Hace poco vine de vacaciones a Cali y me pillaron fumando marihuana y me pusieron una infracción. Si yo no hago el curso aquí, ‘paila’, solo se puede en la ciudad donde te ponen el comparendo, lo bueno es que nunca he pagado una multa, debido a que no he reincidido en la misma falta”, dice Andrés López, un joven de aproximadamente 23 años de edad.

Los cursos para infractores del Código de Policía son tomados por personas que han infringido sanciones tipo uno (ver recuadro Tipo de sanciones), como no recoger los excrementos de la mascota, obstruir por cualquier medio la ciclovía, ocupar el espacio público con violación de las normas vigentes, entre otros.

También están obligados a realizar el curso personas que hayan infringido sanciones tipo dos, que encierra comportamientos como agredir, irrespetar o desafiar a la autoridad policiva, iniciar una riña que pueda derivar en agresión física; portar armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público; trasladar caninos de raza peligrosa sin bozal, correas y demás elementos establecidos, entre otros.

En medio de la charla se puede notar que los asistentes no interactúan entre sí. Entre estos hay diez personas que se encuentran por consumo de alucinógenos o licor en vía pública, así que en medio de la charla llega David Caicedo y Daniela Zúñiga, miembros de Narcóticos Anónimos, llevando un mensaje para todos los que deseen salir de su adicción y suministrando un número telefónico para los interesados.

Después de esta intervención, un hombre mayor interrumpe para advertir que él está en el curso por consumir licor y no por fumar marihuana, y que ambas infracciones no deberían ser consideradas en el mismo tipo de sanción.

“Las personas no saben las consecuencias que tiene que le impartan una sanción bajo el Código de Policía, ya que los datos personales son subidos al registro nacional de medidas correctivas, y hasta que no cumpla con la realización de este curso o la multa, no se bajan los datos de la plataforma. A pesar de esto el nombre y la cédula del infractor permanecerá en el sistema de la Policía para tener seguimiento del comportamiento del individuo”, dice Laura Bucón.

Otro de los infractores le cuenta a todo el curso que fue multado por orinar en vía pública pero que para él “eso es normal” y no debería estar en el mismo lugar con personas que portan armas, fuman o toman en la calle, a lo que uno de los jóvenes le responde que: “así son las leyes y se deben cumplir”.

En el salón también se encuentra Diana Marcela Valencia, la paramédica de la empresa Soporte de atención y rescate, que atendió el accidente de tránsito ocurrido en la Autopista con 50 hace poco menos de dos meses, donde murieron dos mujeres.

“En el momento del accidente yo estaba revisando al conductor, que me manifestó que no se quería trasladar porque estaba esperando a la familia. Un guarda de tránsito me puso un comparendo argumentando que yo me estaba interponiendo en su proceso, cuando el primer respondiente fuimos nosotros. Yo ya pagué el comparendo que me salió en $241.000, por haber pagado a tiempo, y hoy vine al curso para que me bajen del sistema”, dice Valencia.

Mario Fernando Ávila, otro de los asistentes, cuenta que fue sancionado injustificadamente, por un comportamiento que el Código de Policía señala riesgoso para la vida e integridad:

“Yo soy técnico veterinario y necesito permanentemente andar con una navaja, con un cuchillo o destornillador, el 9 de enero me pusieron un comparendo porque iba en mi bicicleta con un cuchillo de comedor y hoy vengo al curso para solucionar esto, por esta ocasión no me toca pagar nada, solo presentar mi certificado del curso a un inspector policial para que me bajen del sistema”, expresa Ávila.

Son las 11:50 a.m. y Laura Bucón da la última reflexión durante el curso: “debemos concientizarnos de que si queremos cambiar la ciudad, primero debemos cambiar nosotros y mejorar nuestros actos” y le recuerda a los 18 asistentes que deben reclamar el certificado para validar la asistencia al curso.

Las multas se pueden pagar en el Banco Occidente, pero antes debe descargar el recibo en la plataforma Saul, ingresando a www.cali.gov. co/codigo policia/.

Recaudo, un reto

Según los registros de la Subsecretaría de Acceso a Servicios de Justicia, desde el 1 de agosto del 2017 hasta el 31 de diciembre del 2018 se recaudaron $822 millones por el pago de comparendos de Policía. De estos recursos, $734 millones corresponden al año pasado.

Al respecto, la subsecretaria Claudia Muñoz explicó que esa es una cifra que “se puede mejorar con la plataforma que ya tenemos dispuesta en línea (ww.cali.gov.co/codigopolicia) para que la gente genere los recibos y pueda pagar más fácilmente en el Banco de Occidente. El infractor solo cuenta con cinco días para pagar la multa, por cada día que pase sin pagar empiezan a correr los intereses. Hay que recordar que si el infractor se inscribe a un curso pedagógico hay un descuento sobre el valor total de la multa”.

La funcionaria indicó que aunque hay personas que optan por no pagar, quienes no cancelen esta obligación pueden tener desde consecuencias laborales hasta cobros coactivos.

“Las personas que no pagan quedan bloqueadas en Cámara de Comercio y también para contratar con el Estado; a futuro la idea es cruzar estas bases de datos con las centrales de riesgo para quedar bloqueado en bancos. Si la gente no paga, el Municipio hará la gestión para iniciar el cobro coactivo y los embargos a los que haya lugar”, sentenció Muñoz.

En efecto, el analista Andrés Preciado, manifestó que hacer los recaudos de manera efectiva y evitar los cobros coactivos es el gran reto de implementación del Código de Policía.

“Las multas de tránsito ya nos han demostrado lo costoso que es hacer cobro coactivo, costoso desde el punto de vista administrativo, humano y logístico. La gran importancia de actualización del Código era no solo actualizar una ley muy vieja que teníamos, sino hacer que la amenaza del Estado fuera creíble en este tema del cumplimiento de contravenciones y si el Estado no es creíble haciendo exigible el pago de las multas, pues el Código de Policía se va a volver una risa y todo mundo se lo va a pasar por la faja”, aseguró Preciado.

El politólogo agregó que en todo el país se han demostrado serias deficiencias para el recaudo de los comparendos, el cual no llega al 30%, lo cual es preocupante - señaló Preciado - teniendo en cuenta que esto es lo que permite sostener la implementación del mismo.

“Lo más importante del Código es que fuera financieramente autosostenible. Yo intuyo que con un recaudo de $700 millones (el de Cali) hay difucultad en la implementación y a la Alcaldía le va a tocar sacar de sus recursos para sostener la aplicación del Código”,x dijo Preciado.

*Nombre cambiado porque el infractor no autorizó revelar su identidad.

Tipo de sanciones

Tipo 1: Aplica para infracciones como no recoger los excrementos de la mascota, obstruir una ciclorruta, entre otras. El costo es de $110.412.

Tipo 2: Entre los comportamientos sancionados se cuenta tener riñas y peleas, consumir alcohol en espacio público, entre otras. Valor: $220.824.

Tipo 3:
Castiga acciones como realizar actos sexuales en espacio público, vender equipos celulares robados o extraviados, entre otros. Valor: $441.648.

Tipo 4: Algunos comportamientos que son castigados son: arrojar basuras en espacio público, agredir a las autoridades de policía, entre otras. Costo: $883.296.

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