Procuraduría formula pliego de cargos contra directivos de Acuavalle

El Ministerio Público dice que incurrieron en falta grave al firmar millonario contrato sin cumplir normas.

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra cuatro directivos de la Empresa de Acueductos y Alcantarillados del Valle, Acuavalle, por la realización de un contrato por $155.800 millones en el año 2010 para ejecutar obras en 33 municipios sin atender las normas vigentes en materia de estudios y de financiación requeridos.El pliego notificado por la Procuraduría Primera Delegada para la Moralidad Pública, cobija a Iván Alberto Valderrama Campaz, quien era gerente de la entidad en ese entonces, Martha Cecilia Armero, directora jurídica, José Moreno Barco, subgerente administrativo y financiero y Alexander Sánchez Rodríguez, subgerente operativo. Este último estuvo encargado de la gerencia de la empresa, luego de que la Procuraduría suspendiera a Valderrama Campaz por tres meses el 13 de julio del 2011 por los mismos hechos.El propio procurador Alejandro Ordoñez había pedido revocar la apertura de la solicitud pública de ofertas No. 027 en el 2010 y a pesar de ello Valderrama Campaz adjudicó el contrato No. 287 al Consorcio Acuavalle 2010 el 16 de noviembre de ese mismo año. De paso, se contrató una interventoría por $5.670 millones con el consorcio Bonus CIP. Luego de detectarse las anomalías denunciadas, el contrato fue liquidado de mutuo acuerdo el 13 de diciembre del 2011, tras señalarse que “era inconveniente para las finanzas de la empresa porque comprometía sus ingresos en el largo plazo (20 años)”.El ministerio público consideró que tales funcionarios incurrieron “en la comisión de un concurso de faltas calificadas como gravísimas”.“La propia entidad (Acuavalle) reconoció que la estructuración del proyecto a cargo del consorcio Bonus fue deficiente y ello influyó en los estudios previos”, dice la Procuraduría en el pliego disciplinario contra tales funcionarios.“Yo no adjudiqué ese contrato”A pesar de que la Procuraduría General lo incluyó en el proceso disciplinario, el ingeniero Alexander Sánchez Rodríguez, quien estuvo encargado de la gerencia de esa empresa regional, asegura que no tuvo nada que ver con la adjudicación del contrato al consorcio Acuavalle 2010.“Yo no firmé, no hice estudios, ni adjudiqué ese contrato porque en el momento en que se hizo no era gerente, sino que ejercía como subgerente operativo”, señala.Mi función, agregó, “era la de responder porque en los municipios hubiera agua potable”. Sánchez Rodríguez recalcó que cuando fue encargado de la gerencia de Acuavalle —entidad en la que lleva 25 años— él mismo promovió la liquidación del contrato junto al entonces gobernador Francisco Lourido.“Tengo mi conciencia tranquila y espero que todo se aclare para beneficio de la empresa”, añadió.Por su parte, el ex gobernador Lourido le dijo a El País que “ese contrato era un verdadero adefesio, ya que comprometía el futuro financiero de Acuavalle. Por fortuna, logramos que se liquidara”. El ex mandatario regional participó en un debate en la Comisión VI de la Cámara de Representantes para denunciar las irregularidades de dicho contrato.