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Tras un año en Ley 550, las finanzas del Valle del Cauca aún no cuadran

El Departamento está muy cerca de firmar el acuerdo de reestructuración de pasivos, pero deberá reorientar algunas rentas para cumplir con los pagos futuros.

5 de mayo de 2013 Por: Redacción de El País

El Departamento está muy cerca de firmar el acuerdo de reestructuración de pasivos, pero deberá reorientar algunas rentas para cumplir con los pagos futuros.

Hace un año, por esta misma época, el departamento del Valle del Cauca decidió acogerse a la ley 550 de 1999. Los embargos, las demandas y el cese de pago de obligaciones llevaron a la gobernadora encargada (Adriana Carabalí) a tomar la decisión. No se sabía exactamente a cuánto ascendían las deudas y la tabla de salvación fue esa ley que permite congelar todo tipo de acción judicial contra el Departamento.Hoy, después de doce meses, la situación aún no está resuelta. Se cree que las deudas suman $443.000 millones -las que se van a reestructurar- y no están cuantificadas las que se han generado después de mayo 22 del 2012, cuando la Gobernación se acogió a la ley.Pero el problema no es tanto la deuda sino cómo pagarla sin afectar la inversión que necesita atender el Valle. Todos los diagnósticos han coincidido, el Departamento debe limitar su gasto e incrementar sus rentas; ya el presupuesto del 2013 sufrió un ajuste de $70.000 millones, ahora queda empezar a cuadrar las rentas departamentales, sin embargo, el comienzo del año no ha sido del todo favorable. Hasta la fecha, según el Departamento de Rentas, se recaudaron $38.000 millones por concepto del impuesto automotor. Los problemas logísticos han llevado a la extensión de los plazos para el pago, pero el director de rentas, José Alonso Cruz, asegura que la cifra es buena. El mayor problema ha venido de la Industria de Licores del Valle, ILV, que solo vendió 200.000 botellas en el primer trimestre del año, lo que significa que las transferencias al Departamento han sido nulas.Y ahora el acuerdo de reestructuración de pasivos obligaría a que el Valle realice una reorientación de sus rentas para cumplir los compromisos. El presidente de la Asamblea, Mario Germán Fernández de Soto, afirmó que es posible que se llame a extras para discutir esa iniciativa, pero dijo que aún no conocen los detalles del proyecto.Ana Lucía Villa, directora de la Dirección de Apoyo Fiscal, DAF, del Ministerio de Hacienda, confirmó este proceso: “Algunas rentas de destinación específica tendrían que reorientarse para pagar los pasivos. El Departamento tiene afectado sus inversiones desde el momento en que se acogió a la Ley 550”, dijo.Para Julio César Alonso, director del Centro de Investigación en Economía y Finanzas del Icesi, esa decisión muestra que la billetera del Departamento no se ha podido cuadrar y que los ajustes que se requieren no se han hecho, “es delicado cambiar el destino de los recursos, porque lo que se aumenta por un lado, significa recorte por otro”.El diputado Rubiel Muñoz recordó que la Asamblea aprobó destinar el 20 % de los recursos de libre destinación para el acuerdo de pasivos. Esos son $78.000 millones al año. Pero ahora se plantea incrementar ese porcentaje, es decir, pignorar otras rentas a favor del pago de pasivos, cuando el Departamento ha querido lo contrario, que se libere parte de los recursos de sobretasa al acpm y gasolina para inversión en infraestructura. En los últimos diez años, con estos recursos, unos $480.000 millones, se ha pagado la deuda y no se ha atendido la infraestructura vial.Lo que dice la GobernaciónJuan Manuel Obregón, secretario de Hacienda, reconoció que el ingreso del Valle históricamente ha sido descuidado por las administraciones, pero asegura que en este momento se están tomando decisiones para fortalecer el Departamento de Rentas, lo que permitirá que los resultados se vean en el mediano plazo. “Eso no se da de un día para otro, los resultados grandes tardarán por lo menos cinco años”, dijo. Mientras tanto, afirmó que el Departamento está a punto de concluir el acuerdo de reestructuración de pasivos y que a partir de ese momento se determinará el modelo financiero y a cuántos años se pagará la deuda. “Tenemos en la fiducia $150.000 millones ahorrados que serían para el pago de deuda, pero hay que planear cómo pagar el resto. Se requiere un equilibrio en las rentas”, resaltó.Para el académico Julio César Alonso, son importantes tanto los cambios que dejarán frutos a mediano plazo, como las soluciones inmediatas, las cuales considera están ausentes. “La Ley 550 permite hacer un alto en el camino, reestructurar los pasivos y ordenar la casa y creo que no ha pasado ni lo uno, ni lo otro”, dijo. ¿Terminó el desangre?Para Juan Manuel Obregón, secretario de Hacienda, gran parte de los problemas financieros del Departamento se deben al tema pensional. Son 7000 jubilados que valen $120.000 millones al año. Este año Colpensiones solo les ha aceptado la solicitud de traslado de 23 personas.Germán Marín Zafra, secretario Jurídico, dice que la crisis es por el desangre en el sector educativo, homologación y reajustes salariales por los que se han pagado más de $154.000 millones.Se estima que de 4117 procesos judiciales en contra del Departamento, el 90 % reclaman ajustes salariales. “Siguen llegando tutelas, creo que este problema no terminará y el tema de fondo lo debe resolver la Secretaría de Educación”, afirmó Marín Zafra. Romel Selada, docente de la universidad Javeriana, explica, que la crisis del Departamento y de muchas entidades descentralizadas (ver recuadros) se debe a años de corrupción y desgreño administrativo. “Las regiones se acostumbraron a vivir de las transferencias, las inversiones dependen de esos recursos y no hacen esfuerzos fiscales o de generación de ingresos”, dijo. Una vez firmado el acuerdo de reestructuración de pasivos, el Valle tendrá un panorama más claro, pero eso no significa que estén resueltos los problemas financieros. Posiblemente sigan las demandas y los recursos serán los mismos sino mejoran las rentas. Por ahora, la billetera del Valle se espera cuadrar con los recursos de regalías de las vigencias 2012, 2013 y 2014 que suman $400.000 millones.

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