Siguen voces de rechazo por robo de recursos de la educación en Buenaventura

Investigación de El País reveló cómo fue el millonario robo de los recursos destinados para la educación de los habitantes del puerto. Denuncia.

Todo tipo de manifestaciones de indignación y rechazo ha generado la investigación publicada el pasado domingo en el diario El País, titulada: ‘Así se estafó a los alumnos pobres de Buenaventura’.El informe exclusivo detalló la manera como una red de corrupción, que involucró a funcionarios de la administración de José Félix Ocoró, propietarios de colegios privados y amigos del exsenador Juan Carlos Martínez, se apoderaron de millonarios recursos que envió el Ministerio de Educación para ampliar la cobertura educativa a los niños más pobres del municipio.Igualmente, la manera como cerca de 500 casas fueron acondicionadas como colegios para matricular allí a los niños de escasos recursos y pagarles a sus rectores hasta $20.000 mensuales por cada uno de ellos, cuando el Ministerio enviaba cada mes $75.000 por alumno. Los otros $55.000 quedaban en manos de los funcionarios y los contratistas. El primero en pronunciarse fue el gobernador del Valle del Cauca, Ubéimar Delgado, quien aseguró que “esto que acabamos de conocer, sobre lo que ha ocurrido en Buenaventura con los recursos de la educación, es verdaderamente lamentable, vergonzoso y aberrante. Como gobernante me avergüenzo de que ese tipo de cosas hayan ocurrido o estén ocurriendo en Buenaventura”.“Se requiere con carácter urgente y especial que las autoridades tomen cartas en el asunto y que esto no se quede solo en la denuncia porque la investigación que publicó El País ofrece los elementos para que la justicia opere; que se vengan sanciones penales porque eso es un abuso de la inocencia de los niños y un abuso de la necesidad de la pobreza del Puerto, donde vive mucha gente desempleada y que no tiene otra alternativa que cambiar su derecho a la calidad en la educación por un plato de lentejas”, dijo el Gobernador del Valle del Cauca.Obstáculos a la justiciaLas voces de rechazo no se limitaron a los entes de gobierno. A través de las redes sociales el informe exclusivo sobre Buenaventura fue uno de los artículos más leídos, recomendados y opinados en las últimas horas.Comentarios en los que la mayoría de los lectores de la página web de El País coincide en la necesidad de que obre la justicia y se preguntan dónde estaban los entes de control que permitieron que todo esto ocurriera en el Puerto.Ana Betty Arboleda, la contralora de Buenaventura en la época de los hechos, también se refirió al tema y aseguró que fue ella misma quien inició la investigación y de inmediato se armó contra ella todo un complot para impedir que avanzara en su investigación.“Cuando recibí las denuncias y empecé a investigar, la procuradora María Cristina González me inició un proceso verbal, el único que ella ha llevado en Buenaventura, con el propósito de declararme impedida. Yo esto lo denuncié ante el Ministerio y supe que mandaron unos funcionarios que lo único que hicieron fue venir a comer mariscos”, dijo la excontralora, quien en su momento denunció amenazas de muerte y debió salir de Buenaventura.El País intentó conocer la opinión del alcalde del municipio, Bartolo Valencia, o del secretario de Educación, Carlos Enrique Riascos, pero guardaron silencio frente al tema. Por su parte, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, hizo saber que el lunes próximo hará un pronunciamiento en el Valle del Cauca sobre la investigación de El País.Consulte aquí el documento que soporta esta denuncia