Así buscan frenar la minería ilegal que quiere devorarse a los ríos del Chocó
Este delito dejó en el país 92.046 hectáreas afectadas en el 2018. Antioquia y Chocó son los departamentos más golpeados. El País acompañó el primer gran operativo que se hizo este 2020, véalo aquí.
“Fuego en el área. Fuego en el área. ¡Fuego!”. La explosión retumbó como un golpe a un tambor de proporciones titánicas que, transcurridos apenas dos segundos, hizo eco en el desierto, como si se tratase de un ligero pero constante silbido. La escena no transcurre en un desierto, sino en el interior de la selva, donde el daño causado por la minería ilegal ha sido tan destructivo que convirtió ese paraje ubicado a 9 kilómetros del municipio de Tadó, Chocó, en una especie de paisaje lunar.
Son las 9:20 de la mañana del 23 enero, y la retroexcavadora que se volcó en medio de un canal, en su fallido intento de fuga, fue destruida con cuatro cargas de explosivos C4, que unidades de la Policía pusieron en el motor, la parte inferior del brazo mecánico, las válvulas y el tanque de combustible. Esta fue la primera gran operación del 2020 contra la minería ilegal en Colombia.
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Los grupos armados organizados saben perfectamente que la minería provee más ganancias que el narcotráfico: mientras un kilo de coca deja utilidades cercanas a los 5 millones de pesos, la misma cantidad de oro se mide en 77 millones de pesos, según el Ministerio de Minas.
De eso son conscientes las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y el ELN, grupo que se especializaba en cobrar ‘vacunas’ a los mineros ilegales que operaban entre los municipios de Tadó y el Cantón de San Pablo, en el sur del Chocó, en donde se realizó el operativo.
“Si ocho retroexcavadoras, que es la cantidad con la que ellos contaban, producen cerca de cuatro kilos de oro al mes, sus ganancias en ese tiempo alcanzaban los $308 millones, y al año, $3696 millones”, explica el teniente coronel Pedro Astaiza, jefe de Operaciones de la Unidad contra Minería Ilegal de la Policía.
Esta actividad no ha parado de crecer desde el 2014. En ese año, las hectáreas afectadas en todo el país por la explotación ilícita de oro de aluvión, Evoa, fueron de un total de 78.938, cifra que en 2016 aumentó a 83.620 y que en 2019 pasó a 98.028 hectáreas, según el informe más reciente realizado por el Ministerio de Minas, en conjunto con la Embajada de Estados Unidos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc.
Precisamente, los departamentos con más hectáreas afectadas son Antioquia, en un 40%, y Chocó, en un 38%, regiones en donde hay presencia de dos frentes del ELN y seis del Clan del Golfo, así como pequeños grupos de las disidencias de las Farc.
8:00 a.m. Por encima del casi imperceptible sonido de las manecillas del reloj de pulsera, están los murmullos de su portador: un policía que, con las manos cruzadas y pegadas a la boca, reza a Dios. Está sentado dentro de un helicóptero Black Hawk que, al estar a cientos de metros de altura, ofrece una vista completa de las 2000 hectáreas afectadas por minería ilegal en la historia reciente de la zona y dentro, las 20 hectáreas en donde tendrá lugar el operativo: destruir ocho retroexcavadoras.
Y también, tres dragones, máquinas flotantes en forma de casas que succionan los lechos de ríos en busca de oro, lo que además de desviarlos, los intoxica por el vertimiento de mercurio utilizado para extraer el mineral de la tierra. El río que en este caso secuestraron se llama Quito, cuyos afluentes son el San Juan y la Quebrada Ánimas.
8:03 a.m. Las manecillas del reloj siguen su curso natural. El helicóptero empieza el descenso, escoltado por otro Black Hawk. En total, son 70 hombres los que asisten el operativo, divididos en dos grupos (uno salido de Tuluá, desde el aire, y otro de Risaralda, en tierra): 20 funcionarios de los Escuadrones Móviles de Carabineros, 20 de la Policía Judicial y 30 del Esmad.
Los helicópteros desembarcan a las 8:12 a.m. El Esmad es el primero en intervenir para despejar a los mineros con gases lacrimógenos, con el fin de evitar represalias o que obstaculicen la destrucción de las máquinas. “¡Malparidos! ¡Ladrones! ¡El Estado nos tiene abandonados!” son las arengas que provienen de un grupo de 50 mineros, entre ellos, un menor de edad.
Para Ariel Quinto, presidente de la Federación de Pequeños Mineros del Chocó, “el bandido no trabaja la mina, instrumentaliza a los pobladores locales para cumplir su cometido, pero esto no es una situación generalizada. Si una persona nativa del territorio, que cuente con el título otorgado por la Agencia Nacional Minera, ANM, quiere hacer un pequeño emprendimiento, el Código de Minas no lo legaliza en algunos casos”.
