¿Por qué está en riesgo la autonomía de la CVC? Habla su director

El proyecto de ley que prepara el Gobierno Nacional con el que pretende fortalecer el sistema nacional ambiental ha provocado un rechazo generalizado por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR, en el país. Lea también: "Daremos la batalla para que no centralicen a la CVC", dice Dilian Francisca Toro

El Valle del Cauca no ha sido ajeno a los cuestionamientos del proyecto porque le quita facultades a la autoridad ambiental, la CVC. El director de la entidad, Rubén Darío Materón Muñoz, revela el impacto que puede causar la iniciativa si se convierte en ley de la República.

¿Cuál es el propósito del proyecto?

El Ministerio del Medio Ambiente ha querido tener una mayor influencia en la gestión ambiental en el territorio y de esta manera se ha querido incluir en el Consejo Directivo una mayor participación del Gobierno Nacional para establecer unos lineamientos que coincidan con la política nacional.

Como usted sabe, las CAR son de carácter autónomo y en ese sentido elaboran sus planes de gestión ambiental regional y de acción cuatrienal que son avalados por el Gobierno Nacional. Sin embargo, la intención que hemos identificado es que se quiere tener una mayor influencia en las corporaciones.

¿Esa mayor influencia afectará la autonomía de las CAR?

En la Constitución del 91 se estableció y se definió que en el manejo ambiental había que tener autonomía en las corporaciones departamentales y desde esa fecha hasta ahora se ha venido trabajando en ese sentido. Es decir que el ejercicio de la vigilancia, la administración de los recursos y todo el componente ambiental ha sido autónomo.

Nosotros, a través de nuestra asociación, Asocars, pensamos que debe revisarse la propuesta del Gobierno porque se pretenden centralizar varias gestiones.

Lo ideal es que se optimice la gestión a un nivel regional que es la que conoce el territorio y que puede agilizar los trámites de todos los componentes de carácter ambiental.

¿Por qué considera que debe revisarse?

Porque existe un gran desbalance en el tema de los recursos de las corporaciones autónomas, hay unos departamentos que son muy fuertes desde el punto de vista económico, algunos son autosostenibles como en el caso de la CVC en el Valle, pero hay otras corporaciones que tienen debilidades e insuficiencia de recursos.

En este sentido estamos evaluando y pensamos compartir con el Ministerio del Medio Ambiente que habría una situación delicada en materia de recursos, en el sentido de que algunos departamentos no tendrían la autonomía en el manejo de los mismos como para que se utilicen en otras regiones.

Como le digo, este es un tema que estamos presentando a consideración y revisión del Ministerio para evitar que los recursos locales que se destinan a la inversión local y regional se definan desde el nivel central.

¿Ese impacto cómo se puede estimar en el Valle, es decir, cuántos recursos de la CVC estarían en juego?

Los recursos anuales que tiene la corporación y que destina a inversión son de su propio presupuesto, pero una parte de ellos, un porcentaje, podría dirigirse a otras áreas y regiones, de acuerdo con los organismos de planificación nacional.

La preocupación de nuestra corporación es esa, que un porcentaje podría destinarse para otras áreas, según lo plantea el proyecto de ley.

¿De qué porcentaje se está hablando?

Realmente no le puedo responder eso.

¿Por qué. No está planteado?

No, no está claro, el proyecto de ley establece que parte de los recursos de la sobretasa ambiental que recibe un municipio se puede invertir en otra parte diferente a ese municipio y al departamento, por esa razón queremos revisar esa situación y tener una mayor claridad. No tenemos una definición y tampoco hemos tenido la oportunidad de compartir nuestras observaciones con el Ministerio del Medio Ambiente.

¿Anualmente cuánto suman los recursos de la sobretasa ambiental en el caso del Valle?

Los recursos que se recaudan de la tasa ambiental al año pueden ser del orden de unos $100.000 millones, que se invierten en todo el plan cuatrienal en el territorio.

Para el caso de Cali concertamos con el Municipio y con el Dagma las inversiones que se hacen en materia ambiental, las cuales son para el área urbana.
​

¿Esa plata es la que podría destinarse a otro departamento?
​
Si se aprueba la ley, esos recursos podrían, no sé en qué porcentaje, destinarse a otras áreas. Eso es lo que hemos identificado, pero ese tema no está definido con claridad en cuantía ni en porcentaje.
Esta situación nos ha preocupado mucho en el Valle y en el país y por eso, le insisto, queremos revisar ese tema y consultarlo con el Ministerio porque perderíamos la autonomía de ejecución de nuestro propio presupuesto por alguna decisión que estaría por encima de las capacidades de decisión de nuestra corporación.

