Por estudiantes fantasmas, Contraloría investiga a dos municipios del Valle

Además de investigar a Buenaventura y Jamundí, el proceso también involucra a los ex secretarios de Educación de los departamentos de Casanare y la Guajira y a once municipios más.

Mérito para abrir procesos de responsabilidad fiscal, encontró la Contraloría General de la República por 194.129 millones de pesos, por alumnos inexistentes o conocidos como “niños fantasmas”, contra dos ex gobernadores y trece ex alcaldes, nombres que se mantienen en reserva por hacer parte de la investigación.El proceso involucra a los exsecretarios de educación de los municipios de Jamundí y Buenaventura en el Valle del Cauca.También involucra a los ex secretarios de Educación de los departamentos de Casanare y la Guajira y de los municipios de Yopal, Riohacha, Uribia, Apartadó, Turbo, Magangué, Malambo, Soledad, Tumaco, Ipiales y Girón.El caso se refiere a la vigencia fiscal de 2011 y cobija a entidades territoriales certificadas en educación, en las cuales el Estado giró recursos del Sistema General de Participación-educación, calculándose un presunto detrimento patrimonial por valor de 194 mil 219 millones 36 mil 160 pesos. En este caso, se identificó la inexistencia de 97 mil 384 niños, cifra equivalente al 13.3% del total de matricula reportada por las Gobernaciones y Alcaldías comprometidas.El ente de control refirió que con la actuación desarrollada por los agentes públicos, presuntamente se vulneró el principio de eficiencia al no hacer la verificación en el sitio de los alumnos matriculados en cada establecimiento educativo. Así mismo, la vulneración del principio de economía, “pues con ocasión de lo anterior, se contrató el servicio educativo con entidades privadas para alumnos, que las entidades públicas podían suplir”.La Contralora Intersectorial número 4 de la Unidad Especial Anticorrupción, Lina María Tamayo Berrío, fue la que tomó la decisión al recordar que la educación es un derecho de todas las personas, “configurándose de esta forma en un servicio público que su propósito primordial es la búsqueda del acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, formando a los ciudadanos para el respeto y ejercicio de los derechos humanos y de la paz”.Para Tamayo Berrío, es claro que con la actuación desarrollada por los agentes públicos presuntamente “se vulneró el principio de eficiencia al no desplegar las acciones tendientes para la verificación en sitio de los alumnos matriculados en cada establecimiento educativo, así como la vulneración del principio de economía pues con este motivo, se contrató el servicio educativo con entidades privadas para alumnos, que las entidades públicas podían suplir”.