“A los mineros ancestrales los han metido en el mismo costal de los mineros furtivos. Es decir, se está confundiendo la informalidad con la criminalidad”, dice Quinto.
En consecuencia, el Ministerio de Minas ha informado que una de sus metas es legalizar 27.000 mineros a nivel nacional, de los cuales 10.000 ya iniciaron este camino. Y para quienes estén en la legalidad, “ya se están formulando nuevos lineamientos para apoyarlos y que su actividad cuente con los mejores estándares”.
“Fuego en el área. Fuego en el área. ¡Fuego!”. Esas palabras son pronunciadas a las 11:35 a.m, cuando explota otra retroexcavadora que también intentó huir a través de la selva. Para ese entonces, cuatro maquinarias de este tipo ya fueron destruidas, lo que obliga a los uniformados a subirse y bajarse repetidas veces de los helicópteros, pues a algunas máquinas las separa una distancia de casi 400 metros; atravesada por selva y un río de metros de profundidad, imposible de atravesar a pie.
Para cuando transcurran alrededor de cinco horas, exactamente a la 1:06 p.m., el operativo habrá concluido: las ocho retroexcavadoras y los tres dragones arderán a docenas de grados celsius, producto de los explosivos C4.
Puede que los nervios se manifiesten antes de desembarcar, pero en terreno, las acciones del operativo están medidas por minutos. El policía que reza su oración -ante un posible hostigamiento- es consciente de eso. Las manecillas de su reloj de pulsera avazan con lentitud, con tensión. Cada segundo es oro.
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La cadena comercial de la minería ilícita a gran escala está compuesta, por lo general, de la siguiente forma: empieza por la compra de mercurio, bien sea en almacenes de químicos o Internet por valores que oscilan entre $400.000 y $800.000 el kilo; la consecución de la maquinaria pesada, con retroexcavadoras cuyo precio se ubica entre los 250 y 600 millones de pesos, dependiendo del modelo, así como con dragones, que cuestan alrededor de 1000 millones de pesos.
Posteriormente, le sigue el transporte de todos los suministros al propietario de la mina (que por lo usual no permanece en el terreno); y la comercialización del oro en diferentes partes del país, como la Carrera Décima en Bogotá, puertos marítimos o, incluso, el extranjero.
“Es en ese punto final de la cadena en el que los criminales logran su cometido, porque la compra-venta de oro ya se convierte de inmediato en una actividad legal”, explica el teniente coronel Astaiza. “Ahora bien, ¿por qué no podemos incautar una retroexcavadora antes de que llegue a la mina? Estas máquinas, que también son de uso industrial o agrícola, siempre portan toda la documentación requerida cuando se movilizan por las vías del país, lo que hace muy difícil decomisarlas, pero si, por ejemplo, toman una de las 50.000 trochas que tiene la vía Panamericana, ahí ya inicia la ilegalidad y podemos actuar contra ella”.
Para romper un eslabón importante de esa cadena es que el Gobierno Nacional ratificó el 23 de agosto del 2019 su compromiso con el Convenio de Minamata, tratado que busca proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones de mercurio y sus compuestos, y con el que se busca que Colombia esté libre de mercurio para el año 2023.
“Esto va a tener un impacto fundamental, porque muchas regiones de nuestra selva tropical se han visto amenazadas por la minería ilegal, minería ilegal que se abastece de mercurio, y después hace vertimientos irresponsables en cuencas hidrográficas que son patrimonio de todos”, aseguró en su momento el presidente Iván Duque.
Después de que en este año se prohíba la fabricación, importación y exportación de mercurio o productos que lo contengan (como bombillas, termómetros o pilas), se dejarían de emitir al año 180 toneladas.
La Policía es la única autoridad competente para realizar operativos contra minería ilegal, al contar con los peritos respectivos. El Ejército, si lo necesitan, solo sirve de apoyo.
Ningún fusil o pistola disparó una sola bala. No hubo necesidad. No hubo hostigamientos o choques armados. Una vez concluyó el operativo, los uniformados llegados de la Unidad Antinarcóticos de Tuluá esperan dos horas a que los recogiese los dos helicópteros Black Hawk, que recargaban combustible en el Aeropuerto de Quibdó.
Dado el inclemente calor de 38 grados celsius, la absorbente humedad y las picaduras de docenas de zancudos, los policías se resguardan debajo de carpas ya levantadas en el lugar.
Entre chistes y diálogos cotidianos de la vida castrense, comparten entre todos una botella con no más un litro de agua.
A las 3:00 p.m. abordan de nuevo los helicópteros y la mina queda sola. Así estará por lo menos entre seis y doce meses, pues ese es el tiempo en el que se tardan las máquinas para poblar de nuevo el desierto artificial.
El suelo nunca vuelve a ser el mismo
Una vez la minería haya impactado un terreno determinado, no es posible recuperar las condiciones originales del suelo. Esa fue una de la conclusiones de un estudio realizado desde el 2012 hasta la fecha por la Universidad Nacional, la Universidad Tecnológica del Chocó y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico.
