Los dolores de la minería del Valle

El 60% de la actividad minera sigue siendo ilegal. Los mineros se están muriendo y nadie lo sabe. ¿Cuál es la actualidad de la minería en el departamento? ¿Está preparado el Valle para afrontar una tragedia minera? ¿Podría repetirse lo sucedido en Amagá?

Y explotó por acumulación de gas metano un túnel de 2.600 metros en la mina de carbón San Fernando, en Amagá, Antioquia. Eso fue el pasado 16 de junio y quedaron sepultados 73 cuerpos: mineros que escarbaban la montaña y que al momento de la explosión, según lo relató a un periódico Walter Restrepo, un sobreviviente, sintieron candela que no era llamas sino gotas, “como lluvia de fuego que caía encima”. Ante la noticia de aquel siniestro surgieron varias preguntas sobre el estado de la minería de esta región: ¿cuál es la actualidad de la minería en el departamento? ¿Está preparado el Valle para afrontar una tragedia minera? ¿Podría repetirse lo sucedido en Amagá?Este último interrogante quedó resuelto. En el Valle no se repetirá una tragedia idéntica a la de Amagá. Y no porque las minas del departamento sean seguras y tecnificadas. No. La razón es más bien geológica.“Los carbones de Antioquia son secos y de poca porosidad, lo que hace que en ellos se puedan concentrar bolsas de gas metano. En cambio, las minas de carbón de la Cordillera Occidental presentan carbones con mayor porcentaje de humedad y porosidad, lo que reduce la probabilidad de que se generen bolsas de metano. Igualmente, la profundidad de la minería de carbón que se realiza en el Valle no excede los 250 metros de profundidad. No obstante, los titulares mineros están en la obligación de monitorear cada bocamina para prevenir accidentes”, dijo Myriam Urrea, coordinadora de Ingeominas regional Valle. No ocurrirá una tragedia idéntica a la de Amagá. Pero en todo caso, sí podrían suceder emergencias de otro calibre pero igual de dramáticas. Según Myriam Urrea, la minería de carbón de mayor riesgo en el Valle es la que se realiza de manera ilegal en los sectores de Golondrinas, Los Chorros y Cerro de La Bandera en Cali, y las ubicadas en el Plan de Morales, en Jamundí.En esas zonas el carbón se explota sin criterios técnicos. Alejandro Cañaveral, por ejemplo, un minero del Cerro de la Bandera, baja durante media hora a un socavón de 30 metros, extrae el carbón que puede, y vuelve a subir empapado de sudor. 30 minutos. No aguanta más, por el calor. Así lo hace varias veces en el día. La mina que abrió no tiene aún ‘bocavientos’ para la ventilación. Sus pies, por cierto, los protege con unas botas de caucho rotas, por donde se le salen dos dedos que tienen costras del color del carbón. “Y todo este problema de la ilegalidad de las minas radica en la falta de acciones por parte de los Alcaldes de los municipios para adelantar el decomiso de materiales y el desalojo de las personas que sin un título minero, realizan extracción de minerales”, agrega Myriam Urrea, de Ingeominas. ¿Será la represión la solución al drama minero?En el Valle, pocos sabían, los mineros se están muriendo en silencio en las minas y nadie, excepto sus familiares, se entera de aquellos decesos. Porque el asunto de los mineros que han muerto mientras picaban las entrañas del departamento -las cifras reales de aquel inventario de la muerte- nadie las conoce con exactitud. En el Ingeominas, Myriam Urrea hace cuentas: en 2007, su oficina atendió cinco emergencias mineras en Valle y Cauca en las que fallecieron seis mineros; en el 2008 atendió cuatro emergencias y murieron tres; en 2009 fueron dos las emergencias y murió uno; y en 2010 va una emergencia que dejó un minero muerto. Es decir que en los últimos tres años han muerto en el Valle y en el Cauca 11 mineros en 12 siniestros, según los datos oficiales. Pero esos números son más abultados. Lo que pasa es que no se sabe qué tanto. “Lo que se conoce sobre las muertes de los mineros en el Valle es lo que sale en los periódicos. Casos donde hay cuatro, cinco muertos, que hacen que la noticia trascienda, se conocen y quedan registrados. Pero, como la minería se desarrolla en la ilegalidad, hay mineros que se han quedado enterrados en las minas y nunca se reportan porque reportar un muerto es dar a conocer un problema y motivar a que las autoridades suspendan la explotación. Por eso las estadísticas son gaseosas. Hay muertes de mineros, sobre todo en minas de carbón, que están sucediendo y no se cuentan. Lo sabemos”, dice Marco Aurelio Hurtado, director de la Asociación de Mineros del Valle, Gremivalle. Según Ana Lucía Parra, representante de la comunidad minera en Jamundí, en la zona, al año, mueren entre dos y tres mineros. Y Pablo Emilio y Mauricio Builes, mineros de carbón de la vereda Cascarillal, también de Jamundí, narran historias de compañeros que se han muerto en las minas sin darse cuenta, “por el ‘gas bobo’, que no se siente, y hace que uno se quede dormido y se muera. Por