Ordenan recaptura de jueza por caso del Parador de Buga

La jueza Norella Acosta Tenorio es señala da presunto detrimento patrimonial por el avalúo del predio donde operaba el Parador de Buga.

Un juez ordenó la recaptura de la jueza Segunda Civil del Circuito de Buga, Norella Acosta Tenorio, involucrada -según la Fiscalía- en las irregularidades que rodearon el proceso de expropiación del complejo turístico Parador de Buga. El despacho acogió la petición de la Fiscalía General de la Nación de cobijar a la funcionaria judicial con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, esto luego de que fuera dejada en libertad por parte de un juez de primera instancia en junio de este año. 

Una vez se conoció la orden de captura, los agentes del CTI se desplazaron hasta el barrio El Albergue en Buga, en donde vive la jueza, y se enteraron que la funcionaria no se encontraba en la ciudad.

Lo que se pudo establecer es que la señora Acosta Tenorio, habría solicitado una licencia por enfermedad durante diez días para ausentarse de su despacho, por lo que las autoridades temen que la jueza se encuentre prófuga de la justicia.

Según la Fiscalía, la juez Acosta habría incidido al momento de hacer el avalúo de dicho predio, causando un detrimento patrimonial al Estado, en este caso al Instituto Nacional de Concesiones, Inco, ahora Agencia Nacional de Infraestructura.

“La juez decretó la expropiación del bien en un valor muy superior, al precio real o comercial, lo cual puede considerarse como un detrimento patrimonial al Estado, por unos $ 40 mil millones de pesos. Un primer estimado indicaba que este predio tenía un valor de $ 2.000 mil millones, luego se realizó otro estudio en el que indicaba que el predio estaba avaluado en $17 mil millones, hoy el Estado tiene que pagar un valor cercano a los 40 mil millones de pesos”, dijo en su momento el fiscal General (e) Jorge Perdomo.

 

De acuerdo con Perdomo, la juez tomó decisiones irregulares, y habría recibido dinero para que varias personas salieran beneficiadas con el cálculo del predio, entre ellas, Carlos Andrés Grajales Gamba (hijo de los propietarios del bien), quien fue capturado en junio pasado junto a la funcionaria judicial, quien luego fue dejada en libertad por considerar que “no era un peligro para la sociedad”. La jueza tendrá que responder por los delitos de prevaricato, cohecho y concusión. Dentro del mismo proceso se trata de establecer las circunstancias que rodearon el asesinato de un hermano medio de Carlos Andrés Grajales, quien habría denunciado las irregularidades que se venían presentando en este caso.

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