El subdirector de este, el biólogo Giovanni Ramírez Moreno, ha sido el coordinador al frente de la investigación desde entonces, un proyecto que empezó en el corregimiento de Jigualito, municipio de Condoto, Chocó, en donde se caracterizaron las especies vegetales de tres sectores de minas abandonados hace 30, 15 y 5 años cada uno.
“El propósito de la investigación fue determinar la recuperación de esas áreas degradadas y saber qué tanto efecto tiene la minería a cielo abierto sobre el patrimonio natural del Chocó”, explicó.
Para llevar a cabo el estudio se delimitaron 20 parcelas de 500 metros cuadrados cada una y en las cuales se midió qué tanto había crecido la vegetación a lo largo de los años, resultados que compararon con los que encontraron en un bosque de la misma zona que no tenía indicios de haber sido afectado por la minería.
De acuerdo con el investigador, “dicha actividad modifica la estructura básica del suelo, por lo que los nutrientes de aquel se ponen en peligro y aun cuando se llegue a recuperar las áreas degradadas, los elementos que dependen del suelo no regresan a las condiciones originales (antes que la minería llegara al territorio) de composición, estructura y riqueza”.
Sin embargo, esto no quiere decir que las pérdidas sean absolutas y eternas. “En el caso de la vegetación, que es un grupo que nos permite estimar lo que pueda pasar en el futuro con otros grupos biológicos de la zona, la recuperación solo puede llegar hasta un 50%, luego de 30 años de acabada la extracción minera”, aclaró Ramírez.
En consecuencia, el biólogo advirtió que no basta con reforestar la mayor cantidad de hectáreas afectadas, sino tener en cuenta cómo estaba conformado el ecosistema antes de iniciada la intervención, tarea que es sumamente ardua para cualquier grupo de investigadores.
De hecho, la etapa actual del estudio en Condoto, Chocó, ha permitido que se lleven paquetes de doce especies nativas de la zona para agilizar el proceso en mención.
“Estos mecanismos de recuperación también son aplicables a otras zonas, dado que nuestro estudio se desarrolló en los ecosistemas de colinas medias y altas, que son los mismos sobre los que se lleva a cabo el 80% de la minería en toda la región del Pacífico colombiano”, afirmó Ramírez.
“Hay 3 socavones activos en Farallones”
Pese a que en 2015 se instaló la presencia permanente de un pelotón de la Tercera Brigada del Ejército en los Farallones de Cali, la minería ilegal empezó a reactivarse en el segundo semestre del 2019.
Una fuente de Parques Nacionales, que prefirió permanecer en el anonimato, explicó cuál es la situación actual del sector y cómo espera ser abordada.
¿Cómo se ha manifestado la reactivación de la minería ilegal?
Actualmente, hay tres socavones que están reportando buenas cantidades de oro, que son: Martínez, Patequeso y Chito. Se habla de 80 personas que trabajan en la zona, la mayoría provenientes del Cauca y algunos del sector de Peñas Blancas (vereda del corregimiento de Pichindé).
¿Cómo es su modus operandi?
Mientras algunos bajan la roca para exprimirla en Suárez, Cauca, y así obtener el oro, otros levantan unos molinos en el lugar para hacer el mismo proceso.
¿Hay involucrados agentes armados?
Sí, se trata de bandas delincuenciales que cobran vacunas a los mineros. No son disidencias de las Farc ni ELN.
¿Por qué no han podido ponerle freno a estas personas?
Además de que ellos cuentan con centinelas que avisan de la llegada de las autoridades, también se está hablando
de una supuesta corrupción de la Fuerza Pública para que estas personas se den a la fuga. Y el otro problema es que cuando son capturados y presentados ante un juez, a veces los dejan en libertad, porque la explotación ilícita de yacimiento minero es un delito excarcelable.
¿Cómo esperan entonces hacerle frente a ese problema?
Primero que nada, se requieren dos puestos de control por los lados de la Quebrada Honda y entre los corregimientos de Felidia y La Leonera, puntos en los que se realizarían actividades de educación ambiental y ecoturismo con la comunidad. Y también estamos en reuniones con la Tercera Brigada para saber qué acciones tomar.
¿Qué otros planes proyectan para este año?
Determinar cómo vamos a sacar del terreno las 11.000 toneladas de lodo contaminado (producto de la materia salida de los socavones desde los años 50), pues preocupa que a 500 metros de la bocatoma del acueducto de San Antonio hay mercurio en el sedimento, lo que no significa que haya presencia de este elemento en el agua. Y también está la tarea de determinar de las 666 hectáreas afectadas históricamente por la minería (de las cuales 189 son de páramo), cuántas se han reforestado de forma natural (sin intervención del hombre) y cuántas implican una pérdida sin retorno.