Sigue novela por presuntas irregularidades en elecciones del Valle

El Tribunal Administrativo del Valle dijo en su fallo que en la demanda que presen- tó Homero Giraldo se detallaron 287 casos de presuntas irregularidades, pero el alto tribunal solo pudo validar 17 de ellos como ciertos.

La sentencia emitida esta semana por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la que se rechazó el pedido del excandidato Jorge Homero Giraldo de anular las elecciones de Gobernación de 2011, porque según el Tribunal no se pudo probar el presunto fraude en la elección de Héctor Fabio Useche, ha desencadenado un rifirrafe con la defensa que asegura que los magistrados lo que están haciendo es “legitimar los fraudes que se cometen en el Valle”.Analistas consultados por El País señalan que la sentencia brinda un bálsamo de estabilidad política a una región que empieza a recuperar institucionalidad tras un lustro de escándalos de sus mandatarios, pero advierten que puede resultar contraproducente si los fallos se emiten no en derecho, sino en conveniencia.De hecho, el propio Jorge Homero Giraldo aseguró que hubo “ingenuidad” de parte de los magistrados del alto tribunal, quienes ignoraron el pedido de hacer un reconteo voto a voto y se centraron en la revisión de las actas E-14, donde es casi imposible detectar cualquier irregularidad ocurrida ese 30 de octubre del 2011, en la que fue elegido Héctor Fabio Useche. Olimpo Guerra, apoderado de Jorge Homero Giraldo, fue mucho más contundente y aseguró que “es lamentable para el departamento que las instancias de competencia judicial sirvan de instrumento para validar todos los fraudes que se cometen en la democracia del Valle”.“Para el Valle esto ilegitima todos los procesos democráticos e ilegitima la competencia contencioso administrativa. En Bogotá, cuando uno mira los fallos y el comportamiento de los operadores jurídicos del Tribunal del Valle, nos sorprende porque son muy mediocres o validan los fraudes con un pretexto que no sabemos, pero en todo lo que se denuncia, lo que ellos hacen es reafirmar las circunstancias y eso ilegitima todos los procesos de la clase política del Valle”, aseguró el abogado Guerra.Agregó que: “La competencia administrativa está para garantizar el debido proceso y el derecho a votar y elegir libremente, pero eso no se viene dando en el Valle y es esa la peor catástrofe y el peor ejemplo al país de inseguridad jurídica”.Sobre la sentencia, aseguró que “estuvo mal motivada, no abordó los temas esenciales que se plantearon en las pretensiones de la demanda y validó el fraude electoral por segunda vez porque el tribunal hizo exactamente lo mismo que hizo la comisión escrutadora”.Ante sus afirmaciones, el presidente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, magistrado Ramiro Ramírez Onofre, dijo que si bien es esa la reacción natural de quien pierde un pleito y que “sangra por la herida”, no se pueden aceptar sus afirmaciones “y menos tratándose de un profesional del derecho”.“El abogado está calificando la senencia y eso puede generar consecuencias disciplinarias porque todo lo que dice lo debe probar. Pero ante sus declaraciones lo que hay que hacer es esperar que la sala se reuna para revisar si el abogado pudo incurrir en un delito o un irrespeto que pueda ser materia de pronunciamiento por parte de la Sala Plena”, dijo el magistrado.El pasado viernes, en su fallo, el alto tribunal negó de manera unánime las pretensiones del excandidato Jorge Homero Giraldo porque consideró que no lograron probarse cada una de las denuncias argumentadas en la demanda.“Puede ser un mal mensaje” El politólogo Fernando Giraldo aseguró que la sentencia del tribunal es en todo sentido contraproducente y que es claro que fue una decisión “eminentemente política” con el pretexto de la estabilidad institucional y que puede enviar un mal mensaje a quienes buscan el ascenso político a través del fraude electoral.“Lo más grave de todo, es que una vez la autoridad electoral declara válidos los resultados, legitima el fraude, no importa cómo se haya cometido. Alguien ha debido intervenir con el argumento de generar mayor estabilidad y que es mejor quedarnos como estamos, pero esa no es una salida propia de un sistema democrático”, aseguró el politólogo Giraldo.Agregó que el Valle del Cauca ha sido una pieza flagrante de corrupción, de compra y venta de votos, de penetración de la organización electoral, de testigos y de jurados, “pero la forma como resuelven este tema no ayuda porque se le está mandando un mensaje a los ciudadanos que lo que importa es la estabilidad, más allá de la legitimidad de la democracia”.“Aquí se tienen dos raseros para resolver las cosas. más allá de que Homero Giraldo tenga razón, él pidió que se hiciera un conteo y en toda democracia lo mínimo para tranquilidad de todo el mundo es que se haga el reconteo”, indicó el politólogo.Para el analista Víctor Hugo Vallejo la sombra del fraude va estar siempre porque el sistema electoral en Colombia es muy frágil y vulnerable.“Mientras el sistema electoral nuestro no sea capaz de adoptar formas y sistemas computarizados, el fantasma del fraude va a seguir toda la vida y el que tenga plata va a ser el que gane las elecciones. Infortunadamente la gente no vota sino por lo que le dan y eso hace de nuestra democracia una democracia débil, de papel”, indicó Vallejo.Lo lamentable, según analistas, es que quizá tampoco produzca ningún resultado el caso que se adelanta por el presunto fraude que se planeó para las elecciones atípicas de Gobernación del 1 de julio pasado, donde se capturó a seis personas, entre ellas funcionarios de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral.Pendiente de la decisiónLa sospecha de que fue a través de un fraude que el sector político de Héctor Fabio Useche ganó las elecciones de Gobernación el 30 de octubre del 2011 se incrementó con la captura en un hotel de Cali de una supuesta registraduría paralela un día antes de las elecciones atípicas del pasado 30 de junio, donde se elegiría su remplazo luego de que fue destituido.Entre los capturados figura José Francisco Angulo, funcionario de la Registraduría de Bogotá; Luis Enrique Forero, exempleado de la Registraduría Nacional; Adriana Lucía Castro, quien trabaja con el Consejo Nacional Electoral; María del Pilar Yangona, secretaria general del Movimiento de Inclusión de Oportunidades (MÍO); Alina Martínez, registradora ad hoc para Jamundí, y Jairo Candelo Banguero, exmagistrado del Tribunal de Garantías Electorales.Las primeras tres personas fueron capturadas el sábado antes de las elecciones en el Hotel Calima Real, en Cali, donde fue localizada una especie de centro de cómputo paralelo a la Registraduría, mientras la otras fueron detenidas, en su orden, en Cali, Jamundí y Candelaria.El supuesto fraude, con el que se buscaría favorecer al candidato Francined Cano, del Movimiento de Inclusión y Oportunidades, MIO, fue planeado en la residencia del exsenador Juan Carlos Martínez, según el director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño.“Hubo varios encuentros en una residencia del señor Martínez en el sitio conocido como Colinas de Arroyohondo, en el municipio de Yumbo. Varias de las personas capturadas se entrevistaron con el señor Martínez, hay registros fotográficos y fílmicos que demuestran que en realidad existió esa tentativa de fraude”, explicó León Riaño.Por este hecho, un juez Penal Municipal de Cali le imputó cargos al exsenador Martínez en septiembre pasado por los presuntos delitos de cohecho por dar u ofrecer y tentativa de fraude electoral.En su momento, el abogado Alfredo Montenegro aseguró, igualmente, que las pruebas que se tienen no lo suficientemente sólidas como para condenar a Juan Carlos Martínez y que no habrá otro camino que la absolución.