¿Sería un grave error que el proyecto se convirtiera en ley?

Diría que es necesario revisarlo, especialmente en el tema de la disminución de la autonomía de las corporaciones. Queremos que se fortalezcan las mismas para que su ejercicio de autoridad ambiental en el territorio sea más eficiente y dinámico y que se pueda ejercer de acuerdo con los retos que se están dando por los impactos ambientales que estamos verificando de manera permanente.

También diría que el proyecto de ajuste a las corporaciones es importante, pero queremos respetuosamente expresarle al Ministerio que nos de la oportunidad de hacer una revisión y aportar lo que consideramos apropiado para que esa iniciativa cumpla con un objetivo.

¿En qué etapa está el proyecto?

El Ministerio empezó unas jornadas de socialización, ya hizo una en Santa Marta con asistencia de todos los consejos directivos y algunos gremios.

Para el lunes (mañana) estaba prevista una reunión en Cali con las corporaciones del occidente colombiano, pero esa reunión se aplazó.
Creo que ese es el escenario en el que los integrantes de los consejos directivos y los directores de las corporaciones, así como las comunidades negras e indígenas pueden expresar sus observaciones a un proyecto que nos ha remitido el Ministerio y que pretende presentar al Congreso de la República para tramitarlo a través de la vía rápida, del llamado ‘fast track’.

La totalidad de las corporaciones tiene la preocupación que le he expuesto, pero en particular, en el Valle del Cauca, tenemos algunas inquietudes en relación con la autonomía de la corporación por ser una entidad que ya va a cumplir 62 años de existencia. Hemos tenido un manejo prudente, conocemos muy bien el territorio y esperamos poder darle una continuidad sin oponernos a que las corporaciones autónomas se puedan reformar para beneficio de la gestión ambiental, pero sin perder la autonomía y el manejo de sus recursos.

¿Por qué se aplazó la reunión en Cali?

Entiendo que todavía no han definido una nueva fecha.

¿Será por el rechazo generalizado que ha tenido la iniciativa en otras partes?

(Risas)...así es.

¿Además de la sobretasa, qué otra limitación se plantea para las CAR?

Lo que hemos podido conocer es que afectaría los recursos de la sobretasa. Estos son muy importantes para la corporación y para otras regiones, pero como le digo, esa es nuestra gran preocupación que queremos revisar con el Ministerio.

¿Por qué no se ha establecido ese porcentaje?

No se ha establecido porque dependería de dos nuevas instancias. Una es la Unidad Nacional de Planeación Ambiental y la otra es la Unidad de Manejo Ambiental de los Mares. Las dos tendrían asiento en el consejo directivo y las decisiones que se tomen dependerían de lo que determinen Planeación Nacional y dichas unidades.

¿Habría cambios en el consejo y en la dirección general?
​
El proyecto incluye que el Presidente de la República envía una terna de candidatos al cargo de la dirección general para que el consejo directivo seleccione la persona que les de la mejor evaluación.

También el consejo directivo incluiría unos representantes. Uno de Planeación Nacional, otro de la dirección de Parques Nacionales o su delegado, otro de la Unidad Nacional de Planificación Ambiental, otro de la Unidad de Mares y otro del Instituto de investigaciones. A ellos se suma el Ministro del Medio Ambiente o su vocero y el representante del Presidente de la República.

¿Cuántas personas entrarían a formar parte si la iniciativa se convierte en ley?

En este momento hay once miembros del consejo directivo. Con la nueva disposición se suprimiría un representante de los alcaldes y un representante de las ONG. Ya no serían once sino nueve, pero se les sumarían los que plantea el proyecto.

¿De donde obtienen sus recursos las CAR?

En el caso nuestro, obtenemos recursos que vienen de la sobretasa ambiental, de la tasa retributiva, que es la que se cobra por vertimientos; también percibimos recursos de las tasas por uso, de las sanciones que aplicamos y, particularmente, tenemos recursos de las transferencias del sector eléctrico y de los rendimientos que obtenemos como accionistas de Epsa.

Pero le quiero contar que la CVC aporta a un fondo de compensación ambiental y de él se nutren las corporaciones pequeñas para que puedan suplir sus gastos operativos en su territorio.

• El gran objetivo, según el Gobierno, es modernizar el Sistema Nacional Ambiental (Sina) en el cual tienen responsabilidad las corporaciones autónomas regionales. En el caso del Valle es la CVC.
• Esa modernización afecta las rentas de las corporaciones, pues limitaría los recursos para operar. 
• Se crean dos entidades ambientales.
• Modifica las condiciones para escoger al director de cada corporación y añade nuevos miembros al consejo directivo.