Las vigencias le hubieran costado al Valle $1,5 billones

El Gobierno departamental defiende su decisión de finalizar por anticipado los contratos. Debate.

Alrededor de $1,5 billones habría terminado pagando el departamento del Valle, de haberse ejecutado el plan de obras que se pensaba financiar con las vigencias futuras adoptadas durante el gobierno de Juan Carlos Abadía.Así lo reveló un informe entregado por la Secretaría Jurídica del Departamento durante un debate realizado en la Asamblea.Según ese informe, los contratos que se iban a ejecutar tenían un valor al 2009 de $524.000 millones lo que implicaba unos costos directos e indirectos por $361.000 millones y $123.000 millones, respectivamente.Así el Departamento estaba obligado a cancelar $1,18 billones que con la inflación podrían llegar a $1,5 billones hasta el año 2020.La jefe de esa oficina, Diana Patricia Villegas Loaiza, argumentó que las vigencias futuras serían excesivamente onerosas para el Departamento, el cual tiene enfrenta deficiencias fiscales.“El crédito se haría a diez años por obras que en su mayoría se adelantan en un año. Concluimos que son muy gravosas para el Departamento y no son viables desde el punto de vista financiero, por cuanto es mejor terminar los contratos y liberar el presupuesto del Valle”, aseveró la funcionaria.Actualmente la finalización anticipada de los contratos se negocia de mutuo acuerdo con los consorcios Promesa de Sociedad Futura Vías del Valle, S.A.S., Mi Valle y Renovación Urbana del Valle S.A.S, Reurvalle.“El costo por su terminación oscila entre $20.000 millones y $25.000 millones. Si bien es una pérdida grande para el Departamento es 30 veces menor de lo que perdería ejecutándolos”, puntualizó la Secretaria Jurídica.Agregó que las conversaciones avanzan por buen camino, “se acordó un valor de gastos y estamos por fijar el valor de los diseños para entregar una cifra total pronto”.Finalmente, la secretaria de Hacienda, Cecilia Chávez, explicó que si bien ya se habían girado recursos por $3.729 millones, los mismos se encuentran en las fiducias de cada consorcio y no los han tocado.“Ese dinero no es un gasto sino un depósito a favor de los concesionarios que se utilizaría en el momento que hubiesen iniciado obras. Como no se han utilizado están disponibles para que el Departamento les pueda hacer los pagos correspondientes por la terminación de los contratos”, concluyó.Diputados piden claridadEn el mismo escenario, los diputados del Valle le exigieron al Gobierno Departamental una explicación sobre cuáles serán las consecuencias jurídicas y económicas que le generaría al Departamento la no ejecución de los tres contratos de obras que serían financiados con las vigencias futuras.De acuerdo con el diputado Mario Germán Fernández de Soto, lo que la Asamblea conoce hasta el momento es que los contratos de dichas obras que se ganaron tres concesionarios por medio de una licitación, fueron suspendidos y no se llevarán a cabo.“Nos mortifica mucho que vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió con la Carretera Cali-Candelaria, por la que el Gobierno ha pagado más de $27.000 millones”, dijo Fernández de Soto.Entre tanto, el diputado Jaime Aguilar, aseguró que la Gobernación del Valle, debe presentar un estudio definitivo en el que le aclarare a la comunidad en general cuáles fueron las razones para decir que no se pueden realizar las obras con los dineros de las vigencias futuras.El procesoLa Contraloría General de la Nación abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra del ex gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía por haber comprometido recursos de vigencias futuras con tres firmas contratistas Sociedad Vías del Valle S.A.S, Renovación Urbana del Valle S.A.S. y Consorcio Mi Valle (ver gráfico).Los contratos están suspendidos y en proceso de terminación, por tanto el Departamento no puede entrar a definir qué obras incluidas en los contratos de concesión se ejecutarían y mucho menos bajo que modalidad contractual. Si bien están suspendidos, el objeto contractual está vigente y sólo en el momento de la terminación y liquidación la Gobernación analizará las alternativas para ejecutar algunas de las obras allí incluidas, según la Secretaría Jurídica.De acuerdo con la dependencia, las proyecciones del marco fiscal que se usaron para sustentar las vigencias futuras estaban infladas.