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Por líos en convenio, licores de Caldas no podrán venderse en el Valle

A partir del 16 de octubre no se podrá vender ron y aguardiente de Caldas en la región, si ese Departamento no paga los $15.310 millones que debe al Valle.

2 de septiembre de 2013 Por: Fabio Posada | Editor de la Unidad Investigativa

A partir del 16 de octubre no se podrá vender ron y aguardiente de Caldas en la región, si ese Departamento no paga los $15.310 millones que debe al Valle.

Una medida extrema tomó el gobernador del Valle, Ubéimar Delgado, para intentar recuperar $15.310 millones que desde hace cuatro años le debe el departamento de Caldas: cerrar las fronteras y prohibir la venta de Ron Viejo y Aguardiente Cristal.La decisión que fue notificada a Juan Martín Hoyos, gobernador de Caldas, el pasado 16 de agosto, entrará en vigencia en dos meses, el próximo 16 de octubre, si ese departamento no cancela la deuda o propone un plan de pago.El País obtuvo la carta en que Delgado informa a su homólogo de Caldas y que, de acuerdo a las cláusulas del Convenio de Intercambio de Licores firmado entre ambos entes territoriales, funciona como preaviso para empezar a contar el plazo oficial de dos meses antes de dar por terminado unilateralmente el convenio.Esta medida es el resultado de una serie de indagaciones adelantadas por la Dirección Jurídica de la Gobernación del Valle, en cabeza del abogado Germán Marín, quien ha tenido una posición crítica frente al Convenio de Intercambio de Licores que firmó Juan Carlos Abadía en 2009, el cual prorrogó por una década al año siguiente.“Dudamos de la legalidad del convenio y desconocemos cómo hizo el entonces gobernador para tomar la decisión de dar una prórroga por diez años, tampoco sabemos en qué estudios se basó para cambiar las cláusulas que ponían metas al distribuidor, dejando amarrado al Valle en un negocio leonino, cuyo desequilibrio causa un grave impacto fiscal a las rentas”, explica Marín.El director jurídico se refiere a los $32.000 millones anuales que le deja a las rentas del Valle la venta de alrededor de cuatro millones de unidades de Ron Viejo de Caldas y que, tanto en el 2009 como en el 2010 no cumplió con las metas previstas, razón por la que la Fiscalía y la Procuraduría adelantan sus respectivas investigaciones.“El preaviso de dos meses que el Gobernador le da a Caldas es para que se pongan al día y así puedan seguir comercializando sus productos, pero hasta la fecha no hemos tenido noticia alguna”, aseguró Marín, quien agrega que de llegarse a poner en práctica el cierre de fronteras el 16 de octubre, “el Valle tendrá que buscar alternativas para suplir los ingresos que dejará de percibir por esta situación extrema”.La postura del director jurídico de la Gobernación se vio reforzada en mayo pasado cuando la Contraloría del Valle emitió un control de advertencia solicitando a la Gobernación tomar todas las acciones necesarias para recuperar “los $15.310 millones que adeuda el departamento de Caldas por la no introducción de 1.518.915 unidades de Ron Viejo durante el segundo semestre de 2009”.La investigación del órgano de control no solo cuestiona los convenios de comercialización firmados por Abadía (con Caldas y Antioquia), sino que pone en tela de juicio la eficiencia de la Subdirección de Rentas del Departamento.También critica el manejo dado por los distribuidores de las marcas Aguardiente Antioqueño y Ron Viejo de Caldas, a quienes señala de “ejercer competencia desleal y en algunos casos tipifica un ‘carrusel de marcas’, al inundar el departamento con productos de exportación o codificados en otros departamentos, que se vendieron en territorio vallecaucano sin dejar un solo peso por el pago de impuestos”.Negocio inconvenienteEn agosto de 2009 se suscribió el convenio con la Gobernación de Caldas para la venta de Ron Viejo. Allí se acordó que en 2009 se venderían dos millones de botellas, pero según estableció la Contraloría solo ingresaron 481.085, dicho incumplimiento afectó las rentas del Valle en $15.310 millones.El mismo convenio pactó que para 2010 la cuota de ventas era de cuatro millones. Según la Contraloría, apenas ingresaron 3.659.864 botellas, lo que afectó las rentas por $3428 millones.El 17 de diciembre de 2010 la Gobernación del Valle informó por escrito su decisión de terminar el convenio porque encontró Ron Viejo de Caldas etiquetado para “exportación” y “otros departamentos”, el cual habría ingresado al Valle sin pagar los respectivos impuestos.La Licorera de Caldas, mediante comunicación del 15 de enero de 2010, acepta la situación encontrada y se compromete a tomar medidas para evitar que esto siga sucediendo, a lo cual el Gobierno del Valle accede dando continuidad al polémico convenio, sin que la Subdirección de Rentas se pronuncie sobre el incumplimiento de las cuotas de 2009 y 2010.En marzo de 2010 se realiza una modificación al convenio que llama la atención de los auditores de la Contraloría pues no solo se prórroga por diez años, sino que se borran las cuotas mínimas de ventas. Esto facilita el contrabando y que el distribuidor evada su compromiso con las rentas del Valle.Dudas e inquietudesUno de los puntos más polémicos para Germán Marín, director jurídico de la Gobernación del Valle, tiene que ver con la empresa Sultana S.A., firma a quien la Licorera de Caldas entrego dicha distribución después de Discristal, que llevaba más de 30 años realizando esa labor comercial.Por esta contratación el Tribunal Superior de Manizales, en agosto de 2009, condenó al gerente de la Licorera de Caldas, Carlos Arturo Feho Moncada, a seis años y cinco meses de cárcel por los delitos de falsedad ideológica e interés indebido en la celebración de contratos.Según Marín, el representante legal de Sultana S.A. es James Murillas, quien fue gerente de la Industria de Licores del Valle y tuvo relación con Dimerco.

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