eso, cuando llevamos en el casco la lámpara de carburo y se apaga la llama, hay que salir de la mina. Es señal de que hay gas”, dicen. Pablo Emilio lleva colgada sobre su pecho desnudo una cruz. Funciona como talismán para la buena suerte mientras se arrastra por el socavón. A veces tiene que entrar gateando en túneles oscuros y bajitos, hechos como para enanos. Esas historias suyas de muertos por ‘gas bobo’, o por derrumbes, o por minas de carbón que se prenden y queman mineros no se denuncian y no quedan registradas en los datos oficiales. Y de datos oficiales de la minería en el Valle poco se conoce. ¿Cuántas minas hay? ¿Cuál es la potencialidad minera del Valle? ¿Cuánto deja de recibir el departamento por regalías? Sólo hay cálculos. Según un estudio de la CVC, en el Valle existen unas 510 mil hectáreas de tierras dedicadas a la minería en donde se explotan arcillas, oro, calizas, bauxita, materiales de construcción (ver mapa). De esas 510 mil héctareas, 400 mil son destinadas a la minería ilegal.Y sobre ese tema de la ilegalidad minera, se cree que supera el 60%. “Pero en realidad ese porcentaje ni siquiera las autoridades mineras lo tienen claro, porque en la región no se ha hecho un censo minero. Pero nosotros podemos decir que más del 60% de la actividad minera en el Valle se realiza en condiciones de ilegalidad”, comenta Marco Aurelio Hurtado, de Gremivalle.Myriam Urrea, de Ingeominas, cuenta que hasta la fecha en el departamento se han entregado 323 títulos mineros y hay 550 solicitudes de contratos de concesión para la explotación minera. Pero un tema es un título minero, que es el permiso que da el Estado para explotar una zona, y otro es la cantidad de minas que existen.El problema de la ilegalidad, asegura Marco Aurelio Hurtado, no es exclusivo del Valle, sino de todo el país. Porque para que un minero se legalice, tarda años, a veces más de dos, y debe invertir unos $30 millones en todo el proceso. Ese minero de pequeña o mediana escala que se quiera legalizar debe levantar planos topográficos, estudios sobre potencialidad minera, estudios sobre impactos ambientales, solicitar polizas, demostrar propiedad raíz... Otro tema que dificulta la legalización de los mineros tiene que ver con los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios, en los que se desconoce la actividad minera, exceptuando a los municipios de Yumbo, Jamundí y Candelaria, que están implementando un Plan Minero. En el caso de Cali, asegura Gremivalle, el POT determina dos o tres artículos condicionando la actividad minera, pero no hay una zonificación, un conocimiento geológico para determinar cuáles son las áreas que tienen recursos, qué tanto se ha explotado, qué está agotado y qué es lo que queda. Ese trabajo aún no se ha realizado. Y si no se legaliza la minería, el municipio y el departamento pierden recursos por concepto de regalías. Según el diputado Mario Germán Fernández de Soto, el Valle está dejando de recibir $5 mil millones de pesos al año por la informalidad. Otra de las problemáticas del sector tiene que ver, según la Secretaría de Desarrollo Social Departamental, con la pérdida de mercados locales para la minería de la región y la llegada sin control de mineros de otras zonas del país que explotan los minerales de manera ilegal y las ganancias del negocio no quedan en la región. Fue lo que sucedió en Zaragoza, Buenaventura. ¿Cuáles son entonces las soluciones? El diputado Fernández de Soto propone trabajar en varios frentes. Primero, adelantar el censo minero del Valle para determinar quiénes son los mineros artesanales, quiénes son los que no están formalizados y aquellos que están legalizados. Después, generar asociaciones mineras, un proyecto al que se le está apostando en Jamundí en cabeza de la líder Ana Lucía Parra. Además, definir una Política Pública de explotación minera en el Valle del Cauca. Y otorgar, con el Banco Social del Valle, créditos blandos para que los mineros que están organizados, tengan recursos para legalizarse. La propuesta de Gremivalle está enfocada al fortalecimiento de los Distritos Mineros, que hacen parte de un programa de productividad y competitividad del Ministerio de Minas. En el país existen 32 Distritos Mineros, que son zonas geográficas que delimitan un ambiente geológico continuo para la explotación de minerales. En el Valle el Distrito Minero va desde Jamundí hasta El Dovio. Pero mientras eso pasa, los mineros del Valle seguirán arriesgando el pellejo en túneles que sostienen un gigante de tierra con madera que en cualquier momento puede ceder, y la montaña tragárselos, como ya ha pasado. El único ‘tecnicismo’ que tienen, el único recurso, es el divino. En el Cascarillal, Jamundí, a Pablo Emilio y Mauricio Builes los protege un velón encendido y una esfigie de la Virgen del Carmen del tamaño de un dedo índice, que custodian la entrada de ese hueco negro y tenebroso llamado socavón. Nada más.