Procuraduría deja en firme suspensión a Alcalde de San Pedro, Valle

La sanción está relacionada con una sentencia proferida en marzo 2007 por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga por medio de la cual se le ordenaba al Alcalde de ese entonces pagar y reintegrar a un ex trabajador del Municipio, lo cual no se hizo.

La Procuraduría Regional del Valle suspendió por tres meses al alcalde del municipio de San Pedro, Werney Ladino Bedoya. En el mismo sentido, el ente de control suspendió durante seis meses para ejercer cargos públicos al ex alcalde de esa población y ex gerente de las Empresas Municipales de Tuluá, Miguel Ángel Prieto.La sanción está relacionada con una sentencia proferida en marzo 2007 por el Juzgado Segundo Administrativo de Buga por medio de la cual se le ordenaba al Alcalde de ese entonces el pago de unas prestaciones sociales y el reintegro del ex trabajador del Municipio, Hader Humberto García, lo cual no se hizo.En mayo de este año, la Procuraduría Provincial de Buga había emitido una resolución de primera instancia en donde sancionaba al Alcalde de San Pedro a un año de suspensión en el cargo luego de que el Mandatario apelara una sanción que lo inhabilitaba para ejercer cargos públicos por doce años por considerar la falta como gravísima. Desde entonces, Ladino Bedoya había ejercido sus funciones como alcalde de San Pedro hasta esta semana que fue notificado por la Procuraduría Regional del Valle que lo suspende durante los próximos noventa días. Por su parte, el alcalde de San Pedro, Werney Ladino Bedoya, se notó sorprendido con esta noticia al manifestar que hasta ahora no ha sido notificado de esa decisión de la Procuraduría regional. Asimismo, el burgomaestre consideró como injusta esa medida pues según él, el despido del trabajador fue obra de la pasada administración y cuando llegó a esa posición ordenó el reintegro del ex trabajador y el pago de las acreencias laborales, pero "a destiempo". En su momento el Alcalde le había informado a la Procuraduría que no se había cumplido con el fallo judicial porque el Municipio no tenía los recursos para atender esa obligación. Sin embargo, el ente de control pudo constatar que el Municipio tenía un rubro en su presupuesto de 90 millones de pesos para atender sentencias judiciales. "Los fallos se deben respetar pero no lo comparto", indicó molesto Ladino Bedoya. Esta decisión quedó en firme y por ser de segunda instancia no es objeto de apelación.